Médicos especialistas en Inmunología, Infectología o Pediatría son los responsables de decidir todo lo relacionado con la vacunación contra la covid-19: cuál vacuna se aplica, a quién y cuándo. Ellos y ellas integran la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) que hoy, más que nunca, está en el ojo público luego de que el nuevo presidente Rodrigo Chaves Robles, y la nueva ministra de Salud, Joselyn Chacón, firmaran dos decretos, uno de los cuales elimina la obligación de vacunarse contra la covid-19.
Ni el Presidente Chaves ni su ministra han dado cuentas a la prensa si consultaron al equipo de especialistas de esa Comisión una decisión de ese calibre en el inicio de la quinta ola pandémica. Tampoco el secretario de la CNVE, Roberto Arroba Tijerino, ha salido a la luz pública a confirmar o descartar si el equipo técnico-científico fue tan siquiera avisado de la medida que se iba a tomar.
Esta Comisión la integran ocho profesionales, y la encabeza la actual ministra Chacón, en sustitución de Daniel Salas Peraza, anterior jerarca de Salud. La CNVE fue creada en la Ley Nacional de Vacunación, la número 8111, del 18 de julio del 2001. Está adscrita al Ministerio de Salud pero es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, lo cual quiere decir que tiene independencia para la toma de sus decisiones técnicas.
De hecho, en declaraciones a La Nación, el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, recuerda que, por la ausencia de esa consulta, el decreto presidencial del 8 de mayo que elimina la vacunación obligatoria, es ilegal.
“Lo que no puede hacerse es lo que hizo el Gobierno, lo que está pretendiendo hacer, que es saltarse todo el procedimiento, la aprobación, la resolución de la comisión y los estudios técnicos que avalen esa resolución y directamente publicar el decreto.
“El Poder Ejecutivo, como tal, no tiene competencia para dictar ese decreto. Lo que hace el Ejecutivo es homologar, aprobar lo que hizo esa Comisión, pero de mutuo propio ellos no pueden dictar el decreto y es por una razón muy obvia: que no tiene la capacidad técnica para hacerlo, para eso está la Comisión de Vacunación, que está formada por integrantes de órganos muy técnicos, presididos por el ministro”, advierte Hernández.
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Competencias de la Comisión
Las decisiones que ha tenido que tomar este equipo técnico desde que se habló de la posibilidad de vacunar contra el nuevo coronavirus, son muchas y de una alta complejidad científica. Esta es una de las vacunas del esquema nacional que protege a toda la población (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, adultos).
En el caso de la covid-19, los especialistas han tenido que escoger cuáles vacunas son las más seguras y eficaces para aplicar en Costa Rica, para lo cual han debido estudiar toda la literatura científica que se produce en tiempo real. También el establecimiento del orden y la conformación de los grupos a inmunizar.
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Hasta hace un año, la Comisión estaba integrada por las siguientes personas, además del entonces ministro de Salud Daniel Salas:
- Roberto Arroba Tijerino, secretario y coordinador de la comisión, y la cara más visible de este grupo.
- Sandra Delgado Jiménez, jefa a. i. de la Unidad de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud.
- Óscar Porras Madrigal, especialista en Inmunología y representante de la Asociación Costarricense de Pediatría.
- Dora Matus Obregón, pediatra con especialidad en Inmunología Clínica.
- Hugo Marín Piva, médico jefe del Área de Farmacoeconomía, de la Dirección de Farmacoepidemiología, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- Leandra Abarca Gómez, médica coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica, de la Caja.
- Juan Villalobos Vindas, infectólogo del Hospital México.
Ninguno de quienes la integran recibe comisión o dieta. Su trabajo, por ley, es ad honórem.
Las 11 funciones que les da la Ley Nacional de Vacunación son muy complejas y variadas:
- Deben garantizar la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas y el acceso de toda la población a ellas.
- Son responsables de hacer los lineamientos, aprobar manuales, materiales educativos y normas de inmunización, y coordinar los programas nacionales de vacunación que se realizan de manera ordinaria, como las campañas anuales contra la influenza.
- Están a la cabeza de campañas históricas, como la que se está llevando a cabo contra la covid-19 cuando, como establece la ley, “exista emergencia declarada”.
- Este grupo también es responsable de definir los esquemas (cada cuánto se ponen las dosis, y cuántas), y las vacunas que debe recibir la población.
- De igual manera, deben vigilar la calidad y el vencimiento de las vacunas, administrar el Fondo Nacional de Vacunas y llevar el registro de las enfermedades infecciosas para detectar fuentes de contagio, como cuando se dieron brotes de sarampión, hace tres años.
Todas sus competencias están establecidas en el reglamento a la Ley Nacional de Vacunas, de mayo del 2005, que en su artículo 16 establece un cuórum con cinco miembros, y acuerdos por mayoría absoluta de los integrantes presentes en la sesión.
El artículo 17 de este reglamento detalla que la Comisión está encargada de revisar y actualizar el esquema básico oficial y los esquemas especiales de inmunizaciones, tomando para ello como base la realidad epidemiológica y la información científico-técnica más actualizada.
”En casos de situaciones especiales, como desastres o emergencias declaradas en las que se necesite aplicar vacunas, se definirá el esquema que garantice la cobertura de las poblaciones de mayor vulnerabilidad, en sesión extraordinaria de la Comisión”, indica el mismo artículo.
Sus competencias incluyen velar porque tanto la Caja como el Ministerio de Salud tengan sistemas adecuados de almacenamiento, distribución y control de las dosis, que garanticen su calidad y estabilidad.
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Esa tarea tiene un objetivo muy importante: garantizar a la población nacional los efectos profilácticos e inmunológicos requeridos.
En coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta comisión debe promover, según la ley, estudios para analizar los problemas del control de enfermedades transmisibles. Paralelamente, está obligada a favorecer la investigación, las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos.
Por ley también está obligada, junto con la Caja y el Ministerio de Salud, a identificar los grupos de población que deban ser vacunados; decidir si la vacunación es obligatoria o facultativa y disponer de las condiciones en que se deben poner las dosis.
Además, en sus manos está la administración del Fondo Nacional de Vacunación, creado también por ley para proveer de financiamiento tareas como las siguientes: promoción de la salud e investigación en el campo de la vacunación y enfermedades inmunoprevenibles; y compra, adquisición y mantenimiento de equipos para mejorar la gestión del programa de vacunación.
