En los últimos diez meses, el faltante de medicinas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) subió un 40%; algo que no se había visto en la última década.
En las farmacias de la institución están agotados productos como el antibiótico Rifampicina de 100 mg, necesario para combatir enfermedades entre las que están la tuberculosis o la meningitis.
Está "en cero" un antirretroviral para enfermos con VIH-sida, el Elvitegravir de 150 mg. Lo mismo ocurre con el Fenobarbital, un barbitúrico usado para controlar convulsiones, aliviar la ansiedad y prevenir los síntomas de abstinencia en las personas que son dependientes a drogas.
En los hospitales también comenzaron a faltar insumos básicos como catéteres, bombas de oxígeno, jeringas para insulina y dispositivos para la atención odontológica, lo cual los ha obligado a montar compras urgentes para garantizar la atención.
La responsabilidad de este desabastecimiento recae sobre la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja. Allí se han detectado errores en el manejo de cerca de ¢180.000 millones anuales (unos $320 millones) destinados a la compra de todo lo que requieren los enfermos para su atención en los centros de salud.
Tales anomalías justificaron que la Dirección fuera intervenida por orden de la gerenta interina de Logística, Gabriela Murillo Jenkins, el 16 de mayo. Dicha dependencia es una de las tres que componen la Gerencia de Logística de la CCSS.
Murillo, quien es la titular de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, asumió en abril el recargo de Logística ante el término del nombramiento de su antecesora, Dinorah Garro Herrera.
Los fallos detectados en esa dirección tienen en riesgo la provisión de 146 productos entre insumos, reactivos y fármacos.
Además de detectar la presencia de productos "en cero", las autoridades encontraron otros insumos en riesgo de desaparecer de las farmacias, pues apenas tienen garantizadas existencias para un mes.
Una de las principales amenazas que resultan de esta situación es la impunidad en la que pueden quedar decenas de proveedores que no fueron sancionados a tiempo porque funcionarios de esa dirección, supuestamente, engavetaron expedientes hasta por siete años, sin finiquitar el procedimiento, informó Murillo.
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En una entrevista con La Nación, la gerenta y dos miembros del equipo interventor revelaron el hallazgo de una serie de debilidades en el funcionamiento de la dirección más importante del área de Logística, la cual es, al mismo tiempo, responsable de sostener toda la cadena de abastecimiento institucional.
Expedientes ‘abandonados’
El desabastecimiento de medicamentos es solo uno de los síntomas de una enfermedad más compleja.
En los primeros días de la intervención, se encontraron 247 expedientes "abandonados" en oficinas de abogados de esa dirección con trámites de sanción a empresas proveedoras pendientes de resolver. Estas incluso ya iniciaron gestiones para solicitar la prescripción de los procesos.
Esto tiene que ver con otro hallazgo hecho por los interventores: la falta de un protocolo para sancionar a los proveedores que no cumplen con las fechas de entrega o con la calidad del producto.
Hasta ahora, se busca sancionar sin seguir un procedimiento estándar: cada abogado de la Dirección de Aprovisionamiento lo hace "a su estilo".
"Este asunto sancionatorio es muy muy importante y fundamenta la intervención. A raíz de la noticia de todos esos expedientes en estado de abandono, la intervención entra a levantar el estado de las cosas y hemos encontrado que no hay controles en el tema sancionador.
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"La cadena sancionatoria está bastante atomizada y da como resultado que los procesos duren años", reconoció David Valverde Méndez, director de la intervención.
El control de proveedores y la planificación de las compras son pasos básicos que sostienen la cadena de abastecimiento institucional.
Dicha cadena es compleja y requiere de una elevada dosis de planificación y coordinación para garantizar que el producto esté disponible tanto para el personal de salud que atiende enfermos hospitalizados como para quienes van a la ventanilla de la farmacia después de la consulta médica, explicó Miguel Salas Araya, miembro del equipo interventor y quien tomó las riendas de la división de medicamentos.
La cadena arranca cuando el centro de salud detecta la necesidad de adquirir un producto. Continúa con todo el proceso de compra, en el cual se toma en cuenta el comportamiento de las enfermedades a lo largo del año. Finaliza cuando el paciente recibe el insumo para resolver su problema de salud.
Ese sistema funciona como un dominó que afecta, para bien o para mal, otras áreas sensibles del sistema hospitalario.
