Editorial: Paupérrima defensa del CNP

Solo cabe la esperanza de que la pobreza argumental de Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería, sea causa de sonrojo para el gobierno. La vergüenza no deriva exclusivamente del insulto y la descalificación de los contrarios, sino también de la falta de concatenación lógica entre elementos de la diatriba, lo cual delata serias limitaciones intelectuales.

A falta de razones, Alvarado califica a los críticos del Consejo Nacional de Producción y el Programa Integral de Alimentos (PIA) de «sicarios pagados por las cadenas de supermercados transnacionales», «expertos en exploración petrolera disfrazados de economistas» y «fariseos que desean acabar con los productores de la comida de los costarricenses».

El ministro no nos nombra, como suelen hacer los practicantes del discurso violento con la esperanza de no suscitar respuesta. Parecen creer que no hablar de frente resta grosería a sus exabruptos, pero no darnos por aludidos sería necedad, porque los abusos del CNP han sido tema de «La Nación», especialmente en las últimas semanas.

En síntesis, informamos lo siguiente: a) Un kilo de huevos cuesta alrededor de ¢700 en los supermercados, pero los comedores escolares pagan ¢1.950 por un cartón de quince posturas, cuyo peso no llega al kilo. b) El CNP vende la bolsa de 800 gramos de frijoles a ¢1.300, pero las instituciones públicas podrían comprarla en ¢834 en cualquier comercio. c) Un estudio de la Universidad Nacional apunta a la posibilidad de que buena parte de los carísimos frijoles del CNP ni siquiera sean producto nacional, sino importado de Estados Unidos y Nicaragua. d) Las juntas de educación y otras entidades han elevado protestas por la mala calidad de los productos distribuidos por el Programa Integral de Alimentos del CNP. e) En el programa solo participan 312 proveedores, de los cuales 26 se llevaron el 45 % del presupuesto del 2020. Es decir, el 8,3 % de los contratistas recibieron ¢41.300 millones de los ¢91.948 millones gastados. f) Mientras tanto, 27.254 estudiantes quedaron fuera del beneficio alimentario durante la pandemia por falta de presupuesto en el Ministerio de Educación Pública. g) La Contraloría General de la República constató el exceso de precio del 60 % de los productos vendidos por el Consejo a las escuelas. h) La Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), conocedora de los costos de producción de los huevos, denunció el pago de un «sobreprecio elevadísimo» a intermediarios —ni siquiera a productores— que «no guarda ninguna relación lógica financiera» con los costos. I) Una muestra de 15 juntas de educación encuestadas por investigadores de la Universidad Nacional mostró insatisfacción unánime por los precios del PIA, en particular los de la carne.

Todos los datos publicados por «La Nación» tienen fuentes bien identificadas y, en muchos casos, proceden del propio CNP. Faltan, dicho sea de paso, muchos exceso por publicar, pero en ocasiones es difícil obtener datos de la institución o entrevistar a sus personeros. También publicamos que el CNP defiende los precios cobrados a las escuelas con base en estudios inexistentes, es decir, con base en falsedades.

Frente a los hechos, el ministro desencadena la andanada de insultos y argumenta: a) El «despilfarro y los precios altos» son «leyendas urbanas». b) Los países desarrollados subsidian su agricultura. c) El CNP y el PAI pagan precios justos a los agricultores «micro y pequeños». d) Hablar de precios altos sin hablar de costos «es ser un fariseo». ¡Nada más!

Parte de la deficiente argumentación podría deberse a la comprensión de lectura. Los datos proceden de la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional, las juntas de educación, la Cámara Nacional de Avicultores, el Consejo de Promoción de la Competitividad y el propio CNP. Así como procura descalificar a las personas con epítetos, el ministro aplica el paupérrimo recurso a los datos, calificándolos de «leyendas urbanas», pero no señala donde está la fantasía ni demuestra la realidad desmitificadora.

La relación entre los subsidios a la agricultura en el mundo desarrollado y la compra de alimentos para escuelas, cárceles, policías y hospitales es muy remota y, en cualquier caso, el PIA no sería la respuesta idónea. Los 312 proveedores del CNP representan una porción muy pequeña del sector agrícola y si la agricultura nacional depende del pago de ¢41.300 millones a 26 de ellos, aviados estamos, sobre todo si alguno vende al CNP frijol nicaragüense o norteamericano.

El ministro no puede disimular la oquedad de su discurso con epítetos. Lo mismo ocurre a la inversa, cuando elogia al CNP por pagar «precios justos a los agricultores micro y pequeños». No pasa de la afirmación, y con solo repetirla se hace la ilusión de convertirla en verdad, pero no es justo pagar ¢1.741 por 15 huevos cuando el kilo cuesta alrededor de ¢700, con el margen del comerciante incluido. Tampoco es justo negar a 27.254 estudiantes apoyo alimentario por falta de presupuesto del programa obligado a pagar los «precios justos» del ministro. ¿Y qué ha hecho el funcionario por la inmensa mayoría del sector agrícola, carente de acceso a sus «precios justos»?

Solo la mala comprensión de lectura podría llevar a la conclusión de que hablamos de precios altos sin hablar de costos. La Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) conoce perfectamente los costos de producción de huevos. Por eso, denunció el pago de un «sobreprecio elevadísimo» que «no guarda ninguna relación lógica financiera» con los costos. La Contraloría tomó en cuenta los costos para estimar el sobreprecio del 60 % de los productos y el Consejo de Promoción de la Competitividad hizo otro tanto con los frijoles.

En mayo del 2020, el ministro se había hecho notar con un exabrupto parecido. Se declaró rotundamente opuesto al modelo de apertura comercial de los últimos 30 años y denunció a «esos» que no piensan como él. Según su criterio, el país se divide en costarricenses y «esos» —cosificados, anulados como ciudadanos— que consideran la apertura comercial como una buena política de desarrollo. «Podemos decirles a los costarricenses, y a esos también, que los agricultores y las agricultoras han sido y serán sobrevivientes…», escribió sin reparar en el provecho de la apertura para buena parte de nuestra producción agrícola. A «esos» les atribuyó un «discurso obsceno y vulgar de mercaderes». El gobierno tiene suerte de que el ministro apenas se haga notar, porque cuando lo logra, el resultado es siempre lamentable.