Un estudio de la Universidad Nacional (UNA) concluye que el Consejo Nacional de Producción (CNP) vende los frijoles a las instituciones públicas a un precio hasta 96% más caro de la suma que reciben los pequeños productores de este grano.
La gran diferencia entre el precio original y el que pagan escuelas, cárceles, hospitales, Fuerza Pública y Cen-Cinái por el producto se debe a la existencia de intermediarios constituidos en asociaciones y por el margen de comercialización que cobra el CNP.
Son esas organizaciones las que les compran las cosechas a los frijoleros a un determinado precio. Luego, se las venden hasta un 54% más caras al Consejo. De seguido, la entidad añade otro margen para sostener su operación. De esta forma, el precio termina duplicándose.
Por ejemplo, las asociaciones que agrupan a frijoleros de la zona Huetar Norte (Guatuso, San Carlos y Sarapiquí), que tienen cerca de 196 miembros, les pagan ¢32.666 en promedio a cada productor por el quintal (46 kilos) de frijol rojo. Después, estas asociaciones le venden ese quintal al CNP un 2% más caro, en ¢33.250.
Sin embargo, el Consejo les vende los frijoles a escuelas, cárceles y hospitales, Ministerio de Seguridad y Cen-Cinái a ¢64.000 el quintal, es decir, un 96% más de lo que percibió el agricultor.
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En otros casos, el mayor porcentaje de ganancia se queda en la asociación.
En la región Chorotega (Guanacaste), cuyas asociaciones agrupan a cerca de 18 miembros activos cada una, le pagan ¢32.750 en promedio al productor por el quintal de frijol rojo. La asociación le vende al CNP este quintal en unos ¢50.500 (un 54,2% más) y el Consejo a las instituciones en ¢64.000, un 95,4% más con respecto al precio original.
Por último, en la región Brunca (Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón), las asociaciones de la zona, que tienen cerca de 146 miembros activos cada una, le pagan al pequeño productor de frijol rojo un precio promedio de ¢38.200 por quintal.
Luego, se lo venden al CNP en ¢51.710 (35,4% más) y el Consejo se los vende a las instituciones públicas en ¢64.000 (67,5% más del precio del productor).
‘Tienen que pagar precios bastante elevados’
Los datos los contiene la investigación realizada por Leiner Vargas, catedrático del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA).
Él analizó los efectos del llamado Programa de Abastecimiento Institucional (PAI, del CNP) en la cadena del valor de frijol en Costa Rica.
“Gran parte de los productores no están conscientes del impacto del PAI, ya que únicamente entregan su cosecha a las asociaciones y desconocen qué hacen estas agrupaciones con el producto. Por otro lado, se encuentran las asociaciones y el CNP, quienes sí reciben un valor mayor mediante el PAI: para las asociaciones traducido a un precio de venta más elevado y para el CNP en funcionamiento correcto. Y en el caso de los consumidores finales (escuelas, hospitales...), a estos no se les asigna el valor de la mejor manera, ya que tienen que pagar precios bastante elevados, si se comparan con las ofertas del mercado”, fue una de las conclusiones del estudio.
En 2020, el PAI compró 112.000 quintales de frijol a 11 asociaciones de productores de las zonas antes mencionadas, que reunían a 3.600 productores. La compra de frijol se hace, principalmente, a estas organizaciones.
Para el estudio se consultaron a las autoridades del CNP y a productores, asociaciones, autoridades y juntas de educación.
Se seleccionaron además las tres regiones Huetar Norte, Chorotega y Brunca porque por ser las de mayor cultivo del grano en el país.
Las consultas a autoridades del CNP se llevaron a cabo entre el 1.° y el 13 de julio del 2021, entre ellos, a su entonces presidente, Rogis Bermúdez, quien dejó su cargo el 15 de julio, así como a un directivo de la institución. Se les cuestionó, entre otros aspectos, por los sobreprecios.
