La dolorosa lección de Tibás, Guadalupe y Moravia no debe pasar sin consecuencias, tanto disciplinarias, si caben, como de revisión de los procedimientos y medidas de seguridad
El AyA actuó cuando el clamor de los vecinos no pudo ser ignorado y la prensa comenzó a formular preguntas. Cortesía AyA
La contaminación con hidrocarburos del agua consumida por unos 200.000 usuarios en Goicoechea, Moravia y Tibás puso de relieve la carencia de protocolos de respuesta rápida en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Eric Bogantes Cabezas, regulador general de los servicios públicos, condenó la reacción inicial de la entidad porque en los primeros dos días de la emergencia “prácticamente” negó la contaminación pese a la insistencia de los consumidores.
En circunstancias como estas, los afectados llaman a las autoridades para informar del desperfecto o preguntar sobre sus causas. Varias llamadas desde diversas localidades de los tres cantones debieron ser tomadas en serio de inmediato para desencadenar una respuesta eficaz. La comunicación con los afectados debió ser una de las primeras acciones.
El AyA actuó cuando el clamor de los vecinos no pudo ser ignorado y la prensa comenzó a formular preguntas. Un funcionario había informado de “olor a diésel” en el ambiente, aunque no lo detectó en el agua. En las proximidades de una planta del AyA, la investigación debió ser más profunda, sobre todo si el olor fue tan significativo como para consignarlo con detalle en la bitácora.
Esta observación lleva a otro aspecto de relevancia para todos los usuarios del AyA, y no solo los de los cantones afectados en la actualidad. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha solicitado desde hace años establecer medidas de mitigación y aseguramiento para garantizar la continuidad del servicio frente a los riesgos ambientales o daños causados por terceros. Eso incluye garantizar el mantenimiento periódico de la infraestructura, reforzar la seguridad de los tanques de almacenamiento de agua potable y de los predios propiedad del AyA, hasta el momento “expuestos al vandalismo o la contaminación”.
Según el regulador, el Laboratorio Nacional de Aguas, adscrito al AyA, también reaccionó de forma errática frente a la emergencia. “Evidentemente se trataba de una situación riesgosa para la salud pública”, dice el regulador, pero el laboratorio no actuó con la celeridad esperada. Posteriormente, confesó la falta de un protocolo o procedimiento preestablecido para acontecimientos como este.
¿Quiénes sino ellos están llamados a señalar la contaminación? La identificación precisa de las sustancias presentes en el agua puede quedar para un estudio posterior. En este caso se le encomendó al Centro de Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica hacer los análisis, llamados cromatografías, pero el Laboratorio Nacional de Aguas debe estar preparado para ser un elemento vital de la primera respuesta y, posteriormente, del monitoreo.
Según el AyA, la noche del lunes 22, activó el protocolo de atención y comenzó a ejecutar pruebas en diferentes puntos del sistema de abastecimiento de Moravia, Goicoechea y Tibás, con el objeto de verificar las quejas de los clientes. La Aresep iniciará, el próximo lunes, un proceso de fiscalización en las zonas de captación de agua, así como en la planta potabilizadora de los sectores afectados para verificar si cumplen los protocolos operativos básicos.
Es un buen momento para fiscalizar, también, los procedimientos establecidos y, en su momento, el destino de las recomendaciones sobre seguridad del agua potable en todo el país. Es un recurso vital, en todo el sentido de la palabra, y no debe estar expuesto al riesgo y la improvisación. La dolorosa lección de Tibás, Guadalupe y Moravia no debe pasar sin consecuencias, tanto disciplinarias, si caben, como de revisión de los procedimientos y medidas de seguridad que son parte indispensable de un buen servicio.
La contaminación con hidrocarburos del agua consumida por unos 200.000 usuarios en Goicoechea, Moravia y Tibás puso de relieve la carencia de protocolos de respuesta rápida en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). (Cortesía AyA)
