Patricia Recio. 29 abril, 2018

Son las 10:30 a. m. de un viernes “normal”. No es feriado, ni hay partidos de fútbol u otra situación considerada por las autoridades como “detonante de violencia doméstica”. Sin embargo, al teléfono de la operadora Laura Rodríguez entra una llamada que activa un protocolo de respuesta que puede involucrar a más de 10 instituciones.

Se trata de una mujer que pide ayuda de las autoridades, pues al parecer la expareja de una hija suya irrumpió en su apartamento y se encuentra dentro de la vivienda destrozando cosas. Ella está afuera del inmueble, no ha sido agredida, pero teme por su integridad y solicita la ayuda de la Policía.

En la pantalla de la operadora del Sistema 9-1-1 se abre una ventana que dice “Violencia intrafamiliar en proceso”. Al mismo tiempo que ella recopila la información sobre la escena y sus protagonistas, una notificación está siendo enviada a la delegación policial más cercana al lugar del incidente.

El Centro de Operaciones del servicio de emergencias 9-1-1, ubicado en San Francisco de Goicoechea, es atentido por un equipo de operadores durante las 24 horas del día. Desde allí, se activa el protocolo de atención de agresiones domésticas. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal
El Centro de Operaciones del servicio de emergencias 9-1-1, ubicado en San Francisco de Goicoechea, es atentido por un equipo de operadores durante las 24 horas del día. Desde allí, se activa el protocolo de atención de agresiones domésticas. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal

La labor de Rodríguez finaliza al completar la dirección de las afectadas y enviar el reporte tanto a la Fuerza Pública como al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Este caso forma parte de los 268 reportes que el sistema 9-1-1 atiende a diario por distintos tipos de agresiones ocurridas dentro y fuera del hogar. Es decir, dicha plataforma recibe, en promedio, una llamada cada cinco minutos, en su mayoría de mujeres pidiendo auxilio.

Goles y golpes

Contrario a lo ocurrido ese viernes “normal”, el pasado domingo 21 de abril el promedio de casos atendidos se elevó a una llamada cada tres minutos y medio, pues se recibieron un total de 423 alertas.

Ese día, el pico más alto de reportes se registró entre las 5 p. m. y las 8 p. m., justamente durante la realización del clásico del fútbol nacional y la hora siguiente al pitazo final. Solo en esas tres horas hubo 74 solicitudes de auxilio. Es decir, durante ese lapso, cada dos minutos y medio una mujer sufrió algún tipo de agresión en su hogar.

“Es muy recurrente en días festivos, feriados, fines de semana y partidos. Incluso, irónicamente, el Día de la Madre es uno de los días que más violencia doméstica recibimos”, aseguró Adriana Rodríguez, quien tiene ocho años de laborar como operadora del servicio de emergencias 9-1-1.

“Cuando ingresan llamadas de mujeres, lo que nos dicen es: ‘Me está agrediendo, me está golpeando, ¡necesito ayuda ya!’ Entonces, lo primero es tener la dirección porque si se corta esa llamada, la dirección es lo que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, agregó María Barahona, otra experimentada funcionaria de ese centro.

Maria Barahona (izquierda) y Adriana Rodriguez, operadoras del servicio 9-1-1, aseguran que uno de los principales retos es atender llamadas de niños, debido a que se dificulta obtener la dirección exacta del sitio de la agresión. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal
Maria Barahona (izquierda) y Adriana Rodriguez, operadoras del servicio 9-1-1, aseguran que uno de los principales retos es atender llamadas de niños, debido a que se dificulta obtener la dirección exacta del sitio de la agresión. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal

Ambas coinciden en señalar que uno de sus mayores retos es atender llamadas de niños pues, según relatan, se complica mucho obtener una dirección detallada.

