EscucharAracely Moreno logró este jueves 25 de noviembre un acuerdo judicial para que su expatrona le cancele el dinero que no le pagó por nueve años de trabajo. Tuvieron que pasar 24 meses de trámites y discusiones legales para que ella recibiera la remuneración por feriados, vacaciones, horas extra, intereses de ley, salario en especie, aguinaldo y despido sin preaviso y cesantía que tanto le costó ganarse como empleada doméstica a tiempo completo.
“Ella nunca me reconoció nada de eso porque decía que me pagaba demasiado salario y que no me merecía más”, contó Moreno, quien tiene 53 años y ha dedicado toda su vida a limpiar casas para sacar adelante a sus cuatro hijos. Señaló que fue contratada desde 2010 y que ganaba ¢180.000 por mes (¢25.000 menos que el salario mínimo), pero que su jefa nunca le pagó sus derechos laborales a pesar de habérselos solicitado.
Hubo periodos en los que trabajó de domingo a domingo, se levantaba a las 4 a. m. para viajar dos horas y llegar hasta la vivienda, que es muy grande, en la que debía atender a cinco personas, a veces hasta las 7 p. m. “Yo tenía que limpiar todo, lavarles la ropa, aplancharles y cuando se iban para Europa en fin de año hasta ir a darle comida al perro y regar las matas”, relató la trabajadora, quien emigró desde Honduras en busca de una mejor vida.
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En otros momentos, Moreno tenía que laborar en varias casas para ajustar suficiente dinero para sobrevivir. “Nosotros la vimos tan fea esos años porque mi esposo tenía un trabajito donde no le pagaban bien y a veces no nos alcanzaba para comer o si comían los güilas no comía uno. Hasta comprarles un par de zapatos era complicado (...) la verdad yo aguanté tanta humillación de esa señora por necesidad”, aseveró.
Tras perder su empleo, en diciembre de 2019, acudió al Ministerio de Trabajo para buscar soluciones, pero ante la negativa de su patrona de llegar a un convenio, se vio a obligada a acudir al Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, en donde comenzó un largo proceso que culminó este jueves con un acuerdo conciliatorio por una suma similar a la que ella solicitó en su demanda inicial.
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Para Álvaro Moya, abogado de Moreno, el resultado de este juicio –en el que únicamente la parte demandada estuvo presente de manera virtual– fue un gran logro y una reivindicación de los derechos laborales de las personas trabajadoras domésticas, principalmente porque su representada nunca fue contratada formalmente ni medió ningún documento durante la relación con la empleadora, ya que todo se limitó a ser verbal.
Ahora la empleada, que tampoco estuvo inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) durante los nueve años de trabajo, está a la espera de que finalice otro proceso con esas instituciones para que se le reconozcan todas esas cuotas no pagadas y así tener acceso a una pensión en un futuro próximo.
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Aumento de denuncias
Pese a que el Poder Judicial dice no tener estadísticas sobre cuántos procesos concluyen como el de Moreno, el Ministerio de Trabajo confirmó a La Nación que en el último año ha aumentado la cantidad de solicitudes de servicios de conciliación en el Departamento de Relaciones de Trabajo de parte de empleadas domésticas contra sus patronos, pasando de 556 el año anterior a 581 en lo que va del presente periodo.
La abogada laboralista Paola Gutiérrez explicó que aunque sea frecuente que estas trabajadoras acudan a dicha instancia para hacer valer sus derechos, en la mayoría de los casos no hay interés de parte de los empleadores de llegar a un acuerdo. No obstante, rescató que cuando los casos avanzan a la vía judicial, es más común que la parte demandada quiera conciliar para evitar otras consecuencias.
“Pero en realidad lo que termina resultando más oneroso y complicado para los patronos es el procedimiento administrativo en la Caja porque eso conlleva un cobro retroactivo que se aplica sin prescripción y también les corresponde pagar las cuotas obrero-patronales por la omisión, es decir, ya no solamente deben pagar lo que les corresponde como patronos sino también lo que no retuvieron a las trabajadoras”, agregó la jurista.
Moreno dijo sentirse satisfecha de que se haya hecho justicia en su caso, pero destacó que tiene amigas empleadas domésticas que han pasado por lo mismo y que por temor de perder su empleo evitan denunciar y siguen soportando todo tipo de abusos y excesos de parte de las empleadoras, que ignoran las condiciones de vida de sus trabajadoras del hogar.
El defensor de esta hondureña naturalizada costarricense rescató que incluso ella le llegó a cuestionar en un momento si realmente iban a lograr algo con el proceso, ya que al inicio tuvo dudas de iniciar los trámites. “Ahora, con la reforma procesal laboral, los trabajadores con salarios inferiores a ¢850.000 tienen opción de solicitar un defensor público, pero en materia doméstica hay mucha presión hacia la empleada de no denunciar”, concluyó el abogado, quien llevó esta demanda bajo el expediente 19-002678-1178-LA-0.
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En 2018, unas 5.100 trabajadoras domésticas obtuvieron un seguro de Salud y de Pensiones por primera vez en su vida, luego de que la CCSS creó un régimen especial que adecuó los montos. (Imagen con fines ilustrativos). (Carlos Hernández)
