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Las reservas del Fondo de Retiro de Empleados (FRE), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no alcanzarían para cubrir las obligaciones con los 55.532 trabajadores en caso de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley que propone cerrarlo.
La Auditoría Interna de la CCSS reportó y cuestionó en diciembre de 2021 que las reservas ascienden a ¢219.772 millones. Sin embargo, los cálculos señalan que deberían tener ¢225.276 millones para soportar eventuales transferencias a cuentas individuales del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) en caso de que sea liquidado. El faltante, entonces, llega a los ¢5.500 millones.
Esa diferencia dejaría sin pago a 3.615 afiliados. En promedio, según cálculos oficiales, cada trabajador debería recibir ¢4,05 millones en su cuenta individual del ROPC para una futura pensión.
El FRE es un régimen de pensión complementaria exclusivo para funcionarios de la Caja. La misma entidad lo financia al aportar el 3% del total de salarios ordinarios mensuales; ningún empleado contribuye a nutrir el fondo.
Este beneficio fue incluido en la ley de creación de la CCSS, aunque inició operaciones en1983. Desde entonces, para asegurar su vida, la Caja ha tenido que aumentar el porcentaje de aportes como patrono y, al mismo tiempo, reducir el monto de pensión que le entrega a los trabajadores a la hora de su retiro.
¿Cuál es la razón del déficit? ¿Por qué la diferencia? ¿Cómo se cubriría el faltante? ¿Quién o quiénes son los responsables? ¿Existe una investigación al respecto? Ninguna de esas preguntas se le pudo realizar a Víctor Fernández, director ejecutivo del Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo de la CCSS, pues no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular. Tampoco respondió los mensajes enviados.
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El proyecto de ley 21.824, que propone cerrar el FRE, está en la subcomisión número tres de Asuntos Sociales desde hace más de un año a la espera de que se presente el informe final. Luego, tendría que ser conocido por el pleno de la comisión para obtener el dictamen y pasar a plenario.
La subcomisión está conformada por María José Corrales, del Partido Liberación Nacional; Silvia Villegas, diputada independiente e Ivonne Acuña, también independiente.
La propuesta, liderada por la legisladora de Liberación Nacional, Yorleny León, es liquidar el Fondo. Eso significa mantener el pago a los 19.000 pensionados bajo esa modalidad y trasladar a los trabajadores activos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, como la gran mayoría de empleados del país.
Rocío Aguilar, superintendente de pensiones, manifestó que la propuesta legislativa es viable.
“La conclusión es que eso es viable. Nadie tiene derecho a que el beneficio no se cambie, pero todos los cambios se tienen que hacer respetando los derechos adquiridos de la gente. Ahí tenemos a personas que están ya pensionadas y personas que están contribuyendo. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de poner en ejecución una ley como esta, a qué costo nos estamos refiriendo”, dijo Aguilar.
La insostenibilidad del Fondo afecta a los mismos empleados. En 1986, un trabajador que se retiraba con un salario de ¢900.000 al mes recibía ¢270.000 mensuales de pensión complementaria. En aquel entonces obtenía un 30% como tasa de beneficio. En 2011 bajó al 15%, por lo tanto, una persona que ganara ¢900.000 se iba con ¢135.000 mensuales y con la disminución al 7% percibe solo ¢63.000 por mes.
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En promedio, se trasladan ¢750 millones por mes para las pensiones complementarias de los empleados de la Caja; esa cifra puede subir o bajar de acuerdo con el comportamiento de la planilla.
De acuerdo con la Auditoría Interna, si la Caja solo aportara al ROPC, como lo hace el resto de patronos del país, ahorraría miles de millones al año. Por ejemplo, el análisis de los auditores indicó que, entre marzo y agosto de 2021, las transferencias al FRE y al ROPC representaron ¢20.679 millones. Si solo pagara al ROPC, como el resto de empleadores, esa cifra hubiese sido ¢8.092 millones.
A los ¢20.679 millones se deben sumar los traslados que hace la entidad para el Fondo de Capitalización Laboral de cada trabajador; ese rubro también fue de ¢8.092 millones entre marzo y agosto de 2021.
Auditoría pone plazo a respuesta
Una de las solicitudes hechas en diciembre de 2021 por la Auditoría Interna a la Gerencia Financiera fue que se debe hacer “un análisis técnico del impacto financiero de una posible liquidación del Fondo de Retiro de los Empleados”. Ese informe debe incluir “conclusiones y riesgos financieros para el Seguro de Salud” en el escenario de una liquidación. Para cumplir con ese propósito los auditores dieron un plazo de seis meses.
“La recomendación se dará por atendida cuando se presente a esta Auditoría el estudio elaborado por la Dirección Actuarial y Económica y que haya sido de conocimiento de la Junta Administrativa del Fondo, quien deberá analizarlo y en la eventualidad de que se apruebe el proyecto de ley citado, elevar a la Junta Directiva de la Institución los resultados del mismo”, manifestó el órgano fiscalizador.
