Los rectores de las universidades públicas admitieron que sus actuales esquemas salariales, en los que existen salarios hasta de ¢9,9 millones, generan complicaciones en los presupuestos de las casas de enseñanza superior.

Por tanto, los rectores firmaron un acuerdo para crear, en un año, un nuevo sistema de empleo para la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Dicha política, que según admiten, no sería vinculante al calor de la autonomía de estos centros educativos, estaría lista en un año. Una comisión se encargaría de elaborar esa regulación.

Las autoridades universitarias alegaron la necesidad de revisar las políticas salariales, al tiempo que presionan para que los diputados excluyan a las ‘U’ públicas del proyecto de reforma al empleo público que pondría fin al sistema de pluses e incentivos en el gasto público.

El acuerdo fue firmado dos años después de que los exrectores de la UCR y la UNA, Henning Jensen y Alberto Salom, respectivamente, advirtieran de que el modelo de salarios era insostenible y de que, de continuar con ese ritmo de crecimiento, los sueldos se llegarían a comer el 100% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el Gobierno les transfiere anualmente para financiarse.

En el 2010, Salom dijo: “Si nosotros siguiéramos gastando el presupuesto laboral al ritmo en el que lo hicimos entre 2005 y 2015, vamos a tener problemas. Probablemente, la totalidad del presupuesto del FEES tendría que utilizarse para pagar salarios; no quedaría nada para investigar, nada para extensión”.

Adicionalmente, un estudio actuarial señaló que a partir de 2028, las remuneraciones de los 3.300 trabajadores de la UNA se comerán todos los recursos que recibe del Estado.

Consultado sobre este tema, el actual rector de la Universidad Nacional, Francisco González, quien también es el presidente del Consejo Nacional de Rectores, dijo: “Reconocemos que hay la necesidad de revisar las estructuras salariales para asegurar la sostenibilidad; algunas universidades tienen más o menos complicaciones en su presupuesto”.

Actualmente, cada centro tiene un régimen distinto con diferencias en aspectos como los sistemas de contratación, las jornadas y los pluses salariales.

En el pasado, las autoridades universitarias pactaron con los sindicatos incluir en las convenciones colectivas, anualidades hasta del 5,5%.

Actualmente, el Tec paga una anualidad del 4% y la UCR pactó una del 3,75%, pero sobre el salario más pluses, no sobre el salario base. Así lo acordaron en convenciones colectivas, que tienen rango de ley.

En las universidades públicas, más de 3.600 funcionarios ganan más de ¢2 millones mensuales.

En la UCR, el porcentaje de funcionarios que se encuentran en ese rango salarial equivale al 24% del personal; en la UNA, al 20%; y el Tec, al 31%.

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Al anunciar el acuerdo, el rector de la UNA dijo que “ya es suficiente el tiempo” y que los ajustes al FEES provocaron la necesidad de revisar “con mayor detenimiento la sostenibilidad” de las “U” públicas.

Consultado sobre por qué harían esta revisión hasta ahora, respondió: “Bueno, porque cada momento en la historia tiene sus actores y tiene sus momentos”.

Además, reconoció que les preocupa que el dinero para salarios no alcance en el mediano plazo.

“Por eso estamos haciendo esto. Queremos asegurarle al país una universidad sostenible en el tiempo”, indicó González a La Nación, tras la conferencia de prensa.

Estas son algunas consultas que se realizaron durante la conferencia de prensa al presidente del Conare:

-¿Cada universidad se guarda su autonomía para decidir si quiere o no hacerlo (aplicar la política de empleo público que se pretende crear)?

-Bueno, por eso esta sala hoy está tan nutrida de personas. Están integrados los consejos universitarios que están respaldando este acuerdo.

-¿Y los sindicatos los respaldan con este acuerdo?

Sí claro, aquí están representados. Hemos hecho una reunión.

-¿Los ajustes a las convenciones colectivas no se pueden trabajar paralelamente a esto?

Posiblemente.

-¿Pero no son parte del acuerdo?

Lo que pasa es que cuando hablamos de un régimen laboral, hablamos de un régimen en conjunto para el sistema.

-¿Esto es un llamado para los diputados, esta reunión, esta sesión, esta conferencia?

Esta es una muestra de que la universidad pública en este país es seria. Es una muestra de que asumimos compromisos con la sociedad y que reconocemos que tenemos que hacer cambios en las estructuras.

- Ya llevan años reconociendo la insostenibilidad del régimen salarial? ¿Por qué hasta ahora, por qué casualmente hoy?

Bueno, porque cada momento en la historia tiene sus actores y tiene sus momentos.

-¿Pero hay o no un problema en el régimen salarial de las universidades?

Ahí está expresado en los acuerdos y lo hemos dicho.

-Pero lo que dice el acuerdo es que las remuneraciones no son el causante del déficit fiscal, pero las universidades reciben plata del Estado

No podemos afirmar que las remuneraciones sean la causante elemental.

¿Hay un problema con los salarios de las universidades públicas?

Reconocemos que hay la necesidad de revisar las estructuras salariales para asegurar la sostenibilidad. Algunas universidades tienen más o menos complicaciones en su presupuesto.

Piden respeto a la autonomía

Rodrigo Arias, rector de la UNED, señaló que las universidades públicas no deben incluirse en la reforma al empleo público debido a la autonomía que les otorga la Constitución Política.

Sin embargo, los diputados han decidido, hasta ahora, mantenerlas dentro del proyecto.

La Contraloría General de la República (CGR) ha insistido en que la exclusión de instituciones de la reforma significaría mantener las desigualdades salariales en la planilla del Estado.