EscucharEl Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con sede en Goicoechea, ordenó este miércoles dejar sin efecto el impedimento de salida del país a los alcaldes investigados en el llamado caso Diamante.
Así lo hizo durante una revisión de las medidas cautelares impuestas a esos funcionarios, señalados por presuntos actos de corrupción en contratos de obra pública en ayuntamientos.
“A partir de este momento, en atención a la obligación de mantener un domicilio fijo que es propia de cualquier investigación, deben los imputados, en caso de salida del país, informar al Ministerio Público sobre el destino del viaje, pero no gestionar permiso. Se ordena la devolución inmediata de los pasaportes a los imputados”, concluyó el Juzgado.
Se trata de Johnny Araya, alcalde de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; Arnoldo Barahona, de Escazú; Alberto Cole, de Osa, y Alfredo Córdoba, de San Carlos.
La medida también se aplica para José Daniel Cruz, empresario ramonense, y Luis Fernando Gutiérrez, quien trabajaba en la planta asfáltica de la constructora MECO.
“Hoy se ordenó el levantamiento de todo, se ordenó la devolución de los pasaportes, también para todos, y la única obligación, a partir de ahora, como parte de la obligación de mantener el domicilio fijo, es que si alguno va a salir lo informe al Ministerio Público, por si les quieren notificar alguna diligencia o algo, que la Fiscalía sepa que se encuentran fuera del territorio nacional.
“En esto pararon las medidas cautelares del caso Diamante; en un año y medio ya quedaron prácticamente en nada”, comentó Alfonso Ruiz, representante legal del alcalde josefino, Johnny Araya.