“Una vez un niño me llamó y me decía: ‘Mi papá está macheteando a mi mamá’. Lo primero en estos casos es tratar de calmarlos a ellos para poder ayudar. En esa ocasión, ayudó que la señora de la policía local que recibió la llamada conocía bien la zona y hablando con el niño logró guiarla hasta donde estaban”, recordó Rodríguez.

En otros casos, aseguran ambas, ni siquiera se escucha una voz de auxilio, sino un escándalo de golpes y gritos. El reto en estos episodios es aún mayor pues no siempre se cuenta con la información del teléfono desde donde se hace la llamada o la posibilidad de realizar triangulaciones para detectar la ubicación.

(Video) Casos de violencia intrafamiliar aumentan respecto a 2017

La intervención

Cuando la llamada al 9-1-1 finaliza, la acción de las entidades apenas inicia.

La Fuerza Pública representa el primer actor en sitio.

Raúl Morales, coordinador nacional del Programa de Violencia Doméstica del Ministerio de Seguridad Pública, explicó que al recibir una llamada, “la intervención tiene que ser inmediata”.

Según relata Morales, lo primero que se debe hacer al llegar a la escena es inmovilizar al agresor y alejarlo de la víctima.

Lo anterior significa que el sujeto puede ser llevado a una patrulla o trasladado de inmediato a la delegación policial o la Fiscalía, según el caso.

Morales sostuvo que los oficiales se preparan no solo para detener la agresión, sino también para brindar contención a la víctima.

En muchas ocasiones, relató, los agentes también sufren agresión.

Apoyo a la víctima

El siguiente actor en intervenir es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Rosey López, quien trabaja en el área de violencia de género de esa entidad, explicó que la acción se desarrolla desde diferentes áreas.

Cuando se recibe la llamada de emergencia, se envía personal desde el centro operativo de atención de violencia intrafamiliar.

Ese primer acompañamiento puede ir desde una contención emocional de la víctima o un acompañamiento para que pueda realizar gestiones de denuncia o solicitud de medidas de protección.

“Si de la violencia se deriva que la mujer tiene que ser trasladada a un centro médico también le dan seguimiento, porque una vez que están ahí es importante que el profesional de la salud sepa que la razón por la que entró es derivada de una situación de violencia”, explicó López.

El personal del Inamu, además, debe coordinar si es necesario para que las autoridades judiciales se trasladen a tomar la declaración de la afectada o, incluso, para velar por la seguridad de ella en el centro médico.

Además de la Fuerza Pública y el Inamu, el número de entidades que participan en atenciones de este tipo varía según las particularidades de la agresión.

Puede ser que en un caso se requiera apoyo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) porque hay niños en riesgo, o de la Cruz Roja debido a la gravedad las lesiones sufridas por la víctima.

También puede ser que se requiera de la presencia del Cuerpo de Bomberos, porque han ocurrido casos en los que el agresor incendia la vivienda o las pertenencias de la víctima, o la deja encerrada.

Incluso, en algunas ocaciones hasta es necesaria la participación del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

De hecho, una de las operadoras del 9-1-1 recordó que un día antes de la visita de este diario, recibió una llamada de una mujer que pedía ayuda porque estaba siendo agredida y, en medio de la emergencia, el atacante mató a su mascota.

Posteriormente, las funcionarias del Inamu brindan asesoría a las mujeres en temas legales como procesos de penalización, pensión alimentaria, bienes y derechos gananciales y regímenes de visitas, entre otros.

Y en caso necesario, el Instituto ofrece acompañamiento psicológico y hasta albergue temporal.

López comentó que para el proceso de “sanación” de heridas emocionales, la entidad cuenta con una serie de “brazos” en todo el país, que incluyen grupos de apoyo en las comunidades, unidades regionales y proyectos municipales.

Incidentes reportados.
Incidentes reportados.
Estar seguras

Una vez que sucede el episodio de violencia doméstica y se superan las primeras intervenciones, lo que sigue es garantizar que la víctima esté segura.

