Dirigentes denunciaron un esquema de reciclaje de recursos y ventas a crédito, que se habría utilizado para inflar el cobro de la deuda política tras las elecciones municipales del 2020.
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Ministerio Público pidió cierre de la causa por falta de pruebas que permitieran comprobar si hubo delito en el cobro de ¢3,2 millones por parte del Republicano.
Fiscalía abre investigación pues Estado pagó por publicidad electoral en el 2018 que no habría existido