Un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa permitiría que las tarifas que costean usuarios de servicios de luz, agua, combustible, taxi y otros nutran una gran bolsa para pagarle millonarias demandas presentadas por autobuseros contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Esto traería aumentos en servicios distintos al transporte público de autobús.
La propuesta del diputado Luis Ramón Carranza Cascante, del Partido Acción Ciudadana (expediente 22.064) se presentó en julio y luego la dictaminó positivamente la Comisión de Asuntos Económicos en noviembre. Esta semana, se encontraba en el quinto lugar de la agenda de plenario legislativa, en espera de primer debate.
El texto tiene dos objetivos.
El primero es modificar el artículo 82 de la Ley 7593 de la Aresep.
Actualmente, esa norma establece que el cálculo del canon que pagan los servicios regulados por Aresep (electricidad, agua, combustibles, buses, taxis, etc.) se hace por cada actividad.
Así, desde los recibos de luz y de agua se costea la regulación del suministro eléctrico y de agua potable, respectivamente.
El artículo aclara que “por cada actividad regulada, se cobrará un canon que es un cargo anual” y este se calculará para “cada actividad de acuerdo con el principio de servicio al costo”. Aresep incluso lleva la contabilidad de cada canon por separado desde hace casi 25 años.
La reforma elimina toda referencia a una recaudación por actividad. Esto implicaría el nacimiento de un fondo común para el canon sin importar desde cuál sector regulado procede.
Además, añade explícitamente que de ese fondo único se pagarían “indemnizaciones judiciales” aparte de financiar actividades de regulación.
De aprobarse la iniciativa, de ahí saldrían indemnizaciones que reclaman los autobuseros quienes, desde el 2007, han presentado cientos de demandas en la vía contencioso administrativa a raíz de un error de la Autoridad en la metodología para calcular pasajes.
Solo 29 de esas demandas implican pagos estimados en ¢16.535 millones y un número similar está sin calcular.
El segundo objetivo de la iniciativa de ley es añadir un transitorio que condona a los autobuseros 25% del canon del 2020, entre otros beneficios para el pago.
El canon de regulación que pagan todos los servicios es la principal fuente de ingresos de la Aresep, con la cual sostiene sus gastos de operación. En el 2020, por concepto de canon se presupuestaron ¢17.690 millones; en 2019, fueron ¢14.272 millones, mientras que para 2018 era de ¢16.983 millones.
Aresep dividido
El proyecto divide a la Aresep.
El regulador general, Roberto Jiménez Gómez, dice apoyar la reforma al artículo, pero no el transitorio que condona 25% del canon.
Para él, la reforma al artículo 82 traería mayor justicia distributiva de la carga del canon entre todos los regulados y admitió que ello podría derivar en alzas para todos.
“El impacto (en tarifas) es ínfimo; en ocasiones imperceptible. Mientras que si se carga al propio sector y subsector el impacto es mayor”, afirmó.
Los directivos, entretanto, reclaman no haber sido consultados sobre el plan que creen perjudicial y lesivo para los demás sectores regulados.
En su criterio, la reforma al artículo 82 permite una “distribución incongruente en los gastos violando principios de proporcionalidad, razonabilidad y equidad” al hacer que “una parte del canon se traduzca en aumentos de tarifas de todos los usuarios sin relación con autobuses”.
Así lo manifestaron Sonia Muñoz, Ana Lorena León y Jorge Blanco para quienes, de aprobarse la reforma se generarían subsidios cruzados desde el canon de regulación de cada sector regulado para así costear las demandas de los autobuseros.
Esto porque todo iría un fondo común y porque el plan también propone permitir a los transportistas conservar 25% del canon de regulación por la afectación que argumenta el plan de ley que sufrieron en 2020 por la pandemia.
Según ellos, se afectaría a usuarios sin vínculo con autobuses, porque el plan de ley les sacaría del bolsillo dinero para pagarle a los transportistas por sus demandas.
¿Y por qué no se les consultó? Dijo Jiménez que la Junta Directiva de Aresep supuestamente carece de competencia legal para responder a los diputados. Aclaró que esa potestad la tiene únicamente él como regulador.
