Japdeva se encamina a la paralización de operaciones en sus puertos de Limón pese al plan de rescate por ¢49.000 millones que le inyectó la Asamblea Legislativa en 2019.

Su realidad es tan crítica, que la empresa estatal monitorea diariamente su flujo de caja para determinar en qué momento del año podría quedarse sin recursos para pagar salarios a sus 510 trabajadores, así como para cubrir gastos operativos y otras obligaciones.

Así lo reconoció la presidenta ejecutiva de la entidad, Andrea Centeno. “La situación financiera de la institución es cada vez más crítica”, afirmó. “Conforme pasan los días las oportunidades de rescate de la institución se ven disminuidas y la erosión de las condiciones acrecentada rápidamente”, agregó.

Según la funcionaria, en caso de que se dé el “posible colapso” de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Gobierno deberá decidir si inyecta fondos públicos para rescatarla, o si, por el contrario, busca mecanismos legales para cerrarla, pues un proceso de cierre no es simple en la Administración Pública.

Otra posibilidad, dijo, sería negociar una alianza público-privada que permita hacer sostenible la operación de los muelles ubicados en Moín y Limón centro, mediante un gestor interesado, lo que también tomaría tiempo.

Y es que para este momento, Japdeva no ve salidas.

En diciembre, la Contraloría General de la República (CGR) le frenó un megapréstamo del Ministerio de Hacienda por ¢12.875 millones. Además, tampoco puede echar mano a más recursos provenientes de superávits de otras instituciones públicas, pues la Ley de Transformación de Japdeva le puso como límite de endeudamiento ¢10.000 millones, que ya alcanzó.

Centeno advirtió que la Junta está impedida de continuar con los recortes de personal, debido al embargo de las cuentas destinadas a ese fin. El embargo se hizo a solicitud del sindicato de la misma institución.

La suspensión de ese proceso de reestructuración también impidió a la empresa portuaria contratar servicios tercerizados que bajen los costos operativos.

“Podría ser que requiramos nuevamente un apoyo para gasto corriente. Es un escenario que podría darse dado el freno que nos impuso el embargo.

“Hay una apuesta por tratar de aumentar ingresos por nuevos negocios, pero eso depende de la recuperación por pandemia y de la confianza que logremos probar a los potenciales clientes ante la situación que enfrentamos. Es una ecuación complicada”, afirmó la jerarca.

Centeno, además, se prepara para la negociación de una nueva convención colectiva, proceso, que sin ninguna duda, deberá encaminarse reducir su costo y adecuarla a la realidad de la entidad. Ella prometió transparencia.

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Cuentas congeladas

La razón del fracaso del plan de rescate de la empresa estatal obedece, principalmente, a que apenas cinco meses después de que se aprobara su reestructuración, un juez embargó las cuentas bancarias por ¢5.740 millones, debido a un reclamo laboral presentado por el mismo Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

El 80% de esos recursos estaba destinado al pago de liquidaciones de trabajadores en lista de salida, mientras que el restante 20% era reservado para cubrir gastos operativos de los muelles.

Ahora, sin recursos suficientes para pagar prestaciones, la entidad se ve obligada a sostener los salarios de los trabajadores que quedaron, sin ingresos suficientes.

Hasta antes del embargo, la Junta había logrado desprenderse de unos 700 trabajadores. El problema es que todavía tiene 510 empleados, cuando, en estos momentos debería estar funcionando con 275.

“Si no terminamos el proceso de transformación, se acaban las posibilidades de Japdeva y, día con día, aumenta la criticidad por no poder reducir costos ni contratar servicios más eficientes”, enfatizó Centeno.

La única forma de evitar que la institución toque fondo es que se levante el embargo judicial de las cuentas bancarias para que la Junta pueda aplicar despidos de forma urgente.

Aún así, la jerarca advirtió de que “el daño del embargo ya está hecho y podrían requerirse mecanismos adicionales”.

El litigio laboral obedece a que en la actual convención colectiva se había negociado un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro de los trabajadores.

Según la Administración, el aumento estaba sujeto a cargarlo a las tarifas, pero la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no lo aprobó.

Japdeva no realizó ese aumento y ahora los sindicalistas reclaman ese dinero.

Consultado por La Nación, el secretario general de Sintrajap, Antonio Wells, no manifestó intenciones de retirar la solicitud de embargo para que la entidad pueda hacer una última reestructuración.

Por el contrario, Wells reprochó la supuesta falta de acciones por parte de la jerarca y de la Junta Directiva, para atraer nuevos negocios que permitan la recuperación rápida de los ingresos.

“La incapacidad de esta administración está más que demostrada. Le pueden dar $100 millones más, si quieren, pero no va a ir para ningún lado porque no ha demostrado un solo proyecto para corregir este asunto más que botar y descabezar gente en la provincia de Limón.

“Eso es lo que ha hecho esta presidenta y su Junta Directiva. Más bien le estamos pidiendo públicamente que abandone la institución”, afirmó Wells.

