Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Aunque esa fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace 37 años, en el país palabras como “acoso callejero” o “violencia obstétrica” tienen menos de una década de ser parte del lenguaje costarricense. Pese a eso, la lucha por hacerles frente y erradicarlas da sus primeros pasos. Entre tanto, males más conocidos como la violencia doméstica y el abuso sexual no dan tregua en medio de una batalla contra la indiferencia y la impunidad.

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Historias de violencia obstétrica: la ilusión se convirtió en pesadilla

“Jamás pensé que al dolor tan grande de haber perdido a mi primer hijo, le tenía que sumar el terrible trato que sufrí en el hospital”. Así inicia una denuncia presentada por Evelyn Arce, quien es vecina de Cartago y sufrió violencia obstétrica en el Hospital Max Peralta, en esa provincia.

La mujer relató a la Defensoría de los Habitantes y a La Nación el trato “inhumano” que recibió en ese centro médico durante el procedimiento que le realizaron para extraer a su bebé fallecido.

“Me pasaron a una sala en la que estaban tres enfermeras y el supuesto médico, una de ellas me dijo que me subiera en la camilla (...) Yo les consulté que si no iban a usar anestesia o algo porque ya una doctora de emergencias me había recomendado que no permitiera que me hicieran el procedimiento sin anestesia porque era muy doloroso, y así fue.

"Me dijeron que no, y colocaron un aparato en mi vagina para sacar lo que quedaba de mi bebé. El dolor fue desgarrador porque es como si le estuvieran arrancando las entrañas a uno. Definitivamente no lo aguanté, yo gritaba de dolor y el supuesto doctor lo que me dijo fue ‘ahora salada, va a seguir sangrando por inútil y no aguantar’”.

Evelyn asegura que, al igual que ella, tres muchachas más aguardaban para ser sometidas al mismo procedimiento. “Toda la noche escuché los gritos desgarradores de ellas que tuvieron que pasar lo mismo que yo”, comentó.

Según denunció, el procedimiento que le hicieron se llama AMEU y uno de los doctores le dijo que se hace de esta forma para no utilizar quirófanos ni requerir anestesiólogos.

El caso de esta mujer forma parte de un informe presentado, esta semana, por la Defensoría de los Habitantes, en el que se recopilan una decena de testimonios y denuncias de víctimas de violencia obstétrica.

La Defensoría consultó a la Dirección Médica del hospital por ese caso y la respuesta, según consta en el documento, es que ese procedimiento “es el método de elección quirúrgico para tratar abortos menores a 12 semanas”.

El centro médico detalló que es un procedimiento invasivo y que la intensidad del dolor va a ser diferente para cada paciente y, además, señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que no debe realizarse con anestesia.

También señaló que el método se utiliza “a diario” en el hospital y que, entre otras razones, se aplica porque no requiere de un especialista en anestesiología ni sala de operaciones y, según aseguró, tiene menos riesgo de complicaciones.

Sin embargo, Alba Pascual, de la Dirección de Mujer de la Defensoría de los Habitantes, quien elaboró el informe, aseguró que precisamente debido a lo traumático y doloroso del procedimiento, otros hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no lo practican.

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Para Pascual, la violencia obstétrica había pasado desapercibida e incluso era vista como algo normal. No obstante, aseguró que hace poco menos de tres años comenzaron a recibir las primeras denuncias.

A su criterio, durante décadas las mujeres han sufrido una subordinación con respecto a los encargados de dirigir ese momento tan importante en sus vidas.

Las afectadas ahora reportan ser sometidas a la episiotomía (conocida como “piquete”) sin necesidad y sin más justificación que agilizar el proceso natural del parto, así como a maniobras “dolorosas” para evitar una cesárea.

“Deje de matar personas”

“Vea señora lo que se tiene que venir se viene y lo que se sostiene se sostiene”. Esa fue la primera respuesta que recibió una asegurada que acudió al Hospital de Ciudad Neilly, en Corredores, con dolor de vientre y sangrado en octubre del año pasado.