Por su parte, al ser consultado cómo se le ocurrió el proyecto o qué lo motivó, el diputado Carranza declinó referirse.
Se limitó a asegurar que la Comisión de Asuntos Económicos lo consultó al regulador general, Roberto Jiménez, y este dio su aprobación por escrito en el oficio OF-0888-RG-2020 del 24 de setiembre anterior.
Demandas millonarias
De las demandas que se pagarían con el fondo común del canon que propone el proyecto, hay 29 estimadas en ¢16.535 millones. Todos los procesos están en los tribunales contenciosos administrativos, que conocen aquellos casos en los que el Estado es una de las partes del conflicto.
Otras 30 demandas de transportistas están en trámite, pero sin que se tenga una estimación económica, revela un reporte financiero del sistema de control de juicios de la Aresep con corte al 30 de setiembre anterior.
El oficio OF-1078-DGAJR-2020 del 13 de octubre precisa que la Autoridad ya canceló a la empresa Metrocoop R.L. ¢1.610 millones y gestiona el pago de ¢3.792 millones a la Compañía de Inversiones La Tapachula S. A.
En todos los casos, el origen del reclamo son errores en cálculos de pasajes con la aplicación de las llamadas “herramientas complementarias” con las cuales Aresep estimó pasajes desde el 2002 y hasta la entrada en vigor de la actual metodología de cálculo, aprobada en el 2016.
Del 2002 al 2012, esas “herramientas complementarias” permitían a los técnicos de la Aresep agregar criterios a los resultados del modelo matemático anterior para estimar los pasajes, explicó Dennis Meléndez; exregulador general.
En algunos casos, agregó, la tarifa era más cómoda para los usuarios respecto al único cálculo que daba el modelo matemático utilizado.
Era así cuando dichas herramientas sugerían un recorte al relacionar el ajuste matemático con variables como inflación, tipo de cambio del colón frente al dólar y otras. Este mecanismo activó las demandas de los transportistas contra la Autoridad, señaló Meléndez.
Aquel mecanismo dio origen a unos 685 reclamos judiciales de autobuseros entre los años 2007 y 2017.
Beneficio adicional
El Transitorio VIII que se propone añadir a la Ley de la Aresep no solo condona a los buseros el 25% del canon del 2020, sino que incluye otros beneficios que el proyecto justifica en la afectación económica por la pandemia de covid-19.
Así, el plan señala que la Junta Directiva de la Aresep además deberá “decretar la suspensión del cobro del canon de regulación correspondiente al año 2020, siempre y cuando los obligados al pago de dicho canon cancelen entre el 25% y el 50% del monto adeudado al 31 de diciembre del 2020″.
Es decir, eso aplicaría para el 75% restantes.
Quienes hayan cancelado como mínimo el 25% pero no alcancen el 50%, agrega el proyecto, “se les formalizará un arreglo de pago por la suma pendiente a un plazo de doce meses” con autorización para establecer pagos diferidos de los montos remanentes del canon 2020 por un lapso de dos años a partir del 1.º de enero del 2021.
Estos pagos diferidos a que se refiere el párrafo anterior, no estarán sujetos “al pago de intereses ni multas”, según el texto.
Y agrega: “Esta suspensión del canon de regulación y la autorización para el pago diferido deberá igualmente aplicarse para el periodo 2021, en caso de que se mantengan las condiciones de declaratoria de emergencia sanitaria a raíz del covid-19. En este caso, regirá igualmente un plazo de doce meses para diferir el pago, a partir del primero de enero del 2022″.
El regulador general sí fue claro en su oposición al transitorio al considerar que las dificultades para la regulación “serán mayores y se verá comprometida la realización de las funciones de regulación”. No obstante, dijo comprender la búsqueda de soluciones por parte del sector, que considera, fue el más perjudicado.
“El sector transporte lo beneficia el proyecto con la condonación del 25% del canon del 2020; aspecto que no comparto ni apoyo por sus efectos en las finanzas institucionales; pero entiendo que el sector más afectado económicamente por la pandemia busque soluciones a su situación”, indicó Jiménez.
Colaboró la periodista Natasha Cambronero