Doña Felícita emigró de Nicaragua en busca de una mejor vida hace más de tres décadas. Se asentó en barrio Cuba, San José, tras conseguir un empleo como trabajadora doméstica. En los últimos nueve años, laboró para una familia de Sabanilla de Montes de Oca que, cuando llegó la pandemia, la suspendió por siete meses y, posteriormente, la despidió. Desde entonces, está luchando para que le paguen los derechos laborales que le deben.
Esta mujer de 59 años contó a La Nación que acudió al Ministerio de Trabajo y allí le indicaron que sus patronos debían cancelarle ¢1,5 millones por derechos adeudados, pero su empleadora le dijo que solo podía pagarle en cuotas y que, si no aceptaba esa forma, se iba a declarar en bancarrota y no le iba a cancelar nada.
Felícita señaló que ha pasado más de un año sin recibir la totalidad del dinero. “Faltan como ¢600.000, pero yo tengo que rogarle a mi expatrona que me pague la plata que me debe. Tengo que andar detrás de ellos suplicándoles porque, si no, no me depositan nada. Hay meses que solo me han dado ¢100.000 y es porque yo he insistido mucho”, manifestó la trabajadora, quien aún no ha conseguido otro empleo.
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El caso de esta empleada no es ajeno para la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes), la cual aseguró que la pandemia les ha dificultado todavía más hacer valer sus derechos en momentos en que el trabajo es escaso por el fuerte recorte de empleos de la crisis económica.
Así lo manifestó a La Nación la fundadora de la organización, Rosita Acosta, quien aseguró que la emergencia sanitaria ha significado un “retroceso” para ellas y no son muy optimistas de que la situación vaya a mejorar. “Nosotras logramos una modificación al Código de Trabajo, pero resulta que eso no se está cumpliendo. Actualmente a muchas trabajadoras no les están pagando el aguinaldo, por ejemplo”, afirmó.
La dirigente señaló que, si antes ya había inconvenientes para que se cumpliera la ley, ahora todo se complicó con la pandemia, ya que muchos patronos les alegan que la situación económica está muy difícil y que no les pueden pagar sus derechos laborales. “Sentimos que el Ministerio de Trabajo tampoco ha hecho mucho por ayudarnos con este tema, ni siquiera una campaña donde recuerde nuestros derechos”, agregó.
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Para Acosta, el apoyo estatal es determinante porque no siempre las empleadas hacen valer estos pagos por temor a perder sus trabajos o ver afectados sus ingresos. El salario mínimo está en ¢205.000 por mes, pero muchas ni siquiera reciben la totalidad del dinero porque, hasta la fecha, no se ha fijado un pago estándar por hora, que es la modalidad que más usan. “La hora está en ¢2.000 o ¢2.500, pero no está regulada”, dijo.
La mujer de 81 años contó que bastantes trabajadoras conocen cuáles son sus derechos, pero por la necesidad económica que acarrean, prefieren que no les cancelen esos rubros en lugar de perder el empleo. “Prefieren ganar algo a nada”, detalló. Aun así, reconoce que todavía existe mucho desconocimiento sobre el tema, a pesar de la gran cantidad de información y talleres que se han dado por tantos años.
Difícil situación
La Asociación Merienda y Zapatos es otro colectivo que ha apoyado a trabajadoras domésticas migrantes en el ejercicio de sus derechos y señala que, si se respetara la legislación laboral, se podría reducir la pobreza en la que viven muchas de estas mujeres en el país. Carlos Sandoval, uno de sus integrantes, explica que estas personas viven con temor de sentirse autorizadas para hablar frente a la institucionalidad y hacerse valer.
De acuerdo con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), casi 50.000 empleadas domésticas perdieron su empleo en el primer semestre del año pasado. De hecho, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel de región (América Latina y el Caribe) el 70,4% de las trabajadoras domésticas se han visto afectadas por las medidas de la pandemia.
Astradomes señala que actualmente hay más de 170.000 empleadas domésticas en el país y, según datos proporcionados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a este diario, solamente 16.000 cuentan con seguro de salud. Es decir, apenas un 9% del total (a finales de 2019 era un 10%).
Por su parte, el Ministerio de Trabajo reconoció que no ha realizado una campaña para recordar los derechos laborales de las trabajadoras domésticas durante la pandemia, pero indicó que en marzo desarrolló un foro sobre afectaciones de la crisis de la covid-19 en el mundo del trabajo donde participaron representantes de Astradomes “y se ha avanzado en el tema del aseguramiento de estas personas”.
Recientemente, la Asociación Merienda y Zapatos realizó un cortometraje sobre la historia de Aracely Moreno, una migrante hondureña que logró un acuerdo judicial para que su expatrona le cancele el dinero que no le pagó por nueve años de trabajo. Tuvieron que pasar 24 meses de trámites y discusiones legales para que ella recibiera la remuneración por feriados, vacaciones, horas extra, intereses de ley, salario en especie, aguinaldo y despido sin preaviso y cesantía que tanto le costó ganarse como empleada doméstica a tiempo completo.
Apoyo entre mujeres
Rosita Acosta explicó que la única entidad estatal que las ha apoyado durante los últimos dos años ha sido el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual creó todo un sitio web informativo para atender las necesidades de estas personas y sus empleadores. El portal se llama “En tiempos del covid-19 las trabajadoras domésticas seguimos estando aquí” y cuenta con todo tipo de datos sobre el empleo.
Por ejemplo, indica que, de las 170.000 trabajadoras que hay en el país, 45% son jefas de hogar y su salario es el único ingreso en sus casas. Además, representan aproximadamente el 20% de las mujeres trabajadoras en el país, según información de la OIT.
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En la sección de Asesoría, el Instituto les recuerda a aquellas empleadas que perdieron sus trabajos que no pueden despedirlas sin una justificación clara y que en caso de “despido por covid-19″, los empleadores deben solicitar autorización al Ministerio de Trabajo. Además, resalta que con el despido se debe pagar la liquidación de ley (pago de vacaciones acumuladas, cesantía, aguinaldo) y cumplir el periodo de preaviso.
También, recuerda que las trabajadoras domésticas tienen cobertura de servicios de salud, subsidios de incapacidad y maternidad, pensión por invalidez, vejez y muerte; derecho a una remuneración, jornadas de descanso, vacaciones y aguinaldo (el contexto no exime reconocer estos rubros).
El Inamu les indica que si alguna cree que sus derechos laborales no han sido respetados, puede poner una denuncia ante las autoridades en dos vías: colocar la queja en el canal web del Ministerio de Trabajo creado para este fin o acudir a las oficinas de esa institución para solicitar una cita de conciliación con su patrono. Y si no se llega a un acuerdo, puede interponer una demanda laboral en el Juzgado de Trabajo.
A los patronos les recomienda que si están considerando prescindir de los servicios de una empleada doméstica en este momento, valoren mejor continuar con una jornada reducida o suspenderla temporalmente, ya que en estos meses de crisis es mejor “negociar y llegar a acuerdos que nos protejan a todas y todos”.
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