Gobierno retira plan de ley que carga a usuarios de servicios públicos millonarios reclamos de autobuseros

El proyecto de ley para reformar la Ley de Aresep mediante el cual usuarios de servicios como luz, agua, combustible y taxis terminarían pagando las millonarias demandas presentadas por autobuseros contra la entidad, fue sacado de la agenda del plenario legislativo este miércoles.

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó que la salida se dio a pedido del Gobierno, luego de que La Nación diera a conocer cuestionamientos en torno a la iniciativa.

“Se sacó del plenario de parte del Gobierno este proyecto de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), toda vez que hay una serie de inconsistencias y dudas importantes de nuestra parte y otros diputados al respecto y por eso la sacaron”, indicó Chacón.

La propuesta del diputado Luis Ramón Carranza Cascante, del Partido Acción Ciudadana (expediente 22.064), se encontraba en el quinto lugar de la agenda, en espera de primer debate.

Con el texto se pretendía la modificación del artículo 82 de la Ley 7593 de la Aresep, que actualmente establece que el cálculo del canon que pagan los servicios regulados por Aresep (electricidad, agua, combustibles, buses, taxis, etc.) se hace por cada actividad.

Así, desde los recibos de luz y de agua se costea la regulación del suministro eléctrico y de agua potable, respectivamente.

La reforma elimina toda referencia a una recaudación por actividad. Esto implicaría el nacimiento de un fondo común para el canon, sin importar desde cuál sector regulado procede.

Además, añade explícitamente que de ese fondo único se pagarían “indemnizaciones judiciales”, aparte de financiar actividades de regulación.

Esto implicaría eventuales alzas en tarifas, que se usarán para pagar demandas.

“Tenemos inquietudes de que Aresep realmente quiera impulsar este plan para cubrir posibles demandas judiciales recayendo no en autobuses sino en otros servicios públicos como indica la publicación. Sin embargo, desconocemos las razones específicas del Gobierno para sacarlo”, agregó Chacón.

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Enrique Sánchez Carballo, jefe de fracción de Acción Ciudadana, confirmó la solicitud del Poder Ejecutivo de retirarlo por una serie de dudas.

“La información publicada hoy (miércoles) ha causado alguna preocupación por los alcances de la propuesta. Pedimos al Ministerio de la Presidencia coordinar con las entidades respectivas para ver eso y, sobre todo, el impacto real. Imagino que entraría a agenda la otra semana según las mociones que corresponda revisar”, agregó Sánchez.

Según el legislador, la idea original del plan de ley era solamente condonar 25% del canon de regulación del 2020 para los autobuseros afectados económicamente por la pandemia.

“La reforma del artículo 82 nunca fue la intención original, esa adición de reforma a ese artículo de la ley de Aresep merece más discusión y aclarar que se deje en forma expresa, por ejemplo, que no se use canon para indemnizaciones judiciales. Es una alternativa a considerar”, adelantó Sánchez.

De haberse aprobado el plan de ley tal y como estaba redactado, todos los usuarios de los servicios públicos habrían costeado indemnizaciones que reclaman los autobuseros quienes, desde el 2007, han presentado cientos de demandas en la vía contencioso administrativa a raíz de un error de la Autoridad en la metodología para calcular pasajes.

Solo 29 de esas demandas implican pagos estimados en ¢16.535 millones y un número similar está sin calcular.

El canon de regulación que pagan todos los servicios es la principal fuente de ingresos de la Aresep, con la cual sostiene sus gastos de operación. En el 2020, por concepto de canon, se presupuestaron ¢17.690 millones; en 2019 fueron ¢14.272 millones, mientras que para 2018 era de ¢16.983 millones.

También Yorleny León, diputada de Liberación Nacional, reaccionó contra el plan.

“Este y cualquier proyecto de ley debe de cuidar al usuario, así mismo debe de cuidar los recursos que pagan estos. En el caso particular de Aresep, les ha resultado muy cómodo establecer normativa que luego es llevada a los Tribunales de Justicia, perder los litigios y trasladar esas pérdidas al canon que el usuario del servicio regulado termina pagando”, fustigó la diputada.

El regulador general, Roberto Jiménez Gómez, aseguró apoyar la reforma al artículo bajo el argumento de que traería mayor justicia distributiva de la carga del canon entre todos los regulados y admitió que ello sí podría derivar en alzas de tarifas.

“El impacto (en tarifas) es ínfimo; en ocasiones imperceptible. Mientras que si se carga al propio sector y subsector el impacto es mayor”, afirmó.

No obstante, los directivos de la Aresep Sonia Muñoz, Ana Lorena León y Jorge Blanco, entretanto, reclaman no haber sido consultados sobre el plan que creen perjudicial y lesivo para los demás sectores regulados.

En su criterio, la reforma al artículo 82 permite una “distribución incongruente en los gastos, violando principios de proporcionalidad, razonabilidad y equidad” al hacer que “una parte del canon se traduzca en aumentos de tarifas de todos los usuarios sin relación con autobuses”.