La ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández, se quejó esta semana de que tener que cumplir con la ley. Alegó que “el problema es el Estado de derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”.
La jerarca emitió las afirmaciones durante un programa radial en Columbia, donde manifestó que el Estado tiene que operar con leyes creadas desde hace 60 o 70 años, cuando “la realidad nacional era otra”.
Consultada sobre sus declaraciones en el programa de radio Por tres razones, que conduce la periodista Evelyn Fachler, la ministra Fernández contestó por escrito que hizo estos comentarios a propósito de la reforma administrativa del Estado.
“Una tarea necesaria, pues varias instituciones trabajan con leyes de hace 50 y más años, y dentro del marco del Estado de derecho se hace únicamente lo que la ley dice que se debe hacer, por lo que es necesario actualizar esos marcos normativos para que se adapten mejor a las necesidades contemporáneas. Hay funciones o productos institucionales en leyes que se deben continuar haciendo pero que han perdido vigencia”, comentó la ministra de Planificación.
Según dijo Fernández en Columbia, no existe un vehículo adecuado para llevarles a los costarricenses los servicios que necesitan, por lo que considera que eso es como ir en un Volkswagen de los años 80, cuando la gente quiere que todo camine en un “vehículo nuevo, todoterreno, que le resuelva”.
Su declaración se dio cuando la periodista le preguntó a la ministra qué pasaría si el proyecto de Ciudad Gobierno se remite a la Asamblea Legislativa para su aprobación, pues consideró que se estancaría.
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“¡Qué tristeza, doña Evelyn! Yo trato de ser optimista, pero efectivamente hemos tratado de hacer todas estas propuestas ante la Asamblea, porque el tema del Estado y la reforma del Estado, tal vez no es un tema tan sexy ante la opinión pública, pero nosotros no tenemos un vehículo adecuado”, comentó la jerarca del Mideplán.
Tanto Fernández como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se han quejado en numerosas ocasiones cuando la Contraloría General de la República (CGR) exige atender el ordenamiento jurídico vigente en el país, para el correcto desarrollo de un proyecto como el de Ciudad Gobierno.
De hecho, la contralora general, Marta Acosta, se lo dijo a Chaves durante una reunión pública que sostuvieron, donde le enfatizó que cumplir la ley no es una opción, sino una obligación del Gobierno y de todas las instituciones públicas.
El mandatario también expresó inconformidades cuando la Contraloría detuvo una millonaria contratación de escáneres a Radiográfica Costarricense (Racsa), porque encontró ilegalidades en el proceso.
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El reclamo del gobierno es que, según él, la CGR ha sido laxa con las contrataciones en otras administraciones.
