Ante el efecto que tendría en sus finanzas, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) manifestó este lunes su oposición al proyecto de ley que rebajaría hasta en 50% el canon de regulación que deben pagar los empresarios de transporte público este año. La reducción está incluida en un transitorio del proyecto de ley que propone reducir el cobro del marchamo hasta en un 50%.
Esta iniciativa se tramita en el expediente legislativo 22.519, el cual fue dispensado de todo trámite para agilizar la discusión y votación. Así se decidió en moción aprobada el 9 de setiembre pasado.
“Esto afecta directamente la fiscalización de la calidad de los servicios públicos, la capacidad técnica de la institución y los servicios que reciben las personas usuarias”, informó la Autoridad en un comunicado, en el cual planteó su objeción a la posibilidad de reducir los pagos que corresponderían a buses y taxis.
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La Aresep se financia únicamente del canon que se cobra por sector a los prestadores de servicios regulados como transporte público. También agua, electricidad y combustible.
“Una nueva reducción de sus ingresos del sector transporte, que se plantea en este proyecto, provocaría que se dejen de hacer inspecciones de calidad, limitaría la capacidad técnica para realizar fijaciones tarifarias y atención de denuncias de los usuarios del transporte público”, agregó la entidad.
Según la Autoridad, la Ley Nº 9911 (Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021) redujo el canon regulatorio en autobuses y taxis en 50% lo cual significaron ¢2.411 millones menos. Entretanto, la Ley 9980 (Reforma a Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) recortó 25% del canon del 2020 (¢1.641 millones menos), además, dispuso que 50% del total del canon en ese año se pagara a lo largo de 24 meses (hasta diciembre de 2022) por el impacto de la pandemia en esos sectores.
De aprobarse el nuevo proyecto legislativo, alertó la Aresep, se daría otra reducción adicional por ¢2.318 millones en el canon de regulación del 2022, con lo cual llegarían a ¢6.370 millones los ingresos dejados de percibir durante el período 2020, 2021 y 2022.
“Estas reducciones causan perjuicios económicos graves a la operación normal de la Aresep, al disminuir sensiblemente su capacidad operativa y resolutiva, para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley y alcanzar el balance regulatorio que requiere compatibilizar los intereses de los operadores y las necesidades de las personas usuarias”, señaló en su nota de prensa.
De hecho, la entidad acudió a la Sala Constitucional para plantear acciones contra las leyes 9911 y 9980, las cuales todavía están en trámite. Según dijo, dentro de los expedientes en conocimiento de los magistrados, se encuentran los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República.
Para un caso, la entidad recomienda declarar la inconstitucionalidad del rebajo del canon de regulación y en otro señala un “vicio sustancial e invalidante” por ausencia de consultas.