El desabastecimiento desencadenó, por ejemplo, un incremento de las compras de emergencia en los hospitales.
Esta es una práctica que no conviene a la institución porque eleva el costo de las adquisiciones hasta en un 30% en comparación con las adquisiciones que se hacen desde nivel central, cuyos precios son menores porque se compra por volumen.
La Contraloría General de la República (CGR) ha llamado la atención a la CCSS varias veces por esa práctica. El último informe (DFOE-SOC-IF- 012-2016), del 5 de diciembre anterior, detectó lo siguiente:
- La falta de un sistema para detectar a tiempo los riesgos en estas adquisiciones.
- La realización de compras no incluidas en el plan anual.
- Falta de definición de los márgenes de aceptación de precio ruinoso o excesivo para medicinas e insumos médicos.
- Carencia de multas y de cláusulas penales para prevenir defectos en la ejecución de los contratos.
Según la Contraloría, en dos años (del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015) la institución invirtió más de ¢225.000 millones en compras vía contratación administrativa, con modalidades como licitaciones públicas y abreviadas o compras directas.
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"Cuando un paciente llega a la ventanilla de farmacia y no hay un producto, algo pasó con la cadena que no logra el resultado final. La intervención fue una medida analizada desde el punto de vista jurídico y administrativo. Se hizo una valoración de riesgo de toda la cadena de abastecimiento y las situaciones que estaban pasando", justificó Gabriela Murillo.
La gerenta confirmó que en este proceso inicial de intervención también se lograron detectar trámites de adjudicación con retraso de varios meses, cuando lo único que faltaba para resolver la compra era la firma de un funcionario.
"¡Estos son casos que hay que resolverlos en un día! ¿Por qué duraban dos meses? Esas preguntas son las que intentaremos responder", dijo Murillo Jenkins.
"Parte de las medidas urgentes del equipo interventor es que todo lo que sale del área de adquisiciones se adjudica el mismo día, no más de 24 horas", agregó David Valverde.
Seis meses para corregir rumbo
El equipo interventor tendrá seis meses para enderezar el rumbo de esa dirección. Muchas de las acciones que se hagan dependerán del apoyo que les dé la nueva Junta Directiva de la Caja, la cual aún no ha sido juramentada por el Consejo de Gobierno.
Entre ellas, se baraja la creación de un órgano especializado en procedimientos sancionatorios a proveedores, informó Gabriela Murillo.
Por ahora, están corriendo para aligerar los procesos de compra de insumos y fármacos para que, a la brevedad posible, se puedan abastecer los hospitales.
"Estamos negociando con los proveedores los adelantos de entrega de los contratos que ya tenemos y estamos buscando agilizar como se hizo con el Propofol (inductor de la anestesia). Sí hay buenos proveedores y estamos negociando con ellos el adelanto", comentó Miguel Salas, a cargo de la División de Medicamentos en el equipo interventor.
Hasta el momento, son cinco los funcionarios separados de sus cargos como medida cautelar mientras se realiza la investigación.
Todos siguen trabajando en la Caja pero en otras áreas. Son los siguientes:
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- El director de aprovisionamiento, Manrique Cascante Naranjo, quien había sido separado con una medida cautelar producto de una investigación preliminar de la entonces gerente, Dinorah Garro, por supuestos problemas de clima organizacional.
- El jefe del área de Gestión de Medicamentos, Pablo Cordero Méndez.
- El jefe del área de Adquisiciones, Maynor Barrantes Castro.
- El jefe del Área de Almacenamiento y Distribución (Aldi), Eduardo Serrano.
- La jefa de subárea de Garantías y Contratos, Olga Rooper.
Estos funcionarios interpusieron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el pasado 21 de mayo. Están pidiendo que se declare la nulidad de la medida. La solicitud debe elevarse a la Junta Directiva, informó Gabriela Murillo.
Para Murillo, muchas de las medidas correctivas se pueden tomar ya; otras requerirán de acuerdos de Junta y organizar equipos de trabajo específicos. No descarta reorganizaciones mayores que se extiendan al resto de la Gerencia de Logística.
"Lo cierto es que la intervención es para identificar esas medidas y empezar a implementar. Nosotros esperamos que en seis meses logremos bajar significativamente estos faltantes. La idea es poder dejar una ruta de estabilización y una mejora sustancial del proceso de cara a los pacientes", aseveró.