La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) calificó como “esquiva” y tardía la reacción del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a la crisis por agua contaminada con hidrocarburo en varios cantones de San José.
Así lo manifestó Eric Bogantes Cabezas, regulador general de los servicios públicos, para quien genera preocupación y molestia la tardanza del Instituto en asumir la responsabilidad.
“Los primeros dos días de esta situación, prácticamente negaron la contaminación aun y cuando sus propios clientes insistían en que no era posible ingerir el agua”, declaró Bogantes este 28 de enero, al ser consultado.
La Aresep cifra en 200.000 los usuarios cuya salud ha estado en riesgo por los problemas en el suministro del líquido desde el 22 de enero.
El jerarca también recriminó que el Laboratorio Nacional de Aguas, adscrito al AyA, tuvo una reacción errática frente a la emergencia presentada en la distribución de agua en los cantones de Moravia, Goicoechea y Tibás, principalmente.
Para el funcionario, el Laboratorio no actuó con la celeridad del caso a pesar de que “evidentemente se trataba de una situación que ponía en riesgo la salud pública”.
De acuerdo con su declaración, causó sorpresa en la Aresep que el Laboratorio adujera que carecía de un protocolo o procedimiento para este tipo de eventos, cuando ellos deberían ser los primeros en responder para la identificación de la causa.
Consultado por La Nación, el presidente ejecutivo del AyA, Alejandro Guillén Guardia, se defendió de los señalamientos del regulador.
El jerarca del Instituto aseguró que desde el primer reporte, la noche del lunes 22 de enero, el equipo técnico del AyA activó el protocolo de atención para estos casos, que consiste en pruebas en diferentes puntos del sistema que abastece los sectores de Moravia, Goicoechea y Tibás, para verificar las denuncias comunicadas por los clientes.
Agregó que, desde entonces, se han hecho lavados profundos en la planta potabilizadora de Guadalupe, así como del tanque de almacenamiento y tuberías. Asimismo, se realizan muestreos cada 24 horas para nuevos análisis de laboratorio en diferentes lugares del acueducto.
El equipo de Gestión Ambiental del AyA, dijo Guillén, ha recorrido varias veces las cuencas de donde se obtiene el agua para tratar de identificar algún foco de contaminación.
“Al día de hoy, no se ha encontrado (foco de contaminación), por lo cual continuamos buscando la causa que puede darse por diferentes variables que no están en control de la institución”, concluyó el jerarca del AyA.
El Instituto informó que, mientras tanto, se han dispuesto 23 vehículos cisterna para la distribución del líquido entre los afectados.
Fiscalización
El regulador general adelantó que, desde este lunes 29 de enero, la Aresep iniciará un proceso de fiscalización en las zonas de captación de agua cruda, como en la planta potabilizadora que atiende los sectores afectados, con el propósito de verificar si la operación cumple protocolos operativos básicos y de calidad.
El funcionario fue enfático en que al Instituto se le han pedido medidas de mitigación y aseguramiento para la continuidad del servicio por riesgos físicos, ambientales o provocados por terceros advertidos en diferentes fiscalizaciones, oficios y diagnósticos tarifarios desde hace años.
Incluso le han solicitado garantizar el mantenimiento periódico de la infraestructura física, así como reforzar la seguridad de los tanques de almacenamiento de agua potable y predios que son propiedad del AyA, los cuales, recalcó, “están expuestos a vandalismo o contaminación del recurso hídrico”.
Por último, el regulador aconsejó a los afectados conservar sus facturas por sobrecostos en los cuales han incurrido por compra de agua envasada para beber en los últimos días, pues luego les servirían de base para pedirle al AyA los correspondientes reembolsos.
Peligros advertidos
En julio del 2023, el Intendente de Agua de la Autoridad, Marco Cordero Arce, había lanzado duras críticas contra el Instituto pues dijo que había “perdido el norte”.
Aquella declaración sobrevino en medio de una disputa entre el Instituto y la Aresep, pues esta última recomendaba entonces rebajar 10,7% las tarifas del servicio de acueducto.
La reducción planteada vino después de emitir alertas en relación con el elevado nivel de endeudamiento de la empresa pública y sobre la falta de información para validar las inversiones que dicha entidad realizó en los últimos seis años.
Cordero Arce mencionó que, como parte de aquel trámite tarifario, el Instituto no había presentado información necesaria para ajustar de otra forma sus tarifas. Además, mencionó que la ausencia de inversiones anuales recientes estaba afectando “severamente” la gestión del Instituto.