Según la denuncia de la Defensoría, la mujer pidió al médico que la atendió en emergencias que le realizara un ultrasonido pero este se negó y, más bien, la remitió a hacerse un examen de orina sin acompañamiento.

Mientras se dirigía al laboratorio, la mujer sufrió un sangrado. Había perdido a su bebé... Al regresar donde el doctor, la respuesta fue peor de lo que esperaba:

“No le digo que lo siento mucho ya que nunca me ha pasado, pero usted debería de dejar de estar matando personas. No se embarace más y disfrute su hijo de 7 años”, y me indicó que hasta el siguiente día me harían el legrado”, añade la asegurada en su declaración

En la respuesta de del hospital, el director médico alegó que no había “argumentos categóricos” para concluir que, en efecto, el doctor utilizó las palabras que la paciente denunció, pues no había testigos.

Por esa misma razón, indicó, no iniciaron ningún proceso administrativo, aunque sí reconoció que existieron “debilidades en el proceso de atención, al permitir que se desplazara sola a otras áreas del hospital en esas condiciones".

Otra de las situaciones por las que la Defensoría recibe denuncias tiene que ver con el daño emocional que sufren las madres cuando muere su hijo en el parto.

“No se toma en cuenta el dolor de una madre al tener una pérdida gestacional y se les ubica en el mismo salón donde están las otras mamás felices con sus hijos recién nacidos”, comentó Pascual.

Según la funcionaria, esta situación ocurre, principalmente, en centros médicos ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Por el contrario, hospitales como el de las Mujeres o el Calderón Guardia han implementado buenas prácticas como ubicar en una salita aparte a las señoras que sufren pérdidas o cuyos bebés nacen muertos e incluso crear algún tipo de recuerdo para ayudarles en el proceso de duelo.

La Nación consultó a la CCSS cuántas denuncias recibe por este tipo de violencia. Según indicó la institución, de enero a octubre de este año solo se han registrado dos situaciones.

La Caja informó, además, de que en en los últimos años se han realizado transformaciones en el proceso de atención de las mujeres en las maternidades y se aprobó un “Modelo de Atención Calificada del Parto”.

Dentro de esos cambios se encuentran la entrega de paletas y bolis a la mujer durante la labor de parto, para reforzar su hidratación.

También se contempla el uso de cortinas especiales para proteger la intimidad de la madre, acompañamiento durante la etapa preparatoria, música, esencias, sillas de parto y adaptaciones interculturales.

Según la Caja, cada año se destinan unos ¢1.000 millones para mejorar las condiciones de sus maternidades.

La funcionaría de la Defensoría añadió que pese a esas mejoras, es necesario seguir trabajando en la capacitación y sensibilización sobre derechos humanos, tanto en los hospitales como desde la academia y colegios profesionales.

Las vidas que se apagan

Fiorella soñaba con ser médica forense, le ilusionaba retomar las clases de violín que puso en pausa para concentrarse en el colegio y era conocida en su barrio por su sencillez y simpatía.

Esta joven de 16 años se convirtió, el pasado viernes 16 de noviembre, en la víctima número 21 de feminicidio en lo que va de este año, luego de que su “novio” le disparara e intentara hacer pasar lo ocurrido como un suicidio.

Su abuela, Lucha Zapata cuenta que ni siquiera sabían que la muchacha tenía un “novio” seis años mayor que ella, con el que la joven se encontró el miércoles 14 de noviembre en la casa de él tras salir del colegio.

Lo que pasó durante el encuentro sigue siendo un misterio para la familia. Fiorella murió en el Hospital San Rafael de Alajuela dos días después de lo ocurrido. Las pruebas forenses determinaron que la joven no pudo haberse disparado así misma.

“Fiorella era una niña sencilla y alegre, era un sol, nunca fue una niña con malicia, seguro por eso me la envolvieron”, cuenta resignada doña Lucha.

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Fiorella no solo es la víctima más joven de los feminicidios registrados este año, sino que también es la única menor de edad.

“El femicidio es la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada, por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja actual o pasada, o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja.

