EscucharEl Gobierno descarta otorgar un nuevo rescate financiero a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), entidad que continúa en números rojos y que afronta un agotamiento de los recursos necesarios para operar.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, la ruta es apresurar el proceso de reestructuración que inició la administración de Carlos Alvarado, el cual sufrió un retraso por el embargo de cuentas bancarias a solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
La Nación consultó al jerarca de Hacienda a raíz de las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la entidad portuaria, Sussy Wing, en sesión ordinaria de Junta Directiva. De acuerdo con el acta del 8 de setiembre, la jerarca aseguró que “según la proyección que tenemos, de aquí a diciembre no hay plata”.
Nogui Acosta negó que el Gobierno estudie un cierre de la empresa estatal. “No, creo que hemos valorado la necesidad de la reforma que quedó estancada a finales del Gobierno anterior y que tiene que retomarse con celeridad”.
Enseguida, el ministro de Hacienda descartó que el Poder Ejecutivo pretenda solicitar a la Asamblea Legislativa un nuevo rescate financiero en favor de la entidad portuaria.
“No estamos planteando la necesidad de pedir recursos. Hay diferentes opciones que puede tener Japdeva en relación con la gestión de su gasto. Creo que debería abordar esto de manera inmediata, pero el Gobierno no está en este momento planteándose un rescate de Japdeva”, apuntó Acosta.
El jerarca aseguró que el Ejecutivo descarta el cierre de la empresa estatal debido a que la institución ofrece servicios públicos que deben mantenerse en operación. Además, estimó que la entidad portuaria podría autosostenerse si aplica reformas urgentes necesarias.
“Hay que administrar el puerto, hay que darle sostenibilidad a la administración del canon (de desarrollo para Limón). Hay diversas cosas que se necesitan para seguir manteniendo en el puerto”, apuntó Acosta.
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Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, expuso la ruta que tomará el Poder Ejecutivo sobre la nueva crisis en la empresa estatal limonense. (JONATHAN JIMENEZ)
De acuerdo con información financiera compartida en el informe de labores de la administración anterior, la brecha entre ingresos y egresos de Japdeva ascendía a ¢2.650 millones mensuales en 2019, cuando definitivamente estalló la crisis.
Para el 2020, ese faltante de ingresos se mantenía en ¢1.175 millones mensuales. Mientras que para enero de 2022, cuatro meses antes del cambio de Gobierno, el déficit se había reducido a ¢640 millones.
Asimismo, para cerrar la brecha y lograr el equilibrio financiero en Japdeva, señala el informe, era necesario que la nueva administración terminara el proceso de recorte de personal, tercerizara servicios, planteara una nueva convención colectiva con incentivos ajustados a la realidad de la institución y concluyera el proceso de actualización tarifaria ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La entidad portuaria opera con las mismas tarifas desde el 2012. No fue hasta el periodo 2021, en que los estados financieros fueron auditados y obtuvieron una opinión razonable, que Japdeva quedó habilitada a solicitar un ajuste tarifario.
Debido a que la nueva presidenta ejecutiva, Sussy Wing, no atendió una solicitud de entrevista no fue posible conocer si la nueva administración de Japdeva continuó con esos procesos.
¿Qué pasa ahora en Japdeva?
De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria de Junta Directiva del 8 de setiembre, Wing aseguró que a Japdeva se le acabará la plata antes de que finalice el año.
La jerarca, además, aseguró ante los directivos que, aunque ella quisiera salir abiertamente a contarles a todos los trabajadores sobre la nueva crisis, no debe hacerlo hasta reportarle personalmente la situación al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Wing también les informó de que la realidad ya es conocida por el primer vicepresidente, Stephan Brunner, pero que, en todo caso, no debía hablar al respecto hasta conversar directamente con el mandatario.
De quedarse sin recursos a diciembre, como lo expuso la propia jerarca, Japdeva habría consumido por completo el dinero del segundo plan de rescate financiero que los diputados aprobaron en noviembre de 2021 para evitar el cierre de esa empresa estatal.
Se trata de una transferencia de ¢6.000 millones a modo de préstamo. Del total de esos recursos, ¢2.000 millones estaban comprometidos para el pago de liquidaciones, con el propósito de que la entidad concluyera su proceso de reestructuración. En tanto, los otros ¢4.000 millones estaban presupuestados para apoyar el gasto operativo de la autoridad portuaria, es decir, salarios, servicios y otras obligaciones.
Japdeva pidió ese auxilio luego de haber consumido por completo otro rescate por un total de ¢49.000 millones, aprobado por el Congreso en 2019 junto a un plan de reestructuración que contemplaba el recorte del 80% del personal de la empresa estatal.
El programa incluía traslados voluntarios de trabajadores a otras instituciones públicas y un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años que el Estado terminará pagando en 10 años. También, se ofrecieron bonos de hasta ocho salarios adicionales a quienes aceptaban salir de la institución.
La Junta comenzó a implementar ese plan de reestructuración. El problema es que a pocos meses de comenzar con los recortes, el Juzgado de Trabajo de Limón embargó las cuentas bancarias donde se encontraba el dinero a solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), a raíz de otro diferendo salarial con la institución.
Antes del embargo, Japdeva se había desprendido de unos 700 empleados. El problema es que, cuando se congelaron las cuentas, la entidad se quedó con 510 empleados, cuando debería operar con 275, según su capacidad financiera.
La entidad tuvo que sostener todos los salarios por un año completo. Eso provocó que la empresa estatal requiriera de un segundo rescate.
En solo tres años, la empresa estatal limonense ha requerido dos rescates financieros que ascienden a ¢55.000 millones, incluyendo el plan de prejubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional.
