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Dirigentes denunciaron un esquema de reciclaje de recursos y ventas a crédito, que se habría utilizado para inflar el cobro de la deuda política tras las elecciones municipales del 2020.

Los diputados Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionaron las altas ganancias que obtienen algunos compradores de bonos de deuda política en campaña electoral.

El presidente saliente del PUSC, Randall Quirós, afirmó que los tenedores de bonos conocían el riesgo de que sus certificados no adquiriesen valor.

La Constitución establece que el Estado aportará hasta un 0,19% del PIB a los partidos, pero ese monto podría representar un monto muy significativo para el erario en los próximos años.

A las arcas del Estado volverán recursos que cuatro partidos no reclamaron tras las pasadas elecciones, a pesar de que tenían derecho a ellos. La cifra representa más de un 10% de la deuda política.

Pago de sueldos y honorarios concentra un tercio de los gastos electorales que las agrupaciones le cobraron al TSE para que sean reembolsados con recursos de la deuda política. Liberación Nacional y Nueva República gastaron más en este rubro que en propaganda.

TSE advierte a Rocío Aguilar que Promérica enfrentará ‘limitaciones’ para recuperar dinero prestado a Restauración Nacional y Costa Rica Justa, que accedieron a créditos por ¢1.475 millones durante la campaña.

Partido le comunicó a Promérica que no tiene dinero para pagarle financiamiento de campaña; el fundador Dragos Dolanescu renunció al grupo político y dice que lo importante es que la deuda no recaerá sobre impuestos.

Ante solicitud del PLN, el Tribunal les concedió un plazo de 115 días a las agrupaciones que entraron a la segunda ronda.

La deuda política, creada para financiar las campañas electorales, es onerosa para el ciudadano.