Ángela Ávalos. 1 agosto
El faltante de insumos en hospitales públicos asciende a 72 productos diferentes. La mayor proporción (un 47%) son medicinas, seguidos por reactivos (27%), informó la Gerencia de Logística.
El faltante de insumos en hospitales públicos asciende a 72 productos diferentes. La mayor proporción (un 47%) son medicinas, seguidos por reactivos (27%), informó la Gerencia de Logística.

El nuevo presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes, recién llega a la institución y ya tendrá que dar cuentas a la Asamblea Legislativa por el desorden en la compra de insumos médicos en hospitales públicos.

Macaya, quien inicia funciones este miércoles, fue citado el 20 de agosto a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, confirmó el diputado del Partido Restauración Nacional, Jonathan Prendas, quien preside ese foro de legisladores.

El empresario llega como sucesor de Fernando Llorca Castro, quien estuvo al frente de la Caja en el último año.

Además de Macaya, informó Prendas, también comparecerá David Valverde Méndez, director del grupo interventor conformado por la CCSS para investigar las anomalías detectadas en la Dirección de Aprovisionamiento Institucional de Bienes y Servicios.

Valverde Méndez acudirá ante los diputados el 13 de agosto.

La Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios fue intervenida el 16 de mayo, tras detectarse el incremento de hasta un 40% en el desabastecimiento de productos como medicinas y otros insumos vitales para la operación de los servicios hospitalarios; entre ellos, materiales para pruebas de laboratorios y reactivos.

Cadena de abastecimiento CCSS
Cadena de abastecimiento CCSS

La intervención fue ordenada por la gerenta de Logística interina, Gabriela Murillo Jenkins, quien también encontró expedientes con procesos de sanción a proveedores, engavetados hasta siete años sin seguir el debido proceso para proceder con los reclamos.

Hasta hace unas semanas, se habían encontrado más de 400 expedientes en esas condiciones. En muchos de esos procesos, la CCSS estima haber perdido unos $300.000 en trámites de sanción que no concluyeron.

Ese monto podría aumentar, pues siguen apareciendo expedientes de sanciones por incumplimiento de contratos a las cuales nunca se les dio trámite, informó Murillo Jenkins.

La Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja maneja cerca de ¢180.000 millones anuales (unos $320 millones) para la compra de todo lo que requieren los enfermos para su atención en los centros de salud.

Entre los hallazgos revelados hasta ahora, también se incluye la falta de un protocolo para sancionar a los proveedores que no cumplen con las fechas de entrega o con la calidad del producto, y la ausencia total de un registro de casos que permita dar seguimiento a cada proceso de sanción.

Un primer informe sobre este caso ya fue conocido por la actual Junta Directiva de la Caja, el 5 de julio. Entre las decisiones tomadas por el máximo órgano de la CCSS está la de enviar la denuncia a la Fiscalía.

En el Ministerio Público, se tramita la causa 18-000073-1218-PE por el presunto delito de peculado. Este delito consiste en la distracción o sustracción de fondos dados a un funcionario para su administración en razón del cargo.

El caso todavía se gestiona contra “ignorado” y se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, enfocada en la recolección y análisis de pruebas, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.

Por el momento, cinco funcionarios que tenían cargo de jefatura fueron separados de sus cargos temporalmente y trasladados a otras funciones dentro de la CCSS mientras se realizan la intervención, que está programada para terminar en noviembre.