Desde 1983, año en que empezó a operar el Fondo de Retiro de Empleados (FRE) de la Caja Costarricense de Seguro Social, los contribuyentes asumieron el pago de todos los gastos administrativos. Ese subsidio acabó en el 2020 por una decisión de la Junta Directiva.
Ese acuerdo puso sobre la mesa el enorme costo que se cargó durante casi cuatro décadas a las cuotas obrero-patronales, pues, solo en 2020, el manejo del FRE ascendió a ¢718 millones. Era la primera vez en su historia que el fondo asumía el gasto. El monto, no cuantificado aún, da una idea de los millones que subvencionaron los cotizantes en 37 años.
El FRE es un sistema de pensiones complementarias exclusivo para los 60.000 funcionarios de la Caja. Cada mes, ese fondo recibe una transferencia equivalente al 3% (¢750 millones) de la planilla institucional con el objetivo de alimentar una reserva que permita entregar una remuneración mensual a las personas que se jubilen (en este momento, 19.000 extrabajadores). Esa retribución es adicional a la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
De acuerdo con un informe de Auditoría Interna de la CCSS, recargar sobre las finanzas de la entidad los gastos administrativos es “improcedente” y “afecta directamente al patrimonio institucional”.
“(...) Al asumir el pago de gastos administrativos sobrepasó el porcentaje establecido de un 3%, por lo que se considera improcedente que la institución no cobrara esos rubros al Fondo Retiro Empleados”, señaló la Auditoría Interna en el informe ASF-163-2021, emitido el 17 de diciembre de 2021. El órgano fiscalizador no se quedó ahí, también solicitó que la Dirección Jurídica emita un criterio para determinar si procede cobrar al FRE, de manera retroactiva, los costos administrativos. El veredicto debe estar listo en un plazo de seis meses.
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En 2020, el primer año en que el Fondo cubrió sus gastos administrativos, pagó esos ¢718 millones, lo cual quiere decir que si se exige el desembolso de los años anteriores la factura sería enorme. Haber asumido esa responsabilidad significa que la Caja tuvo menos recursos para invertir en nuevas clínicas y hospitales, más personal para la atención de pacientes, reducción de listas de espera, capacitación o equipo médico.
El FRE dispone, según datos oficiales, de una reserva de ¢200.000 millones. De aprobarse el pago retroactivo para el periodo entre 1983 y 2020, los recursos deberán salir de allí.
Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS y presidente de la Junta Administrativa del FRE, indicó que la discusión sobre la cancelación de los gastos administrativos no es nueva.
“Hay criterios jurídicos anteriores que plantearon que la Caja, dentro del concepto del Fondo, se hacía cargo de los gastos que implicaba la administración. Nosotros vamos a consultar nuevamente a la Dirección Jurídica. Hay antecedentes, hay criterios previos sobre los cuales se siguió la línea de que los gastos administrativos se mantenían a cargo de la institución. Hay que entender que si el criterio fuera a favor de que el Fondo tiene que pagar retroactivamente los gastos administrativos, estamos hablando de montos que tendrían que calcularse desde 1983″, comentó Picado.
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Entre enero de 2009 y diciembre de 2020, la CCSS transfirió al FRE ¢168.500 millones para las jubilaciones de funcionarios, según los cálculos de la Auditoría Interna.
Picado agregó que si se declara que el FRE debe cancelar los costos operativos de manera retroactiva se tendría un impacto financiero sobre las reservas.
“Tendríamos que ver la dimensión, no sería menor el impacto porque estamos hablando de 37 o 38 años y sobre ellos corren intereses, tendríamos que dimensionar y hacer un cálculo del monto de acuerdo con la información disponible”, subrayó el gerente.
La Nación intentó conversar con Víctor Fernández Badilla, director ejecutivo del Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo de la CCSS, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.
Picado admitió que la CCSS tuvo que tomar varias medidas para garantizar la sostenibilidad del FRE a largo plazo, una de ellas afecta directamente el bolsillo de los trabajadores, ya que para asegurar la vida del beneficio se redujo el porcentaje que recibiría el pensionado a la hora de retirarse. No es la primera vez que eso pasa; en 2011 se hizo lo mismo con tal de mantener con vida ese privilegio.
Un ejemplo para explicarlo mejor: el análisis de la Auditoría Interna señaló que un empleado de la CCSS que se retiraba en 1986 con un salario de ¢900.000 al mes recibía del FRE ¢270.000 mensuales. En aquel entonces obtenía un 30% como tasa de beneficio. En 2011 bajó al 15%, por lo tanto, una persona que ganara ¢900.000 se iba con ¢135.000 mensuales y con la disminución al 7% percibe solo ¢63.000 por mes. Esas cifras se suman a la pensión del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte.
¿Liquidar el Fondo?
El gerente financiero de la CCSS reconoció que existe el riesgo de liquidar el Fondo de Retiro de Empleados, pues en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley cerrarlo. La propuesta es mantener el pago a las 19.000 personas pensionadas bajo esa modalidad hasta que el último de los beneficiarios muera y trasladar a los trabajadores activos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), como la gran mayoría de empleados del país.
“En algún momento se han hecho ejercicios de cuál sería el costo económico para la Caja de llevar a cabo ese cierre. Justo en este informe de Auditoría Interna vuelven a solicitar que se haga un análisis actuarial de la posible liquidación del FRE”, comentó el funcionario.
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Añadió que la liquidación del FRE provocaría ahorros para la entidad a largo plazo.
Los estudios actuariales sobre el eventual cierre del FRE son la recomendación número uno de la Auditoría Interna en el reporte de diciembre anterior.
“Solicitar a la Dirección Actuarial y Económica un análisis técnico del impacto financiero de una posible liquidación del Fondo de Retiro de los Empleados”, dijo la Auditoría Interna, para lo cual dio un plazo de seis meses.
Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), es quien impulsa el proyecto de ley mencionado.
“El proyecto de ley consiste en liquidar el FRE, lo cual significa mantener los pagos a los actuales pensionados y trasladar a los trabajadores activos al ROPC junto con todos los recursos que ya le pertenecen, de aportes pasados. Además, consiste en finalizar este mismo privilegio que tienen los empleados de la CCSS, en otras cuatro instituciones públicas más: ICT, ICE, Banco Nacional y Banco de Costa Rica”, detalló la congresista en una entrevista con este diario realizada la semana anterior.