El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que la situación financiera de Japdeva encaja en la definición de una quiebra. Por tanto, instruyó a tres altos funcionarios estudiar las finanzas de la institución portuaria para que, en diez días, el Gobierno tome una decisión sobre su futuro.
“La definición técnica de una quiebra es cuando los activos de una empresa valen menos que las deudas y ese es el caso de Japdeva posiblemente hoy”, dijo Chaves.
El martes 4 de octubre, el mandatario sostuvo una reunión con el primer vicepresidente, Stephan Brunner; el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; y Sussy Wing, presidenta ejecutiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
“Di instrucciones. Vuelven en diez días para ver qué hacemos. Hemos pateado el tarro por años”, acotó el mandatario.
Según expuso Chaves, Japdeva acumula deudas por ¢47.000 millones y su fuente de ingresos proviene de dos grúas portuarias operadas por 80 empleados, pero la entidad tiene 420 funcionarios.
Dijo que, en algunos años, Japdeva ha perdido hasta ¢21.000 millones y no genera suficientes ingresos para amortiguar sus deudas. En su criterio, es muy poco probable que la entidad pueda pagar las obligaciones con sus ingresos. “Alguien va a perder”, advirtió.
Chaves agregó que Japdeva no sabe cuánto valen sus tierras ni a qué se dedica la totalidad de sus bienes.
“Todavía quedan 420 funcionarios cuando 80 son los que generan ingresos y el resto trabaja y se gana su dinero, pero son lo que se llama ‘la oficina de atrás’: contabilidad, finanzas, etcétera.
“Si alguien a quien se le ocurriera una idea genial de cómo arreglar esos ¢47.000 millones de problemas que tenemos ahí en la deuda, se lo agradezco”, sostuvo el mandatario.
El 8 de setiembre, en una sesión de Junta Directiva, la presidenta de Japdeva dijo que la entidad se quedaría sin dinero antes de que finalice este año.
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Según el informe de labores entregado por la anterior jerarca de la institución portuaria, Andrea Centeno, la brecha entre ingresos y egresos de Japdeva pasó de ¢2.650 millones mensuales, en el 2019, a ¢640 millones mensuales, a inicios del 2022.
El documento añade que, para terminar de cerrar la brecha, era necesario que la nueva administración culminara el proceso de recorte de personal, tercerizara servicios, planteara una nueva convención colectiva con incentivos ajustados a la realidad de la institución y concluyera el proceso de actualización tarifaria ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
En tanto, en declaraciones a La Nación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, descartó que el Gobierno procure un nuevo rescate financiero de Japdeva, después de los dos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa durante el gobierno pasado.
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Acosta dijo que la ruta es apresurar el proceso de reestructuración que inició la administración anterior, el cual sufrió un traspié por el embargo temporal de cuentas bancarias a solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap). Ese embargo se extendió de mayo del 2020 a abril del 2021.
En tres años, la empresa estatal limonense ha recibido dos rescates financieros por ¢55.000 millones.
