El Juzgado de Trabajo de Limón levantó el embargo a las cuentas bancarias de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por ¢5.300 millones.
Con la liberación de los fondos, la Junta espera costear las prestaciones de 80 trabajadores que estaban en la lista de salida.
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la institución, explicó que para usar el dinero deberán presentar un presupuesto extraordinario ante la Contraloría General de la República (CGR).
“El año que transcurrió (sin ceses laborales) nos generó una crisis mayor en nuestras finanzas. Sin embargo, hoy celebramos la noticia de que finalmente recuperamos esos fondos necesarios para la transformación institucional, único camino de oportunidad para que esta organización de Limón salga adelante”, manifestó Centeno.
La jerarca, empero, ha insistido en que “el daño ya está hecho”.
La entidad portuaria quedó impedida de usar esos dineros desde mayo de 2020, por orden de un juez, a raíz de un reclamo laboral interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
Un 80% de los recursos congelados estaba destinado al pago de las prestaciones laborales a los trabajadores que debían ser cesados, como parte del proceso de reestructuración de la empresa estatal.
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La traba impuesta a solicitud del sindicato agudizó la crisis financiera de la entidad portuaria, que suspendió los recortes de personal y tuvo que sostener a más trabajadores de la cuenta, por falta de recursos para pagar liquidaciones.
Antes del embargo de las cuentas, Japdeva se había desprendido de unos 700 empleados con un programa que incluía traslados a otras instituciones y un sistema de prejubilación para empleados mayores de 55 años.
También se ofrecieron bonos de hasta ocho salarios adicionales a quienes aceptaban salir de la institución.
El problema es que, con el embargo de cuentas, la entidad se quedó con 510 empleados, cuando debería operar con 275.
No obstante, para reducir su planilla al mínimo necesitará de una nueva transferencia de recursos.
De hecho, en caso de que el Estado no inyecte más dinero a la empresa, esta podría encaminarse al cese de operaciones.
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Reclamo laboral
En el 2013, Sintrajap acudió a las instancias judiciales para reclamar el pago de un aumento en el aporte patronal de la institución al fondo de ahorro de los trabajadores, negociado en la convención colectiva.
El acuerdo implicaba un aporte patronal de 8% para dicho fondo. En el 2006 se redujo al 6%.
Según la Administración de la Junta, el ajuste quedó sujeto a un aumento en las tarifas portuarias. Sin embargo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rechazó cargar ese beneficio laboral en los costos que pagaban exportadores e importadores en el muelle.
La discusión sobre si correspondía o no a Japdeva aportar más al fondo de ahorro pese a la negativa en el incremento de tarifas continúa en los tribunales de justicia.
Lo que se resolvió en este caso, es que no procedía la medida cautelar de embargo sobre las cuentas institucionales.
