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El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, no se explica cómo pretende el Poder Ejecutivo ahorrar recursos mediante la inclusión de las universidades en la ley de empleo público cuando el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) existe por mandato constitucional y, de todas formas, debe ser girado a los centros de estudio. Según su criterio, esa es una de las «contradicciones» del proyecto de ley.
En suma, los recursos del FEES se van a gastar de todas maneras. ¿Por qué interferir en la «autonomía» de las universidades para invertirlos en remuneraciones? Si el dinero no dejará de llegar a sus manos, por qué poner camisa de fuerza a los salarios y pluses de la comunidad universitaria.
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Pero la ley de empleo público no tiene relación con el FEES, sino con el caos imperante en las remuneraciones del sector público, incluidas las universidades. Si la ley limita los abusos salariales en los centros de educación superior, el ahorro no se deducirá del FEES ni surgirá la obligación de devolverlo, como sugirió el rector en otro pasaje de sus declaraciones: «¿Cómo va el Estado a pretender tener un ahorro, cuando las universidades no pueden devolver ese dinero al Ministerio de Hacienda?».
Hay muchas necesidades por satisfacer con los recursos ahorrados. No hablemos de becas, ampliación de cupos e inversión en infraestructura, entre otras posibilidades. En el caso de la Universidad Nacional, las necesidades son existenciales: los fondos podrían destinarse a evitar la bancarrota.
En el 2028, los salarios y pluses absorberán la totalidad de los recursos destinados por el FEES a la Universidad Nacional, según los cálculos, bastante optimistas, revelados por el exrector Alberto Salom a la comisión legislativa nombrada en el 2019 para estudiar las finanzas universitarias.
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«Si siguiéramos gastando el presupuesto laboral al ritmo en que lo hicimos entre el 2005 y el 2015 vamos a tener problemas. Probablemente, la totalidad del presupuesto por transferencias (FEES) tendría que utilizarse para pagar salarios. No quedaría nada para investigar, nada para extensión y eso es parte de un modelo irrenunciable de la universidad, de manera que estamos avisados», afirmó Salom ante los legisladores. Por su parte, la Universidad Estatal a Distancia ya está prácticamente quebrada y al Instituto Tecnológico le quedan un par de años antes de entrar en crisis.
En palabras de la Contraloría General de la República, «cerca del 2025 los ingresos corrientes serán insuficientes para enfrentar los gastos corrientes, por lo que son necesarias medidas adicionales a la regla fiscal para garantizar la sostenibilidad financiera de las IES (instituciones de educación superior)».
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En virtud de lo anterior, para la Contraloría, los desafíos de las universidad para continuar generando valor público se vinculan a aspectos tales como «dar acceso a información clara, suficiente, relevante y oportuna, en materia presupuestaria y de planificación, así como implementar medidas eficaces para fortalecer la capacidad de enfrentar los riesgos de sostenibilidad».
Ni la regla fiscal ni la ley de empleo público ni las demás medidas de contención del gasto resistidas con tozudez a lo largo de los años salvarán a las universidades. Se verán obligadas a un esfuerzo mayor. En eso deberían estar pensando los rectores en lugar de lamentar el ordenamiento de las remuneraciones y preguntarse qué harán con el dinero ahorrado si no pueden invertirlo en aumentar salarios.
