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«Si las universidades lo lograron, las municipalidades también. Estas son la forma de gobierno más cercana a la gente. Es una aberración someterlas al poderío político del presidente de turno según el no menos aberrante proyecto de empleo público», escribió Albino Vargas, eterno secretario general de la ANEP, para celebrar la exclusión de los centros de educación superior de las regulaciones contempladas por la futura ley.
«Cacia considera inmoral e improcedente que se cercene la más mínima mejora en materia de reforma del Estado, como la que se proponía originalmente en el texto de empleo público, y que el sector político tenga el descaro de pedir esfuerzos adicionales a la población en materia de impuestos», asevera la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria en un comunicado emitido como reacción crítica del mismo acontecimiento.
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En corrillos parlamentarios, los diputados hostiles al proyecto, incluidos algunos con aspiraciones presidenciales, comienzan a plantear la posibilidad de abandonarlo. Sin el menor sentido de la responsabilidad ni preocupación por las consecuencias, olfatean la posibilidad de golpear al gobierno y congraciarse con sectores de donde esperan apoyo electoral.
La destrucción de la Ley Marco de Empleo Público comienza por la exclusión de las universidades. Si el deterioro del proyecto no se revierte, dejará de dar los rendimientos prometidos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y avivará la oposición al aumento de impuestos. Así, se agravará el incumplimiento de lo convenido y se impedirá la concreción del acuerdo con el organismo internacional. Más allá de perder el préstamo de $1.778 millones, el país perderá la confianza de la comunidad financiera.
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Las consecuencias no tardarán en manifestarse. Apenas se esfume la esperanza de una reforma por la doble vertiente del gasto y de los ingresos, un nuevo desplome de los bonos de deuda costarricense constituirá la primera advertencia. Esta vez será más difícil reparar el daño. Con el paso del tiempo —no mucho— habrá efectos sobre las tasas de interés, la devaluación, la inflación, el crecimiento, la pobreza, el empleo y la criminalidad.
Quien acuse el pronóstico de alarmista, debe decirnos, también, cómo evitarlo sin frenar el endeudamiento galopante, moderar el gasto desorbitado y recaudar los ingresos suficientes. Debe, también, recordar que el país no es inmune y cayó, hace apenas cuatro décadas, en una crisis en la cual ocurrió todo lo mencionado.
Los diputados Víctor Morales, Luis Fernando Chacón y José María Villalta, autores del debilitamiento inicial de la ley de empleo público, echaron a rodar por la pendiente una peligrosa bola de nieve. La cadena de consecuencias está a punto de desatarse y los tres legisladores asumen una grave responsabilidad histórica, junto con los rectores universitarios y demás partícipes en el desacierto. En su oportunidad, el país les pedirá rendir cuentas y no será de recibo la invocación de intenciones distintas del resultado.
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Nadie actúa con desconocimiento. Unos siguen los dictados de su ideología, incluida la conveniencia de «agudizar contradicciones», otros privilegian el interés gremial, el oportunismo político o, incluso, los intereses personales, pero todos conocen la gravedad del endeudamiento, su crecimiento por la vía del déficit presupuestario y la imperiosa necesidad de mejorar los ingresos y moderar los gastos. La historia no ha sido amable con quienes ignoraron las señales de la última crisis. Tampoco lo será con quienes precipiten la próxima.
La oportunidad de rectificar es cada vez más estrecha. Cada discusión cierra una puerta y la comisión viene aprobando más mociones de cuestionable utilidad para lograr los fines anunciados inicialmente. Hay mucho en juego y el desenlace no se hará esperar, para bien o para mal.
