En manos de 26 de los 312 proveedores del Consejo Nacional de Producción (CNP) quedó el 45% del presupuesto que esa institución destinó en el 2020 para compras de alimentos de escuelas, cárceles, policías y hospitales.
Solo el 8,3% de los contratistas obtuvo ¢41.300 millones. Cada uno recibió pagos por más de ¢1.000 millones ese año, de acuerdo con datos suministrados por el propio Consejo a solicitud de La Nación.
A lo largo del año pasado, a las 312 “micro, pequeñas y medianas” empresas, que son con las que por ley debe comerciar el CNP, se les cancelaron ¢91.948 millones por frutas, verduras, abarrotes y carnes entregadas.
De esta forma, casi la mitad del presupuesto (45%) quedó en un pequeño grupo, pese a que el artículo 3 de la Ley Orgánica del CNP dispone que debe haber una “distribución equitativa de los beneficios” que genere esa entidad entre los productores.
Igualmente, el artículo 9 declara que la prioridad de contratación la tienen micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas.
Y agrega que el Consejo podrá comprar a otro tipo de proveedor solo “cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se presente desabastecimiento”.
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Sin embargo, según datos proporcionados por el Consejo, en 2020, entre los 26 proveedores a los que se les compró, algunos recibieron hasta ¢3.000 millones.
Es el caso de A. O. L. Porteña Sociedad Anónima. Esta organización tiene a cargo 55 puntos de entrega en la Región Chorotega y 149 en la Región Pacífico Central, entre escuelas, cárceles, policías, hospitales y Cen-Cinái.
En la base de datos se observa que hay cinco proveedores que el año anterior facturaron más de ¢2.000 millones en ventas al CNP. Otros ocho entre ¢1.999 millones y ¢1.500 millones; 13, entre ¢1.499 millones y ¢1.000 millones; 27 de ¢999 millones a ¢500 millones y 123 de ¢499 a ¢100 millones.
El resto de los proveedores, 136, facturó menos de ¢99 millones.
Estos contratistas son los encargados de llevar los productos para alimentar a los niños de 2.950 escuelas y colegios del país, lo que convierte al Ministerio de Educación Pública en el principal cliente. También distribuye alimentos a instituciones como los Cen-Cinái, el Ministerio de Justicia, a cargo de las cárceles, policías y algunos hospitales.
Todas estas adquisiciones, en realidad, se realizan por mandato de ley, pues el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP ordena a todas las entidades públicas a comprarle al Consejo todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta institución, “a los precios establecidos”.
Se debe cumplir la norma, aunque los precios resulten más caros que el mercado, tal como lo denunció la Contraloría General de la República (CGR), en un informe del 2019.
Según este documento, el 60% de productos que surte el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios locales.
También la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos.
Una denuncia similar hizo este martes 27 de julio la organización empresarial Consejo de Promoción de Competitividad (CNC), que reclama por el “sobreprecio” de la bolsa de frijoles que paga al CNP a los proveedores.
Su afirmación, señalan, se desprende de un análisis que tomó como referencia los datos del sistema informático aduanero TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), para la importación de frijol.
Según Mónica Segnini, presidenta del CNC, la bolsa de frijol del CNP resulta un 56% más cara respecto a lo que podría ofrecer el mercado.
El CNP vende la bolsa de 800 gramos de frijol a ¢1.300 pero, según la CNC, la empresa privada podría ofrecer el producto a las instituciones públicas en ₡834.
En un comunicado, el CNP rechazó que se venda con sobreprecio el frijol. “Es injustificado hacer una comparación del volumen de producción costarricense que maneja el CNP con productos importados procedentes de países con desarrollo superior al nuestro y, en su mayoría, con beneficios tributarios”, argumentó.
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¿Cumple el CNP con la ley que le ordena beneficiar a micro, pequeños y medianos productores?
El informe DFOE-EC-IF-00018-2020 de la Contraloría General de la República (CGR), de setiembre del 2020, dio a conocer que al 31 de marzo de ese año, el CNP no disponía detalle actualizado que le permitiera conocer la cantidad de productores beneficiados mediante la cadena de comercialización generada por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Explicaron que, del 2016-2018 se realizaron esfuerzos para obtener dicha información, pero que no se le dio seguimiento y actualización a la iniciativa que permitiera obtener la información completa sobre esos productores.
Ventas realizadas
El Centro Agrícola Cantonal de Alvarado, encargado de la venta de hortalizas y frutas, es el que en 2018, 2019 y 2020 facturó más por la venta de sus productos al CNP, según datos enviados por la institución.
En esos años, cobró ¢6.795 millones, con 55 puntos de entrega en la Región Central; 2 en la Región Huetar Norte y 133 en la Huetar Atlántica.
La empresa Carnes y Embutidos La Amistad ocupa el segundo lugar con ventas por ¢5.052 millones. Esta firma está a cargo de distribuir alimentos en 12 puntos en la Región Central. El CNP no dio más información de a quiénes más abastece.
Con ¢4.312 millones en esos tres años, la Cooperativa Agrícola e Industrial de Proveedores de Arroz de Pacífico Central (Cooparroz) ocupa el tercer lugar. El CNP no indicó cuáles puntos de entrega tiene.
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En esos tres años, el CNP le pagó a sus distintos proveedores ¢198.749 por los productos vendidos a las instituciones públicas.
Según el informe de la CGR, el CNP no realiza un seguimiento formal de los activos e ingresos reportados por los proveedores inscritos al programa.
Por esa razón, la entidad no dispone de una clasificación actualizada del tamaño de la empresa a la que le compra.
“Al respecto se identificaron 14 proveedores activos (11 microempresas y 3 pequeñas empresas), que, considerando las ventas que realizaron al PAI, tendrían una categorización de tipo de empresa diferente a la registrada por el CNP”, explicó la Contraloría.
Sin “cuota de mercado” o clientes
En 2018, el Consejo tenía 242 proveedores registrados; en 2019, 272; en 2020, 312 y para 2021, 347.
No necesariamente, el tener proveedores registrados en el PAI, significa que estos estén activamente abasteciendo a las instituciones públicas. Algunos están allí sin “cuota de mercado” o clientes tal y como lo denunció la Contraloría en su informe de setiembre.
“Un 21,5% (78) de los 363 proveedores inscritos en el PAI durante el periodo 2017 al 31 de marzo de 2020 no tenía cuota de mercado asignada. Se encuentran a la espera de asignación de clientes (que el CNP le asigne escuelas, hospitales o Cen-Cinái que atender) para empezar a vender sus productos”, indicó la Contraloría.
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Añadió que, de los 285 proveedores que sí contaban con cuota asignada, el 62,8% (179) corresponde a empresas físicas o jurídicas, micro, pequeñas, medianas o grandes. Dentro de estas se identificaron 63 proveedores intermediarios que acopian y distribuyen productos de otros y se los venden al Consejo; no corresponden a beneficiarios agroindustriales o productores primarios (individuales u organizados).
Esos 63 proveedores (distribuidores) recibieron ¢31.634 millones durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y 31 de marzo de 2020, las cuales representan un 19,6% del total de compras que el CNP hizo a los proveedores en ese periodo.
“Se desconoce el impacto que genera la cadena de comercialización actual del PAI en la fijación de los precios de compra y venta, siendo que existen proveedores que no producen sino que acopian y distribuyen”, expresó la CGR.
Pago del CNP a sus proveedores en 2020
