Un partido político habría usado el esquema de “hoyo negro” para presuntamente cometer un fraude contra el Estado, dice una denuncia que recibió el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual le sigue la pista a este nuevo método, difícil de detectar, y ya lo reportó a la Fiscalía.
La denuncia la presentaron altos personeros del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), quienes aseguran que exdirigentes de esa agrupación habrían utilizado ese sistema para inflar gastos y, así, reclamar un monto mayor del financiamiento estatal, conocido como deuda política, tras las elecciones municipales del 2020.
Este sofisticado mecanismo consiste en que un partido político y varios de sus proveedores simulan pagos por servicios para utilizar al Estado como financista de ventas a crédito, con sobreprecios que, posteriormente, se distribuyen entre los implicados.
Los denunciantes utilizaron el término “hoyo negro” porque el mecanismo implicaría un reciclaje de recursos, con la participación de proveedores, que fungían a la vez como prestamistas. El dinero, aparentemente, circulaba entre las cuentas del partido, los proveedores y personas particulares, quienes se encargaban de que los fondos regresaran a la agrupación sin pasar por los canales oficiales, de forma que se perdiera su rastro.
La descripción de este esquema se detalla en el informe DFPP-0836-2022, el cual forma parte de los insumos que analiza la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en la causa 20-000680-0332-PE, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La alerta sobre la supuesta acción delictiva ingresó al Tribunal en julio del 2020, por parte integrantes del Comité Ejecutivo Superior y un diputado del PRSC, a quienes el informe no identifica. Para ese entonces, el Republicano tuvo solo dos diputados: Otto Roberto Vargas Víquez y Dragos Dolanescu Valenciano, quien terminó separándose del partido y fundó uno nuevo.
Contadores en la mira
De acuerdo con la denuncia, durante la campaña municipal del 2020, el Republicano contrató a un grupo de contadores, en apariencia, de apellidos Salazar, Bonilla y Jackson. Ellos garantizaron tener experiencia en el trabajo con partidos políticos y ofrecieron resolver las dificultades de la agrupación para acceder a financiamiento.
Los denunciantes declararon que fue Dolanescu quien “promocionó” al grupo de contadores ante la cúpula del partido, y que después ellos habrían hecho la propuesta de “darle vuelta a la plata”.
Consultado por La Nación, Dolanescu refutó tal versión. Afirmó que los contadores contratados por la agrupación política en esa época pasaron por un proceso de selección. Agregó que quien recomendó su selección fue la tesorera, y que la decisión la aprobó, de forma unánime, el Comité Ejecutivo.
“De allí que resulte absolutamente falso afirmar que yo haya llevado a los contadores al partido y mucho menos indicar que ello obedeció a la intención de desarrollar esquemas fraudulentos”, declaró el exdiputado.
Por su parte, Javier Gamboa, secretario del PRSC, afirmó que la denuncia sobre las supuestas anomalías surgió a causa de disputas internas entre miembros del partido. Afirmó que no hay indicios de que se hayan cometido actuaciones fraudulentas por parte del equipo contable del partido.
“No se vale confundir la eficiencia y la eficacia de una persona con chorizo”, afirmó el dirigente.
¿Cómo funciona el método?
Según la denuncia, el método habría funcionado de la siguiente forma. Los contadores habrían trabajado en alianza con “proveedores especiales”, quienes dieron servicios sin cobrar de inmediato, pero supuestamente emitieron facturas como si hubieran recibido el dinero de contado. El cliente, o sea, el partido, habría simulado el pago del servicio por medio de “capital semilla” que le aportaron terceros, pero el proveedor no se dejó el dinero, sino que lo devolvió a la agrupación por canales ocultos, para que presuntamente hiciera otros pagos o lo reciclaran.
Al final, el partido habría usado las facturas que acumuló para cobrarle el Estado más dinero del que en realidad supuestamente utilizó. Según la denuncia, los montos que facturaron los prestamistas además incluyen sobreprecios, que después se habrían repartido, dice, entre contadores y proveedores.
A modo de ejemplo, los denunciantes declararon que por medio del “hoyo negro”, durante la campaña municipal, el Republicano le pagó “precios excesivos” a una empresa de publicidad.
En su informe de la investigación, el TSE no indicó un monto exacto de la eventual defraudación. No obstante, sí constató que a esa compañía se le giraron ¢97 millones, pues los documentos presentados por el PRSC, al cobrar el dinero, técnicamente cumplieron todos los requisitos.
En total, el Republicano consiguió que le reembolsaran ¢278,3 millones con fondos públicos, luego de su participación en esos comicios municipales.
Figura prohibida y sofisticada
El Tribunal, en su informe remitido al Ministerio Público, describe al “hoyo negro” como una versión “más depurada y sofisticada” de la figura del proveedor-prestamista, cuyo uso se identificó a partir del año 2012.
Este mecanismo lo han intentado aplicar partidos que carecen de los recursos necesarios para pagar, de contado, los bienes y servicios que contratan. Lo que hacen es pedirle a los proveedores que emitan facturas, pero no les pagan, sino que abren una cuenta por pagar, por lo que los proveedores se convierten en acreedores.
Es decir, el partido adquiere una deuda que supuestamente pagará más tarde, con recursos públicos. Sin embargo, ese método de pago no es permitido por la legislación nacional e históricamente el TSE ha “denegado de manera categórica” el reembolso de esos gastos.
¿Por qué es problemático que los partidos pacten la compra de bienes y servicios a crédito?
Porque la Constitución Política estableció, en el artículo 96, que las agrupaciones solo pueden acceder a la contribución estatal tras comprobar el gasto. Eso incluye que debe indicar con cuáles recursos hizo el pago, ya sea mediante un préstamo o una donación. Aunque en periodo electoral se permite un tercer método: la emisión de bonos de deuda política.
Si el partido no logra acreditar el origen de los recursos, el TSE rechaza el reembolso. La intención de este modelo de comprobación es evitar el uso de fondos ilícitos, o bien, de personas extranjeras y jurídicas, lo cual está prohibido por la Constitución.
La deuda política es el dinero que se le entrega a los partidos que obtuvieron suficiente cantidad de votos válidos en las elecciones o que eligieron al menos un diputado, y se gira, como ya se mencionó más arriba, a manera de reembolso.
Una parte de esa contribución estatal se destina meramente para los gastos electorales y se reembolsa después de los comicios. Sin embargo, las agrupaciones, por ley, deben reservar un porcentaje para gastos de organización y capacitaciones, que pueden usar durante el periodo no electoral.
Todos esos gastos, electorales o no, funcionan por el modelo de reembolso, cualquier otro método es prohibido e incluso sancionado por la legislación electoral y penal.
“(...) En caso de resultar procedente el reconocimiento, el dinero de la contribución estatal actúa como rembolso de las erogaciones hechas y sufragadas por el partido y no como previsión para gastos futuros o para honrar deudas pendientes de pago”, declaró el TSE en una resolución del 2012.
El hoyo negro parte de la misma idea, con la particularidad de que el proveedor no se registra como prestamista, sino que son terceras personas las que ejecutan los créditos por canales ocultos, sin dejar rastro en las cuentas que fiscaliza el TSE. Por esa razón, para el Tribunal resulta más difícil detectar la “defraudación”.