Con 38 votos a favor, los fondos fueron autorizados en el plenario con la aprobación del Octavo Presupuesto Extraordinario del 2021.
El Gobierno solicitó autorización al Congreso para financiar la transferencia mediante endeudamiento público, debido a que Japdeva carece de suficientes ingresos por atención de barcos para cubrir el tamaño de su planilla.
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¢4.000 millones se destinarían al pago de salarios y los ¢2.000 millones restantes a cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación para aquellos trabajadores que se acogieron a la movilidad laboral.
Votaron a favor diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio y el bloque fabricista Nueva República.
Se opusieron los diputados Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís, Aracelly Salas y José Guevara, del PUSC; así como Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, y el independiente Erick Rodríguez
En el 2019, los congresistas aprobaron un plan de restructuración de Japdeva con un primer paquete de ¢49.000 millones para hacer frente a prestaciones, a fin de reducir la planilla. Sin embargo, una demanda del sindicato de la entidad mantuvo embargadas las cuentas de Japdeva, por lo que no se pudo continuar con el plan de liquidación y, más bien, obligó a la institución a mantener el personal sin suficientes ingresos.
El diputado limonense David Gourzong, del PLN, alegó que se debe tener fe en Japdeva. “No podemos cerrar una institución tan importante en la costa Caribe que ha tenido que realizar obras de progreso social e infraestructura en Limón”, señaló.
La liberacionista, Yorleny León, consideró necesario asegurar recursos para finalizar el plan de reducción de personal: “Me parece que es la ruta más eficiente, lo cierto es que hoy dejar a la institución sin recursos significa tener una cantidad de funcionarios haciendo nada”.
La socialcristiana María Inés Solís cuestionó que el plan de reestructuración no haya sido terminado tres años después de que se aprobara en el Congreso.