No es un homicidio común, sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre femicida”, indica en su definición el Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

Dicha oficina contabiliza en el país, además de las 21 víctimas fatales, 71 tentativas de feminicidio entre el 1.° de enero y el 20 de noviembre del presente año.

Mientras tanto, datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revelan que más de 9.000 mujeres fueron a parar a un hospital durante el año pasado a causa de agresiones sufridas en su hogar.

Este año, el servicio de emergencias 9-1-1 había atendido, hasta el pasado 20 de noviembre, 92.276 llamadas por violencia intrafamiliar (unos 284 reportes diarios). En su mayoría eran mujeres pidiendo auxilio.

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El promedio actual es mayor al reportado por ese sistema en abril pasado, cuando se recibían unos 268 casos por día.

Para Ana Hidalgo, coordinadora del área de violencia de género del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el hecho de que aumenten las llamadas de este tipo también podría ser considerado como una señal positiva.

“Es lo que hemos hecho todo el año tratando de decirles a las mujeres un mensaje muy sencillo: buscar ayuda salva vidas". comentó Hidalgo.

"Porque muchas veces cuando pasa un femicidio muchas nunca habían pedido ayuda, nunca habían hablado de su violencia, ni pidieron medidas de protección. Entonces eso puede tener un impacto de que están respondiendo a la consigna”, agregó.

La funcionaria reconoció que les queda una tarea aún más grande por hacer, la cual consiste en impactar el entorno de las mujeres agredidas con otro mensaje igual de claro: “La indiferencia mata”.

Según dijo, entre vecinos, familiares o amigos todavía prevalece la actitud de no involucrarse ante situaciones de violencia. Sin embargo, insistió en que una reacción oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Muchas veces las mujeres están atrapadas, tienen miedo, y uno les está diciendo busque ayuda, rompa el silencio. La mujer puede querer hacerlo pero tiene un conjunto de condiciones emocionales, psicológicas y económicas y es donde deben entrar otras personas que se le acerquen para ofrecerle ayuda, escucharla y que no se sienta sola”, sostuvo.

Otro de los temas que también buscan atacar es la indiferencia machista, es decir la pasividad de otros hombres ante actitudes agresivas o de acoso de parte de compañeros de trabajo, amigos y familiares contra las mujeres.

El tormento del acoso en las calles

Acciones cotidianas como caminar o tomar el bus se convierten a diario en situaciones de riesgo para las mujeres en Costa Rica. Los casos de acoso sexual callejero son incontables y suceden en cualquier lugar, a cualquier hora.

Las historias van desde hombres que les gritan vulgaridades, hasta tocamientos o masturbaciones en el transporte público.

“Me tocaron el trasero en la acera por mi casa cuando tenía 15 años, cuando tenía 19 un señor me acorraló en un bus y se sacó el pene", relató una mujer de apellido Hidalgo como parte de múltiples testimonios recopilados por La Nación mediante redes sociales.

"No podría contabilizar las veces que me gritan en la calle, que escucho comentarios inapropiados, las miradas acosadoras, las veces que tengo que armar un horario para no estar sola, las veces que los hombres se tratan de propasar en un bus lleno, son miles de detalles”, manifestó la mujer.

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Las estadísticas confirman que este tipo de violencia es constante en el país. Durante 2017, los juzgados contravencionales recibieron 5.325 denuncias relacionadas con acoso callejero, es decir casi 15 al día, una cada media hora.

Del total de quejas, 2.580 fueron por palabras o actos obscenos, 2.474 por proposiciones indecorosas, 22 por tocamientos y 249 por exhibicionismo.

En los primeros seis meses de este 2018, los juzgados recibieron 2.932 denuncias de este tipo. 132 por exhibicionismo, 9 por tocamientos,1.376 por proposiciones irrespetuosas y 1.415 por palabras o actos obscenos.

En Costa Rica, el acoso sexual callejero no es un delito, pero se sanciona como una contravención con una pena que va de 5 a 30 días de multa, es decir entre ¢71.833 y ¢431.000.

