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Marta Acosta, contralora general, declara que el decreto de Rodrigo Chaves sobre regla fiscal permitiría aumentar el gasto público, trayendo 'confusión' y retrasando el momento en que el país podría alcanzar la sostenibilidad fiscal.

Hace un año, la mujer que ha advertido de todas formas la grave situación financiera que se avecina, tenía todo listo para irse de la Contraloría General de la República. Sin embargo, hasta ahora cuenta qué hecho la llevó a postularse a la reelección por ocho años más.

Marta Acosta pidió a los diputados empezar el proceso de análisis en los sectores de educación, protección social y transporte, donde hay un altísimo gasto y baja eficiencia.

Marta Acosta aseguró que la reforma al empleo público planteada por el Gobierno mantiene las disparidades en el Estado.

Ante los diputados, Marta Acosta emitió un criterio positivo sobre el crédito de $156 millones que financiaría nuevas herramientas tecnológicas para recaudar impuestos y disminuir la evasión fiscal.

Marta Acosta advierte a diputados de que el Gobierno alcanzó un faltante de recursos nunca visto para la magnitud del gasto público; "se nos vino la pandemia sin los cambios estructurales y ahora tenemos un doble peso", dijo, al tiempo que llamó a afrontar la situación en conjunto en lugar de esconderse del lobo.

La contralora general de la República, Marta Acosta, aseguró este jueves que no hay ningún sustento que justifique eximir a las municipalidades de la regla fiscal, tal como pretenden los diputados a través de un proyecto de ley.

La contralora general, Marta Acosta, fue reelecta este martes en el cargo de contralora general de la República por un nuevo periodo de ocho años.

Marta Acosta clama, ante los diputados, por revisar la estructura del Estado en busca de ahorros para los contribuyentes, por ejemplo, identificando duplicidades y exoneraciones innecesarias; la crisis y su “tremendo” impacto económico constituyen una oportunidad para hacerlo, afirma la contralora.

Ante la Fiscalía General, le atribuyen delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de autoridad por ordenar al Poder Judicial aplicar la reforma fiscal.