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Además, se les devolvieron los pasaportes y solo deberán informar a las autoridades en caso de salir del país.

Las 25 personas físicas que tienen medidas cautelares por su presunta relación con aparentes contratos irregulares de obra pública, del llamado Caso Cochinilla, tienen cada vez más flexibilización en relación con los impedimentos iniciales.

Varios defensores acuden a ese recurso al estimar que decisiones del Juzgado atentan contra la libertad de quienes siguen en celdas a la espera de medidas cautelares.