Un nuevo protocolo define los pasos que ejecutarán los policías cuando atiendan casos de acoso callejero contra las mujeres.
El documento, presentado este miércoles, busca visibilizar este problema social y evitar que los infractores queden impunes. Esta guía de actuación policial define cómo se recibe la denuncia, cómo abordar el incidente y los datos que deberá llevar el informe.
También brinda una amplia definición de acoso sexual callejero que incluye silbidos, comentarios sexuales explícitos, miradas fijas, masturbación pública, entre otros.
La herramienta fue elaborada por el Ministerio de Seguridad, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Poder Judicial, la Municipalidad de Heredia, la Defensoría de los Habitantes y los despachos de las diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega y Nielsen Pérez.
También participaron grupos de la sociedad civil como Acción Respeto, Peras del Olmo, Centro para la Sostenibilidad Urbana y Grupo Acceder.
Desde hace algunos meses los oficiales están recibiendo capacitaciones sobre acoso sexual, las cuales iniciaron en los cantones centrales de San José y Heredia, al ser estos los puntos donde se registran más casos de acoso sexual callejero.
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Asimismo, en los próximos días se capacitarán a todos los asesores legales de cada región de la Fuerza Pública del país, para que estos a su vez instruyan a los oficiales de su zona.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, manifestó que “es una cuestión de sensibilización para todos. Es decir, que si una mujer se acerca a un policía y le dice que fue víctima de acoso callejero, el policía tiene que saber que debe atenderla y qué tiene que hacer. Seamos conscientes, en algún momento hemos visto eso como muy normal, el piropear, y hay piropos muy agresivos, no es poca cosa, es una expresión de violencia no deseada por las mujeres”.
“Hoy el Ministerio de Seguridad reafirma el compromiso con el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en protección de manifestaciones de violencia contra las mujeres. Pretendemos coadyuvar en la promoción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia de género”, aseguró el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano.
Pasos a seguir
El protocolo define que para atender un caso el oficial debe contactar a la víctima, detener a la persona denunciada, entrevistar a la víctima y testigos, apuntar sus datos y recopilar posibles videos o fotografías que funcionen de evidencia.
Además, el policía deberá permanecer en el lugar de los hechos por la seguridad de la persona denunciante.
Posteriormente, la persona detenida se lleva a las autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica.
La víctima puede denunciar el acoso al 9-1-1 o ante un policía. El protocolo recomienda reconocer posibles testigos y tomar sus datos, además de identificar características para describir al acosador.
Si el acoso ocurre en un espacio público privado, como un centro comercial, es posible recurrir a la seguridad privada del lugar, que puede detener al victimario mientras llega la Fuerza Pública. Si sucede en el transporte público, el hecho se informa al chofer, quien puede contactar a las autoridades y sacar al acosador del vehículo.
Posibles sanciones
La ley costarricense aún no tipifica el acoso callejero como delito, sin embargo, el artículo 392 del Código Penal impone de cinco a treinta días multa por contravenciones que incluyen esta práctica, es decir, entre ¢71.833 y ¢431.000.
Una de las conductas sancionables es la expresión de palabras o actos obscenos en público, lo cual abarca incluso ruidos que en el contexto impliquen una obscenidad.
También se castigan proposiciones irrespetuosas, ademanes groseros e impertinencias de hecho, orales o escritas; tocamientos, referido a quienes se aprovechan de aglomeraciones para tocar a otra persona sin su consentimiento; exhibicionismo y miradas indiscretas.
Según datos de los juzgados contravencionales, en el 2016 se denunciaron 6.489 casos de este tipo, divididos en 3.844 usos de palabras o actos obscenos, 2.435 proposiciones irrespetuosas, 22 tocamientos y 188 exhibicionismos.
Además, el Segundo Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica, elaborado por el Inamu en el 2015, reveló que un 70% de mujeres encuestadas reportó enfrentar formas de violencia como “piropos” y comentarios sobre su cuerpo o manera de vestir.