Juan Diego Córdoba González. 26 septiembre, 2019
Comisión Negociadora de Salarios Públicos fijó el aumento salarial esta tarde en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fotografía cortesía
Comisión Negociadora de Salarios Públicos fijó el aumento salarial esta tarde en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fotografía cortesía

Los trabajadores públicos adscritos al régimen de Servicio Civil tendrán un aumento salarial de ¢3.750 para el segundo semestre del año.

El aumento que también regirá para los pensionados del sector público, se aplicará a la base de todas las categorías salariales, de forma retroactiva al 1.° de julio del presente año.

El Gobierno emitirá un decreto para dejar en firme el ajuste de las escalas salariales, mediante el cual también invitará a los jerarcas de las instituciones autónomas a realizar el mismo aumento, en consideración al estado de las finanzas públicas.

“Hemos hecho un esfuerzo en el Gobierno para poder hacer este aumento a todas las personas funcionarias de las instituciones del Poder Ejecutivo de manera que puedan contar con el ajuste salarial correspondiente a este semestre”, manifestó el Ministro de Trabajo, Steven Núñez.

El jerarca presidió la Comisión Negociadora de Salarios Públicos que se reunió esta tarde en el Ministerio de Trabajo y con la participación de los viceministros de la Presidencia, Hacienda y Planificación, así como un representante del sector sindical del Estado.

El pago retroactivo del ajuste se depositaría en la segunda quincena de octubre.

Al aplicar el aumento de forma nominal, el Gobierno mantiene su posición de realizar ajustes salariales idénticos para todos los empleados del régimen de Servicio Civil. En otros años, se fijaba un aumento porcentual.

El aumento nominal es una de las 11 medidas que anunció la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, con la cual se frenaría el gasto público.

Se levantaron

Los sindicatos del Magisterio Nacional reprocharon la decisión del Poder Ejecutivo de realizar el ajuste salarial vía decreto y no por negociación.

“El Gobierno no debió haber llamado a las personas que integramos esta Comisión, si no se pretendía tomar en cuenta nuestro criterio. Nos merecemos más respeto.Ya se viene haciendo costumbre por parte del Gobierno, imponer estas políticas sin el consenso de los sectores”, señaló la dirigencia de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se sumaron al reclamo. Según dijeron en un comunicado de prensa, los representantes sindicales y de confederaciones se retiraron de la Comisión en respuesta a la “imposición de parte del Poder Ejecutivo”.