Protocolo para policías

Ante este fenómeno, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó el viernes anterior, un decreto que oficializó y declaró de interés público la ejecución de las acciones establecidas en el Protocolo de Intervención Policial en la Atención de Casos de Acoso Sexual en Espacios Públicos o de Acceso Público.

El protocolo define los pasos que deben ejecutar los policías cuando atiendan casos de acoso callejero. El documento busca evitar que los infractores queden impunes.

La guía de actuación policial define cómo se recibe la denuncia, cómo abordar el incidente y los datos que deberá llevar el informe. También brinda una amplia definición de acoso sexual callejero que incluye silbidos, comentarios sexuales explícitos, miradas fijas, masturbación pública, entre otros.

El protocolo define que para atender un caso, el oficial debe contactar a la víctima, detener a la persona denunciada, entrevistar a la víctima y testigos, apuntar sus datos y recopilar posibles videos o fotografías que funcionen como evidencia. Además, el policía deberá permanecer en el lugar de los hechos por la seguridad de la persona denunciante.

Posteriormente, la persona detenida será llevada ante las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica.

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La víctima puede denunciar el acoso al 9-1-1 o ante un policía. El protocolo recomienda reconocer posibles testigos y tomar sus datos, además de identificar características para describir al acosador.

Si el acoso ocurre en un espacio público privado, como un centro comercial, es posible recurrir a la seguridad privada del lugar, para que detenga al agresor mientras llega la Fuerza Pública.

Si sucede en el transporte público, el hecho se debe informar al chofer, quien deberá contactar a las autoridades y sacar al acosador del vehículo.

¿Por qué cuatro de cada 10 enjuiciados por agresiones sexuales quedan libres?

Entre los años 2010 y 2017, se dieron en Costa Rica 9.856 sentencias relacionadas con delitos sexuales, 4.372 fueron absolutorias, es decir cuatro de cada diez.

La mayoría de las absolutorias están relacionadas, según María Gabriela Alfaro, fiscala adjunta de Asuntos de Género, con una insuficiencia probatoria que impide condenar a los imputados.

Una de las principales circunstancias que provocan esa falta de pruebas contundentes es que las víctimas, en ocasiones, deciden abstenerse de declarar contra los agresores.

“Cuando llegamos a juicio por la relación de familiaridad que existe muchas veces entre la persona imputada y la víctima, esta tiene derecho de abstención y muchas víctimas se acogen a ese derecho y sin la declaración de la persona, aún cuando haya interpuesto una denuncia en la etapa anterior, esa denuncia no es suficiente porque es prueba documental y al acogerse a la abstención se impide que se puedan tomar declaraciones anteriores.

“Ahí el Ministerio Público se queda sin pruebas y con una clara insuficiencia probatoria que, a pesar de haber cubierto suficiente para llevar un proceso hasta la etapa de juicio, pues resulta insuficiente para tener un grado de certeza absoluta de la autoría de la persona agresora, que es lo que se requiere en la etapa de juicio”, explica Alfaro.

Otra situación que impide llegar a sentencias condenatorias es que los delitos sexuales normalmente ocurren en el ámbito de la intimidad por lo que no hay testigos presenciales de los hechos. Además, algunos delitos son denunciados mucho tiempo después de que se dieron, situación que complica la recolección de pruebas.

También es común que, por el tiempo transcurrido, la víctima en juicio emita una declaración distinta a su aproximación inicial, olvida algunos elementos importantes o la declaración no sea lo suficientemente concordante y precisa para llegar a una sentencia condenatoria.

Según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, el 90% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. Durante 2017, ingresaron a las Fiscalías Penales 8.818 denuncias de ese tipo.

Las denuncias por ese tipo de delitos crecieron en forma constante durante la última década. En el 2007, se recibieron 5.333, es decir, en 10 años los casos por delitos sexuales se incrementaron en un 65%.

Los delitos por los que se registran más denuncias son las relaciones sexuales con personas menores de edad, los abusos sexuales contra personas menores de edad o incapaces, y las violaciones.

Los delitos de ámbito sexual representan, aproximadamente, el 4% de la totalidad de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.