La jueza María Elena Gómez, coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Violencia Doméstica del Poder Judicial, indicó que la persona que sufre un episodio de violencia puede acudir a los juzgados especializados o juzgados contravencionales a solicitar las medidas de protección que dispone la Ley contra la violencia doméstica.

Según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, el año pasado 51.404 mujeres solicitaron medidas de protección.

“La gran ventaja que tiene la ley es que con las medidas se dispone que deben tener el seguimiento (...), de manera que cuando se impone una medida de protección, inmediatamente el juez debe establecer un plan de seguimiento para determinar si realmente la medida la está protegiendo y que el agresor no vaya a incumplir”, explicó Gómez.

De acuerdo con la experta, usualmente esas medidas se fijan por un plazo de un año.

“Hay algún sector importante que solicita el levantamiento, pero el juez tiene que valorar si corresponde o no levantar la medida, de acuerdo a los hechos que fueron establecidos. Ellos pueden determinar si corresponde o no ese levantamiento”, añadió.

En materia penal, el castigo para el agresor se puede tramitar mediante dos vías: La Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres o el Código Penal.

Dicha legislación fija penas de prisión de entre seis meses y dos años a quien golpee o maltrate físicamente a una mujer con quien tenga una relación de matrimonio o de unión de hecho.

Monitoreo a casos de alto riesgo

Desde hace dos años, se empezaron a crear los Comités Locales para la Atención Inmediata y el Seguimiento de casos de alto riesgo por Violencia contra las mujeres (Clais) , los cuales, como su nombre lo indica, protegen a las mujeres que se identifican como posibles víctimas de feminicidio.

“Lo que se hizo fue activar en 15 comunidades un equipo de trabajo que pudiera estar más cerca de las situaciones inminentes de riesgo hacia las mujeres, que puedan dar una atención articulada y más cercana a las mujeres que tienen muy alto riesgo de muerte”, explicó Rosey López.

En los grupos participan un juez de violencia doméstica, un fiscal, recurso policial y personal de apoyo en psicología o trabajo social, que algunas veces pertenece al Inamu o a otras entidades.

“La idea es acortar la ruta, que cuando la policía identifica en campo esa violencia, por ejemplo una amenaza con arma, privación de libertad, intentos de ahorcamiento, se activa el comité local. El juez de violencia se traslada y tramita las medidas de protección y también la Fiscalía para que la víctima no tenga que brindar el relato una y otra vez y que de una vez quede enganchada con otros recursos de apoyo”, explicó la funcionaria del Inamu.

Según explicó la fiscala Priscila Arce, integrante del Clais de Cañas, en Guanacaste, en algunos casos las víctimas deciden no interponer la denuncia. Sin embargo, según aclaró, si se cuenta con elementos probatorios, el Ministerio Público continúa con el proceso.

Arce manfiestó que en el caso de ese cantón guanacasteco, la implementación de este programa les ha servido como un brazo de apoyo a la labor que anteriormente realizaban de manera coordinada únicamente con el juez.

Ericka Cabezas, psicóloga de ese Comité, añadió que otro problema que enfrentan es que gran parte de los casos no culminan el proceso.

Incluso, según dijo, muchas veces se enteran de que la víctima regresó con el agresor.

A ese Comité fue enviada una joven a quien por protección llamamos Alicia. Ella contó a La Nación que fue víctima de violencia desde los 16 años cuando quedó embarazada. La historia se repitió años después cuando una segunda pareja (tras abandonar a su primer agresor), también utilizó los golpes y amenaza como su receta de "amor".

Lea su historia completa en este enlace.

Los Clais funcionan en comunidades de alta incidencia o zonas de difícil acceso, como Puntarenas, Cañas, La Cruz, Turrialba, Golfito, Corredores y en la Gran Área Metropolitana (GAM), en cantones como Alajuelita, Desamparados y el central de Heredia, entre otros.