Ángela Ávalos. 19 julio, 2018
Area de despacho de medicinas de la farmacia del hospital México. El desabastecimiento de medicamentos aumentó hasta un 40% en los últimos diez meses por desórdenes encontrados en la Dirección de Aprovisionamiento de la CCSS. Foto: Albert Marín
Area de despacho de medicinas de la farmacia del hospital México. El desabastecimiento de medicamentos aumentó hasta un 40% en los últimos diez meses por desórdenes encontrados en la Dirección de Aprovisionamiento de la CCSS. Foto: Albert Marín

Los reclamos contra proveedores que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejó vencer, acumulan hasta el momento pérdidas por $300.000.

Ese monto podría aumentar, pues siguen apareciendo expedientes de sanciones por incumplimiento de contratos a las que nunca se le dieron trámite. Estos aparecen en los sitios más inimaginables de las oficinas de los abogados responsables de los casos, informó Gabriela Murillo Jenkins, gerenta interina del área de Logística.

El dato es uno de los hallazgos recientes de la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, adscrita a la Gerencia.

Esa dependencia fue intervenida el 16 de mayo tras detectarse numerosos fallos en la administración de los ¢180.000 millones anuales (alrededor de $320 millones) de presupuesto para comprar medicinas, reactivos de laboratorio e insumos médicos necesarios para la atención de enfermos en todos los hospitales públicos.

El desabastecimiento de insumos básicos en los centros de salud, que creció un 40% en diez meses, y el hallazgo de expedientes de sanción con procesos inconclusos “engavetados” hasta siete años, fueron parte de las razones que justificaron la intervención, la cual se prolongará por seis meses.

Según explicó Gabriela Murillo Jenkins, las primeras revisiones dejaron ver “un monto importante de ejecución de garantías y de multas que prácticamente no será posible cobrar por la vía administrativa”.

Esto se debe al vencimiento de los plazos porque los procesos de sanción nunca se concluyeron.

“Habrá que ver si por la vía penal hay alguna posibilidad de recuperar esos montos, pero esto lo tendrá que analizar la Dirección Jurídica”, aclaró la gerenta.

Los $300.000 salen de un inventario de los expedientes hallados en oficinas administrativas.

Ese inventario no existía, afirmó Murillo, por lo cual se tuvo que empezar por el principio: identificar cada documento y darle un código de “procedimiento de sanción a particular”.

Casos sin seguimiento

La ausencia de un sistema de información que permitiera dar seguimiento a cada proceso por incumplimiento por parte de proveedores es otro de los descubrimientos recientes de la intervención.

"No había trazabilidad. No se sabía a quién se le asignaba el caso ni por dónde iba el proceso. Realmente, no se tenía ese registro. Todo esto se ha tenido que hacer manualmente.

“Seguimos encontrando expedientes. De repente, se encuentran un armario y lo abren y ahí hay expedientes. Así se han encontrado más de 400, y de lo que se ha revisado se llevan $300.000, que es una cifra que podría aumentar”, agregó Gabriela Murillo.

Esta Gerencia alista un historial de cumplimiento de los proveedores, con el récord de cada empresa. Será la primera vez que la Caja cuente con un registro así.

Para esto, deberá crear un reglamento y una estructura legal, tarea que ya se coordinó con la Dirección Técnica de Bienes y Servicios.

La creación de ese historial se justifica en el hallazgo de esos más de 400 expedientes empantanados.

Lo que se encontró es que había, al menos, 140 documentos que solo estaban para firmar la resolución final, pero la mayoría tenía los procesos vencidos.

"Hay contratos no solo de medicamentos si no de otros tipo de compras, como consultorías, cuyo producto no fue satisfactorio. Hay otros en donde una misma casa proveedora tiene 17 procesos de sanción.

“Ahí es donde viene uno con el tema del historial. Eso es como que en el trabajo uno no controle las llegadas tardías. La gente llega tarde o no llega y no se sanciona”, dijo Murillo.

“Esto debería ser un tema a nivel nacional porque trasciende la Caja. Hay empresas que no solo sirven a la CCSS sino al AyA (Acueductos y Alcantarillados), al MAG (Ministerio de Agricultura)... Costa Rica como Estado no tiene ese historial de cumplimiento, como sí existe en el área crediticia”, comentó Murillo.

Por ahora, la institución ha logrado reducir a la mitad el desabastecimiento en reactivos para laboratorios, pero se mantienen los faltantes en medicamentos, calculados en unos 34 según un corte realizado al 30 de junio.

En total, el faltante asciende a 72 productos diferentes. La mayor proporción (un 47%) son medicinas, seguidos por reactivos (27%), informó la Gerencia de Logística.

Las acciones

Un primer informe sobre este proceso ya fue conocido por la actual Junta Directiva de la Caja, el 5 de julio. Entre las decisiones tomadas por el máximo órgano de la CCSS está enviar la denuncia a la Fiscalía.

En el Ministerio Público, se tramita la causa 18-000073-1218-PE por el presunto delito de peculado. Este delito consiste en la distracción o sustracción de fondos dados a un funcionario para su administración en razón del cargo.

El caso todavía se gestiona contra “ignorado” y se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, enfocada en la recolección y análisis de pruebas, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.

A partir de la presentación a la Junta Directiva, explicó la gerente, se tomaron las siguientes decisiones:

- Que la intervención defina el tema de responsabilidades. Se han estado levantando las pruebas para ver si se identifican las posibles responsabilidades a nivel administrativo.

- Se lanzó un llamado de emergencia al resto de las gerencias de la CCSS, como una medida de emergencia administrativa.

Se pidió que cada una aporte al menos tres abogados para crear un grupo responsable de sacar el acumulado de expedientes. Se estima que se necesitan unos 12 abogados que se sumen a los cinco que ya hay para atender lo inmediato.

- Se ordenó conformar en el mediano plazo (seis meses) un equipo especializado en el tema de sanciones a particulares. Ese equipo podría estar adscrito al CIPA (Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos) o a la Dirección Jurídica.

Estaría integrado por abogados especialistas en derecho público y administrativo. La Junta instruyó a la Gerencia Administrativa y a la de Logística llevar una propuesta en un plazo corto para armar esa unidad e incorporarla en el proyecto de reestructuración de la CCSS.

- Modificar los reglamentos internos de compra para actualizar todos los instrumentos internos de contratación.

Durante los seis meses que se prolongará esta intervención, cinco personas permanecerán separadas de sus labores temporalmente. Todos son funcionarios que tenían cargos de jefatura en esa dirección y que ahora realizan tareas diferentes a las que tenían en la Dirección.

Se trata de los siguientes funcionarios:

- El director de aprovisionamiento, Manrique Cascante Naranjo, quien había sido separado con una medida cautelar producto de una investigación preliminar de la entonces gerente, Dinorah Garro, por supuestos problemas de clima organizacional.

- El jefe del área de Gestión de Medicamentos, Pablo Cordero Méndez.

- El jefe del área de Adquisiciones, Maynor Barrantes Castro.

- El jefe del Área de Almacenamiento y Distribución (Aldi), Eduardo Serrano.

- La jefa de subárea de Garantías y Contratos, Olga Rooper.

La Gerencia de Logística no descarta sumar más funcionarios a esa lista.