Los obligados a hacer cumplir la Constitución y las leyes deberían establecer responsabilidades, en vez de seguir ignorando los efectos nocivos de la desobediencia.

La clase política ha sido remisa desde 1949 a entender el país que la Constitución Política estableció.

Cuatro sentencias en fila confirman violaciones de derechos por parte de Migración, la cual aplicó artículos del decreto emitido por Chaves en noviembre. En todos los casos, el Estado fue condenado a pagar los daños.