“El presidente del CNP dice que los precios de los productos que ellos ofrecen no están por encima de los costos de mercado. Lo que es importante resaltar en este punto es que, a diferencia del presidente, el directivo considera que los precios sí son más elevados que los que se podrían encontrar en el mercado. Sin embargo, este incremento podría estar justificado por el costo administrativo que se genera”, se lee en la investigación.
Para el investigador “fue evidente que no existe voluntad de los mandos medios y autoridades para brindar la información solicitada”.
“Solamente dos personas respondieron la encuesta realizada a pesar de que se solicitó en varias ocasiones”, explica el documento.
La Nación, por su parte, solicitó conversar con el nuevo presidente del Consejo, Ángel Jiménez, pero la oficina de prensa no había respondido a la solicitud al cierre de esta información.
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El tema de los precios que cobra el CNP es un aspecto clave pues las entidades del Estado están obligadas, por ley, a comprarle solo al Consejo, sin importar los precios. Así lo señala el artículo 9 de la Ley Orgánica.
Según la norma, las escuelas, cárceles y otras entidades deben adquirir “a los precios establecidos”, lo que es motivo de debate.
En un informe del 2019, la Contraloría General de la República (CGR) afirmó que el 60% de productos que surte el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios de las comunidades donde operan los centros educativos.
Más recientemente, el 27 de julio anterior, la organización empresarial Consejo de Promoción de Competitividad (CNC), reclamó por el “sobreprecio” de la bolsa de frijoles que paga al CNP a los proveedores. Mónica Segnini, presidenta del CNC, dijo que la bolsa de frijol del CNP resulta un 56% más cara respecto a lo que podría ofrecer el mercado.
El PAI no fue diseñado para aprovecharse de los comedores escolares o de los presupuestos públicos de alimentos en las entidades públicas, mucho menos cuando el beneficio se distribuye entre unos muy pocos grupos y queda en la esfera de la intermediación y la especulación de comerciantes o en el propio CNP”.
— Leiner Vargas, investigador
El CNP vende la bolsa de 800 gramos de frijol a ¢1.300 pero, según la CNC, la empresa privada podría ofrecer el producto a las instituciones públicas en ₡834.
También la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos. Se pagan ¢1.950 por el kilo, cuando este se puede conseguir en ¢700 en los supermercados.
Actualmente, se tramita un proyecto de ley bajo el expediente 21.424 que elimina la obligatoriedad de compra al Consejo por parte de los centros educativos.
Las asociaciones
De acuerdo con Leiner Vargas, en Costa Rica casi no se produce frijol negro. Por eso, los productores venden principalmente frijol rojo a las asociaciones.
En promedio, las asociaciones se dejan ¢10.000 de ganancia por el quintal que cada productor le vende, ya que deben pagar entre ¢8.000 y ¢9.000 para poner los frijoles en bolsitas para su distribución a las instituciones.
Para el análisis se encuestaron 12 asociaciones de distintas regiones del país y de diversos tamaños. El periodo de aplicación de la encuesta fue del 21 de abril al 28 de abril del presente año.
El 100% de las asociaciones en la región Brunca y Huetar Norte dijeron tener relación con el PAI; en el caso de la región Chorotega, el 66% dijo tener relación con el programa.
“El 100% (de las asociaciones que sí tenían relación con el PAI) indistintamente la región, señalan que el precio que recibe la asociación al venderle la cosecha al PAI es mejor que si se la vendieran a cualquier otro comerciante”, indica el estudio.
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Además, el 60% de las asociaciones que se consultaron indicaron que venden toda su cosecha de frijoles únicamente al Programa de Abastecimiento Institucional del CNP.
“El PAI no fue diseñado para aprovecharse de los comedores escolares o de los presupuestos públicos de alimentos en las entidades públicas. Mucho menos cuando el beneficio se distribuye entre unos muy pocos grupos y queda en la esfera de la intermediación y la especulación de comerciantes o en el propio CNP. Me parece que deberían reformar la cadena de abastecimiento, generando transparencia, sana competencia y, sobre todo, siendo justos al asignar las cuotas de compra, generando precios adecuados al productor y precios justos al consumidor”, expresó Vargas ante consultas de La Nación.
