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Una vez más, la Contraloría General de la República advirtió de la improcedencia de utilizar los cánones de regulación de los servicios de agua, electricidad y combustibles para cancelar a los autobuseros los reclamos económicos planteados ante los Tribunales de Justicia.
El órgano contralor hizo el recordatorio en la respuesta que dio el 15 de setiembre, a la solicitud de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) de “dar visto bueno a la posibilidad de financiar los compromisos originados en las sentencias judiciales con los excedentes que se generen en los otros sectores regulados”.
La petición fue planteada por el regulador Roberto Jiménez en el oficio OF-0572-RG-2021 del 30 de agosto pasado, en el cual expone que las finanzas de la institución se han deteriorado por el pago de juicios, arreglos de pago y reprogramaciones de cobros con los autobuseros al punto de faltarle fondos para honrar sentencias dictadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.
Los reclamos judiciales de los buseros vienen desde el 2007, debido a un error de la Autoridad en la metodología para calcular pasajes. Solo 29 de esas demandas implicaban pagos estimados en ¢16.535 millones y un número similar estaba sin calcular un año atrás, de acuerdo con el reporte financiero del sistema de control de juicios de la Aresep con corte al 30 de setiembre del 2020.
Al responder, la Contraloría sí aclara que no es de su competencia “el otorgamiento de un visto bueno” para el fin pretendido. No obstante, resaltó “la no procedencia de financiar gastos de un sector regulado con los excedentes de otro sector, en virtud de que cada sector regulado cuenta con su propio canon el cual es calculado de forma particular según el servicio público”.
Así lo había señalado ya ante consultas realizadas por la propia Aresep en el 2017, según consta en los oficios DFOE-EC-0779-2017 (14718) y DFOE-EC-0865-2017 (15926). También destacó criterios emanados por la Procuraduría General de la República.
“En consonancia con lo indicado por la Procuraduría General, como órgano superior consultivo, técnico jurídico de la Administración Pública, se destaca la necesaria e innegable relación de financiar las actividades, obligaciones y otros compromisos de cada sector regulado con los montos recaudados por su canon respectivo, en atención a las características propias del servicio de regulación”, dijo.
Varios intentos
La Autoridad intentó en febrero de este año pagar una sentencia en favor de autobuseros con dinero del canon de otros servicios, según lo planteó la entidad al Tribunal Contencioso Administrativo dentro del proceso de ejecución de sentencia del expediente N° 04-000659-0163-CA.
La Aresep pretendía usar esos recursos bajo el argumento de que no hay normativa jurídica por la cual estas condenas solo puedan cubrirse con fondos del presupuesto.
Por eso, propuso usar superávit del canon de regulación de los demás servicios para cancelar ¢1.468 millones a la autobusera Inversiones Tapachula S. A., contra la cual perdió un juicio del 2019, cuando se le condenó por un total de ¢4.776 millones.
En esta oportunidad, la jueza Sady Jiménez Quesada negó la autorización y le aclaró a la entidad que sí existe regulación presupuestaria la cual impide tal maniobra e incluso, advirtió, normativa de la propia Autoridad.
También mediante un proyecto de ley, la Autoridad intentó incluir todos los cánones en una sola bolsa, que se pudiera utilizar para el pago de este tipo de reclamos. Sin embargo, el plan fue retirado por el Gobierno debido a inconsistencias y dudas.
