EscucharLa única explicación para que el subgerente del AyA se abstenga de realizar una investigación interna sobre el manejo de la emergencia que afrontaron los vecinos de Moravia, Goicoechea y Tibás es que considere que fue una tormenta en un vaso de agua.
Determinar si funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fueron negligentes es una obligación por tres motivos: evitar manejos incorrectos de situaciones de peligro en el futuro, el precedente sería un incentivo para la diligencia y la entidad necesita recuperar la confianza de la población.
Pero para Alejandro Calderón, no es irregular que el 22 de enero un funcionario de la planta potabilizadora de Guadalupe anotó en la bitácora el olor a diésel en el ambiente y que el jefe de este, Óscar Ramírez Sánchez, hiciera caso omiso del reporte y renunciara a interrumpir el suministro como medida precautoria.
Darner Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas, afirma que el 22 de enero se llevó a cabo el muestreo y dos días después confirmaron la contaminación con hidrocarburos, pero el AyA lo comunicó a la población hasta el 25 de enero.
“Estoy prácticamente seguro de que no hay irregularidades. Se siguió el protocolo al pie de la letra”, sostiene Calderón, pero cuando La Nación le solicitó copia del protocolo, derivó al periodista Diego Bosque a la página en internet, donde el documento no aparece, y, para reafirmar la indolencia con que tratan problemas tan serios —como lo es la contaminación del agua—, la Oficina de Prensa de Acueductos y Alcantarillados tampoco lo envió. Lo contrario habría demostrado que por lo menos una parte del personal considera lo sucedido un hecho sustancial.
El AyA sigue cometiendo errores. Según Calderón, el país debería confiar en su instinto. Si él “tuviera sospechas de alguna actuación indebida”, como aseveró, entonces sí abriría la investigación, no obstante la ocurrencia de un evento que demandaba acción inmediata.
De las poquísimas cuestiones en que estoy (y creo que estaré) de acuerdo con el gobierno, es en el mal manejo de la situación en los tres cantones josefinos.
Todavía queda por verse si el nuevo presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados comparte el criterio de Calderón o, por el contrario, cumple con el mínimo deber del AyA.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.
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