De manera global, en promedio solo el 10% de los productores miembros de las asociaciones encuestadas son mujeres.
La Asociación de Productores y Comunidades Unidas en Veracruz (Asproveracruz), ubicada en Pérez Zeledón (región Brunca), es una de las que cuenta con mayor cantidad de agremiados, 350 asociados, de los cuales 10 son mujeres.
Le compra los frijoles a los productores a un precio de ¢40.000 por quintal y se la vende al mercado nacional, supermercados y al PAI. No obstante, recibe el mejor precio a través del PAI, el cual ronda los ¢51.000.
Entretanto, la Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires (Asoprocoba), también de la región Brunca y 100 agremiados frijoleros, compró la última cosecha de frijoles a los productores a ¢37.000 por quintal y la vendió al PAI a ¢52.000 por quintal.
La Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón (Copeseproma) cuenta con 109 asociados que se dedican al cultivo del frijol. Compró la última cosecha de frijoles a sus productores por un precio de ¢41.000 por quintal y se los vendió al PAI por un valor de ¢53.550 por quintal.
Los productores
Durante la investigación se hizo consultas a una muestra de 40 productores de frijol: el 67% únicamente cuenta con el nivel de primaria finalizado y un 14% dice no tener ningún nivel educativo concluido.
No cualquier productor de frijol puede ir a vender su producción a las asociaciones para que estas los coloquen en las instituciones públicas a través del CNP. Dependiendo de la asociación, deben estar afiliados a la misma y pagar una cuota de ingreso, mensualidad, anualidad y participar en asambleas.
“Según el cuestionario que respondieron los productores, (entre ellos y las asociaciones) lo que hay es una relación comercial de compra y las asociaciones no hacen retribuciones adicionales. El mundo de las asociaciones es bastante gris, desde el punto de vista económico, es un escenario donde al parecer se comportan básicamente como grupos de comerciantes y la rendición de cuentas es mínima”, explicó Vargas.
El 73% de los entrevistados dijo pertenecer a una asociación de productores para colocar su producto.
El 85% agregó que no recibe ningún tipo de asistencia técnica por parte de ningún ente para mejorar su labor. Ocurre, a pesar de que el artículo 5 de la Ley Orgánica del CNP señala que una misión de la institución es establecer programas de investigación, capacitación y transferencia tecnológica de productos agropecuarios, en el campo de la industrialización y comercialización, directamente o por medio de contrataciones con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
Dichas investigaciones deberán beneficiar a los productores agropecuarios.
“Se le preguntó a los encuestados si habían escuchado sobre el PAI, de lo cual resultó que tanto en la región Brunca como en la Huetar Norte, alrededor del 55% de los productores nunca habían escuchado información sobre este programa. Por otra parte, en la región Chorotega, el 75% de los encuestados sí conocían del PAI”, explica la investigación.
Según esta, algunos de los que dijeron que no tienen relación alguna con el PAI, en realidad, de manera indirecta y por medio de la asociación, sí pueden tener algún vínculo, pero no estén enterados.
El 78% de los entrevistados tenía una relación con el PAI. Estos mencionaron en el estudio que este programa solía ofrecer un precio por quintal más elevado de lo normal.
Sin embargo, la investigación apunta a que no se ve reflejada esta situación, pues productores que están relacionados con el PAI vendieron sus cosechas en un precio muy similar al de aquellos productores que no cuentan con ninguna relación y que vendieron sus cosechas por fuera.
“Las filtraciones encontradas en la cadena nos hacen pensar que debería intervenirse el PAI (por parte de la Contraloría General de la República) y realizar los cambios necesarios para generar transparencia en la compra y trazabilidad de los costos y el origen de los productos distribuidos”, fue una de las recomendaciones que hizo el estudio en sus conclusiones.