La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) intentó cumplir una sentencia en favor de autobuseros con dinero del canon que pagan por la regulación usuarios de servicios de agua, electricidad y combustibles.
Esa pretensión la planteó la entidad al Tribunal Contencioso Administrativo, en febrero, dentro del proceso de ejecución de sentencia del expediente N° 04-000659-0163-CA.
La Aresep echaría mano de esos recursos bajo el argumento de que no hay normativa jurídica por la cual estas condenas solo puedan cubrirse con fondos del presupuesto.
Por eso, propuso usar superávit del canon de regulación de los demás servicios para cancelar ¢1.468 millones a la autobusera Inversiones Tapachula S. A., contra la cual perdió un juicio del 2019, cuando se le condenó por un total de ¢4.776 millones.
La jueza Sady Jiménez Quesada negó la autorización y le aclaró que sí existe regulación presupuestaria la cual impide tal maniobra e incluso, dijo, normativa de la propia Autoridad.
Así lo consignó la juzgadora en su resolución del 15 de junio anterior, en la cual citó criterios y oficios de la Contraloría General de la República, así como normas de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que impiden destinar saldos presupuestarios a otro fin distinto del previsto en el plan de gastos de las instituciones.
“Los saldos de los presupuestos tienen un destino específico y solo pueden ser utilizados para la actividad específica y por tanto existe una prohibición de utilizarlos para otros destinos”, aclaró la jueza en su respuesta.
Jiménez Quesada agregó que, en el caso de la Aresep, cualquier superávit se aplica luego a la regulación de cada actividad, para reducir en un próximo presupuesto el costo del canon en las tarifas de los servicios, tal y como lo expresa su Reglamento para el cálculo, distribución, cobro y liquidación de cánones.
Aclaró que la condena en este caso se refiere a transporte público, y en consecuencia, solo es posible utilizar superávit si proviene del canon de ese servicio específico.
Proyecto fallido
Esta no es la primera ocasión en que la Autoridad realiza acciones para cargarle a usuarios de otros servicios, los pagos por demandas de autobuseros.
El regulador general de los servicios públicos, Roberto Jiménez Gómez, apoyó en enero un proyecto de ley para que las tarifas de luz, agua, combustible, taxi y otros servicios formaran una sola bolsa, de la cual se pudieran pagar las millonarias demandas presentadas por los transportistas.
Aquella iniciativa implicaría eventuales aumentos en servicios diferentes al transporte público, de modificarse el artículo 82 de la Ley de la Aresep (7593).
Para Jiménez, la reforma llevaría a una “mayor justicia distributiva de la carga del canon entre todos los regulados”.
Directivos de la Aresep, en cambio, consideraban el proyecto como perjudicial y lesivo para los demás sectores regulados, pues generaría subsidios cruzados desde el canon de regulación de cada sector para atender estas demandas.
El plan, sin embargo, no prosperó en el Congreso. En febrero, el proyecto quedó sepultado.
Con esa inicitiava, la Autoridad buscaba fondos para enfrentar 29 condenas por cerca de ¢16.500 millones. Otras 30 demandas estaban en trámite aún sin estimación económica, según un reporte financiero del sistema de control de juicios de la Aresep con corte al 30 de setiembre del 2020.
De acuerdo con el oficio OF-1078-DGAJR-2020, del 13 de octubre de ese año, la Autoridad ya canceló a la empresa Metrocoop R.L. ¢1.610 millones y gestiona el pago de ¢3.792 millones a la Compañía de Inversiones La Tapachula S. A.
En todos los casos, el origen del reclamo son errores en cálculos de pasajes con la aplicación de las llamadas “herramientas complementarias” con las cuales Aresep fijó tarifas desde el 2002 al 2016, antes de la entrada en vigor de la actual metodología.