A pesar de que en octubre pasado el Tribunal de Apelación Civil de Limón ordenó la anulación del embargo, el Juzgado no ha girado la orden de liberación de cuentas, al tiempo que el sindicato entabló nuevas acciones legales.

Japdeva, por su parte, presentó una queja ante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el 6 de febrero, debido a la no resolución del caso en el Juzgado de Limón, y reclama que el recurso presentado por Sintrajap no tiene cabida en el proceso.

Millonario rescate no funcionó

Japdeva no logró salir de la crisis pese a un plan de rescate institucional valorado en casi ¢49.000 millones.

En julio de 2019, cuando la situación se volvió insostenible y existía el riesgo de caer en impago de salarios, los diputados acordaron un presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones para remuneraciones durante tres meses.

Para ese entonces, la entidad portuaria había consumido todas sus reservas institucionales.

En octubre de ese mismo año, el Congreso giró otros ¢17.900 millones para el pago de liquidaciones y prejubilaciones de unos 800 empleados.

Ese plan incluía, por ejemplo, el pago hasta de ocho salarios extra para los empleados que aceptaban el despido, así como un sistema de prejubilación para trabajadores mayores de 55 años.

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Al término de 10 años, el Estado terminará pagando otros ¢15.340 millones para mantener esos subsidios que cubren a unas 277 personas, con un bono mensual promedio de ¢1,2 millones.

Cada año, una parte de ese fondo debe cargarse al Presupuesto Nacional.

En diciembre de 2019 recibió un préstamo por ¢3.500 millones provenientes del superávit del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), para cancelar salarios, aguinaldos y gasto corriente.

Parte de esos dineros fueron los que quedaron embargados por el diferendo laboral con el Sindicato.

En octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) le prestó otros ¢6.500 millones. Esos son los últimos recursos con los que la entidad portuaria hace frente a sus necesidades.

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A raíz del fracaso del millonario plan de rescate, la congresista limonense, Yorleni León, urgió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), definir qué es lo más conveniente para los intereses del país: si continuar con Japdeva mediante un nuevo rescate o buscar otros modelos para operar los muelles.

“La posibilidad de un cierre de Japdeva es algo que debe estar en la mesa y en los posibles escenarios. Llegó la hora de tomar decisiones prontas, a partir de un análisis objetivo, que tome como línea base lo que es mejor para el país.

“El MOPT no puede seguir esperando para definir un curso de acción. Ya han pasado muchos meses sin que nada mejore, todo lo contrario. El Gobierno debe ya decirle a los limonenses y al país qué hará con Japdeva”, afirmó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

El sindicalista Antonio Wells adelantó que lucharían contra el posible cierre de la empresa estatal pues, a su criterio, es fácil rescatarla de la crisis consiguiendo nuevos negocios, pues además tienen tarifas más baratas que el megapuerto de Moín.

“Siempre han querido los puertos nuestros para pasárselos a un privado. Esa es la lucha que se ha dado desde 2006, cuando en el gobierno de Óscar Arias nos sobornaron hasta con $137 millones para que entregáramos los puertos.

“Aquí gracias a la asamblea que se hizo, ganamos esa lucha aún con todo el Gobierno encima. La gente aquí quiere seguir trabajando, la gente quiere estabilidad laboral, no queremos más desempleo en la provincia de Limón”, afirmó Wells.

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León lamentó la posible pérdida de empleo que se podría generar a raíz de una decisión como esa. No obstante, apuntó a que el futuro de Limón no puede seguir anclado en Japdeva.

“Un empleo que se pierda siempre duele y siempre hace falta, pero lo cierto es que Japdeva vive una dinámica interna entre la Administración y los colaboradores, que juega en su propio perjuicio y ha propiciado a que la institución llegue a un punto muerto”, manifestó la legisladora.

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Crisis de larga data

El colapso de Japdeva comenzó a gestarse años atrás, cuando la empresa estatal tenía los recursos suficientes para hacer cambios necesarios y no lo hizo.

La entidad arrastra pérdidas financieras anuales desde 2015. Los números se agravaron aún más, cuando entró en funcionamiento la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), a inicios de 2019.

Para ese momento, el 80% de la carga que gestionaban los muelles estatales pasaron a manos del megapuerto, como así estaba establecido desde el año 2011.

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Desde ese momento, se reservó una partida de ¢15.000 millones para que, cuando llegara el momento, Japdeva pagara las liquidaciones de 900 trabajadores que ya no serían necesarios por el cambio del modelo portuario en el Caribe.

Sin embargo, durante la gestión de Ann Mckinley (2014-2018) en la Presidencia Ejecutiva, se consumieron esos fondos en la compra de dos grúas chinas para cargar y descargar contenedores.

Meses después de la instalación de los brazos pórticos la carga contenedorizada pasó a manos de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y las grúas quedaron subutilizadas en el muelle de Japdeva.