El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó un sobreseimiento definitivo a favor del ex subgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Guillermo Quesada Oviedo, quien fue investigado por los delitos de tráfico de influencias, peculado y actos ilegales.

Así consta en la sentencia del 4 de agosto, la cual fue notificada a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual el viernes anterior.

De acuerdo con los argumentos explicados por la jueza Carla Bonilla Ballestero, no se pudo comprobar que Quesada incurriera en algún ilícito por el otorgamiento de un préstamo a su hermano, así como de una tarjeta corporativa a una empresa, ni tampoco por el alquiler de un hotel y el traslado de una sucursal bancaria a un centro comercial alajuelense.

En el 2016, el BCR denunció penalmente al funcionario por considerar que el hombre incurrió en una serie de acciones que perjudicaron a la institución; sin embargo, las pruebas aportadas no permitieron acreditar ningún acto irregular.

“Concluido el análisis de cada uno de los hechos denunciados y querellados se tiene que al no lograr contarse con indicios que respalden la tesis de la parte querellante, pues existente insuficiencia probatoria para con ello, así como no lograr la configuración de los tipos penales querellados e investigados, lo que corresponde conforme a derecho es ordenar el sobreseimiento a favor del encartado”, precisa la sentencia, de la cual La Nación tiene copia.

Por su parte, el Ministerio Público detalló que “se investigaron los presuntos delitos de tráfico de influencias y autorización de actos indebidos; no obstante, durante esta etapa, no se contó con elementos probatorios suficientes y objetivos para demostrar que Quesada es responsable de los hechos que fueron denunciados en su contra. En razón de ello, este despacho solicitó que se ordenara el sobreseimiento definitivo de la causa”.

Por esta situación, el BCR fue condenado al pago de costas por una suma de ¢6 millones, precisa el documento donde se explica la decisión del Juzgado.

En tanto, José Pablo Badilla Villanueva, abogado de Quesada, aseguró que están más que satisfechos con la sentencia, ya que se demostró que su representado no incurrió en ningún perjuicio para con el banco.

“Con esto se acredita que se trató de una estrategia para quitar a Guillermo (Quesada) de su puesto”, afirmó.

La Fiscalía aclaró que estos hechos por los que Quesada fue sobreseído no tienen relación con la causa del caso de cemento chino.

La Nación intentó obtener una reacción de los voceros del Banco de Costa Rica, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Proceso paralelo

De manera paralela, en marzo del 2018, Quesada presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con sede en Goicoechea, una demanda por ¢100 millones contra el banco por el daño moral causado con su despido en enero del 2016.

Ese mismo año, pero en el mes de setiembre, él fue reinstalado en su cargo y, actualmente, ocupa un puesto gerencial en la institución.

Para Badilla, el sobreseimiento definitivo es importante para la resolución que podría tener esta acción legal; sin embargo, debido a la pandemia por la covid-19, el proceso en esta instancia no tiene fecha.

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Guillermo Quesada fue cesado del cargo de subgerente general del BCR el 8 de enero del 2016, sin responsabilidad patronal, cuando la Junta Directiva de la entidad lo encontró responsable de cuatro hechos que fueron considerados contrarios al Código de Ética Corporativo del Banco.

Quesada impugnó esa medida, por lo que en setiembre del 2016, como medida cautelar, el Tribunal Contencioso ordenó al BCR restituirlo en su planilla, mientras se resuelve el asunto.

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Al principio, la demanda de Quesada era contra el BCR y solidariamente contra los entonces directores: Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina, Alberto Raven, Mario Barrenechea, Paola Mora, Gustavo Arias y Ronald Solís: así como los asesores Fabián Volio y Mauro Murillo.

Sin embargo, en la audiencia del 2018 Badilla anunció que iban a desistir de demandar a Segnini, Arguedas, Molina y Raven.

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Colaboró el periodista Carlos Arguedas C.