La contralora general, Marta Acosta Zúñiga, le recordó al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robes, que, en la democracia, “la aplicación de la ley no es una opción”, sino una obligación.
La frase se la dijo al término de la reunión que ambos sostuvieron este jueves, durante dos horas y media, la cual fue transmitida en vivo, por redes sociales, desde el piso 13 de la Contraloría General de la República (CGR), tal como estaba pactado por ambas partes.
El encuentro se dio luego de que el mandatario se quejara, el 17 de enero, de que la Contraloría es sumamente rigurosa con proyectos de su gobierno, cuando antes, en otras administraciones, agregó, fue “laxa”. Por esa razón, llamó a Acosta a una reunión, la cual ella aceptó aunque le respondió “que las múltiples insinuaciones negativas y constantes señalamientos irrespetuosos de su parte y de otros funcionarios de su equipo, a la institución que dirijo y hacia mí como contralora general no son de recibo y, por el contrario, las rechazo de forma contundente”.
De ahí surgió la reunión de este jueves, en el cual el gobierno expuso su inconformidad porque la CGR detuvo una millonaria contratación de escáneres a Radiográfica Costarricense (Racsa), al encontrar ilegalidades en el proceso, además de que emitió advertencias sobre la forma en que el Poder Ejecutivo pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno, de $450 millones.
Acosta y su equipo mantuvieron los criterios sobre ambos proyectos; Chaves y sus ministros insistieron en que la Contraloría hizo “interpretaciones de la ley” con las que ellos no están de acuerdo. Acosta, incluso, le sugirió que, si está en desacuerdo con las decisiones de la Contraloría, puede acudir a un contencioso. Ante ello, el mandatario se quejó de que eso tardaría años en resolverse.
Al final, la jerarca de la CGR instó al presidente a ejecutar sus proyectos en el marco de la legalidad. Le preguntó por qué no recurría a la figura de la licitación con un concurso público y abierto para llevarlos a cabo, al tiempo que señaló que esa es la vía más transparente y ahorrativa.
Según Acosta, cuando los gobiernos toman otros caminos, a veces los proyectos no terminan como lo esperan. Chaves alegó que las licitaciones no son la panacea, pues por estas se han registrado casos como los de Cochinilla y Diamante, así como algunos concursos adjudicados en su propio gobierno “que dejan mucho que desear”.
En ese momento, la contralora insistió en que acatar la ley no es una opción. El mandatario respondió: “No es una opción, de acuerdo, pero sí hay interpretaciones”.
Insatisfecho con la inflexibilidad de la Contraloría, el presidente pidió a los diputados intervenir para que llamen a cuentas a la jerarca, sobre los señalamientos hechos, en el marco de sus responsabilidades como instancia de fiscalización.
“Ella dijo que le rinde cuentas a la Asamblea Legislativa, yo le hago un llamado muy respetuoso a la Asamblea Legislativa para que vean que es lo que está pasando aquí y se comuniquen con ella”, dijo.
La CGR es una institución auxiliar del Congreso en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero la Constitución Política le garantiza “absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores”.
Contraloría preocupada
Marta Acosta explicó a La Nación que hizo la manifestación sobre la obligatoriedad de aplicar la ley porque les preocupa el favorecimiento de los procedimientos especiales, cuando lo correcto es aplicar la licitación pública. Añadió que los mecanismos abiertos son los preferidos por la Carta Magna.
“A través de los mecanismos especiales podríamos dejar de aplicar lo que realmente corresponde, que es una licitación pública y podría estarse favoreciendo, digamos, escogencias a dedo que no son convenientes”, alertó.
En el caso de Ciudad Gobierno, la contralora previno al mandatario y a sus ministros de gobierno de que no era el momento para pensar en una figura excepcional para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, como se pretende, ya que el gobierno ni siquiera había completado la fase de preinversión del proyecto.
“En la preinversión, es cuando se definen las alternativas, los mecanismos financieros y de contratación, para que luego en la etapa de inversión se aplique y se escoja lo que más convenga a la administración pública”, declaró Acosta.
El gobierno pretendía contratar directamente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la construcción y arrendamiento de Ciudad Gobierno, pero la Contraloría advirtió de que esa opción no está prevista en la ley porque los terrenos son propiedad del Estado.
Gobierno busca aplicar mecanismos excepcionales
Las diferencias surgen a partir de las pretensiones de la administración Chaves Robles de no recurrir a los mecanismos ordinarios de contratación pública y, en su lugar, emplear dos figuras de carácter excepcional con el fin de construir Ciudad Gobierno y comprar los escáneres a Racsa, sin concursos públicos.
Ante una consulta de La Nación con respecto a si desistiría de utilizar los mecanismos especiales y aplicaría la vía ordinaria para concretar las iniciativas, el mandatario respondió que no, “eso es lo que hacen los gobiernos conformistas y perezosos”.
Igualmente, aseguró que su administración no había propuesto absolutamente nada ilegal, pese a las advertencias que le hizo previamente la contralora sobre la improcedencia de las figuras excepcionales para cumplir con los fines del gobierno.
Luego de la discusión sobre el tema de los escáneres, Acosta concluyó que las divergencias de criterio no se iban a resolver durante el espacio de diálogo y le reiteró al mandatario que, en caso de continuar por la misma ruta, el proyecto se estaría “gestionando al margen de la ley”.
Según la jerarca, la Contraloría no cuestiona la importancia que tiene la colocación de los escáneres, más bien, señaló que es un tema sobre el cual ha insistido por muchos años, pero reiteró que la orden para frenar el proceso de compra se giró porque existe un convencimiento a lo interno del órgano fiscalizador, de que se están incumpliendo las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública.
Otro punto de divergencia se generó ante las manifestaciones del presidente Chaves de que los procedimientos ordinarios toman mucho tiempo, expresiones que no fueron compartidas por Acosta.
“Discrepo de esa posición, porque hay muchas experiencias en las que hemos podido demostrar que la licitación pública ha sido muchísimo más efectiva que otros procedimientos que ha usado la administración”, mencionó la jerarca.
Marta Acosta y Rodrigo Chaves La contralora general, Marta Acosta, y el presidente Rodrigo Chaves.
