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La reforma fiscal eliminaría el privilegio conocido como “enganche salarial”, mecanismo que exige aumentar los salarios de los médicos y demás profesionales de la salud cada vez que el Gobierno central le otorgue un incremento o un incentivo a cualquier otro grupo de funcionarios públicos, sean misceláneos, policías, maestros o abogados.
El jueves, cinco de los nueve diputados de la comisión de reforma fiscal aprobaron una moción del diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), que deroga el “enganche salarial”.
Votaron a favor el socialcristiano Muñoz; Wélmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y tres diputados de Liberación Nacional (PLN): Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales.
En contra, se pronunciaron José María Villalta, del Frente Amplio; Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; y Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
¿Qué efecto tiene el enganche salarial?
El mecanismo cuestionado está contenido en el artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos, de 1982.
Este artículo establece: “Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en ciencias médicas, con grado académico de licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”.
Es decir, si el Ejecutivo les concede un incremento a los maestros, por alguna circunstancia en especial, todas las instituciones del Estado le deben otorgar el mismo porcentaje a sus médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos. También, lo debe hacer si lo que concede es un incentivo.
El mecanismo tiene un efecto multiplicador. Si a un maestro que gana ¢800.000 le aumentan el salario en un 5%, el Estado le desembolsará ¢40.000 adicionales, pero a la vez, a un médico que gana ¢2 millones, le tendrá que dar otros ¢100.000 más.
El beneficio no solo se extiende a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o al Ministerio de Salud, sino a los profesionales en salud de todas las entidades públicas.
Un ejemplo del efecto de este mecanismo ocurrió durante el último gobierno de Óscar Arias, entre el 2006 y el 2010.
En el 2008, el Gobierno intentó cerrar la brecha entre los salarios de los ministerios y los del resto del sector público. Por ello, decidió aplicar aumentos escalonados sobre los sueldos base, entre el 2008 y el 2010.
Entonces, en la CCSS, se recurrió al artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos para exigir incrementos similares, lo que ayudó, en buena parte, a que el gasto en salarios creciera un 88% del 2005 al 2010, afectando así sus finanzas.
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¿Qué dice la moción aprobada?
La moción aprobada crearía esta nueva redacción para el artículo 12: “El salario total promedio de los profesionales en ciencias médicas con grado académico de licenciatura o uno superior no podrá ser inferior al salario total promedio de otros profesionales del Gobierno central o de las instituciones autónomas, el aumento de salarios de estos profesionales se realizará conforme a la escala de categorías señalada en esta ley”.
Muñoz confirmó que la intención es eliminar el enganche.
Durante el gobierno anterior, los diputados Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana) y Otto Guevara (Movimiento Libertario), intentaron conseguir ese objetivo, pero la administración de Luis Guillermo Solís se opuso.
El exlegislador Mario Redondo declaró que es importante que la comisión fiscal no se eche atrás con esta moción, pues, en su criterio, el enganche es un “privilegio odioso” que tiene un efecto cascada sobre las finanzas públicas.
La administración Solís se opuso alegando que emitió un decreto, negociado con sindicatos de la salud, que impide que el enganche se aplique cuando los ajustes lo reciben las clases no profesionales, como policías, misceláneos o conserjes.
Redondo sostuvo que ese decreto no es sostenible y es muy arriesgado porque, si un funcionario reclama judicialmente los ajustes otorgados a no profesionales, tendría las de ganar, pues la ley está encima de los decretos.
Pedro Muñoz confirmó que los opositores al cambio solicitaron una revisión de la moción que, en caso de ser rechazada, dejaría en firme la eliminación del enganche dentro del proyecto de reforma fiscal. Para eso, se tendrían que sostener unidos los votos del PLN, PAC y PUSC.
“Para que ellos (los opositores a la medida) ganen, se tendrían que quebrar Liberación o Welmer Ramos, porque los opositores solo tienen cuatro votos”, aseguró el legislador de la Unidad. “El doctor Wálter Muñoz (quien ha ejercido como médico en la CCSS) es afín a ese privilegio, por lo que ese voto y el del Frente Amplio están asegurados, con Restauración apoyándolos".
Pedro Muñoz espera que el Gobierno y el PLN se mantengan a favor de la moción.
En tanto, empieza la presión para revertirla. Los colegios profesionales del sector salud y los sindicatos anunciaron estar en pie de guerra.
Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, confirmó que este viernes hubo una reunión que congregó tanto a los sindicatos como a los farmacéuticos, microbiólogos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos clínicos.
Añadió que el artículo 12 de la ley 6836, donde está el enganche salarial, es “el corazón de la ley”.
“Esa moción se aprobó casi sin analizarla, pero nos dimos cuenta y fuimos a reclamar a la Asamblea. Es una barbaridad, cuando ya la Sala Constitucional y los tribunales de trabajo han dicho que esa ley es constitucional”, dijo Solano.
El presidente de la Unión Médica también enfocó sus ataques contra la otra reforma que hace la moción de Pedro Muñoz, donde se establece que los salarios de los médicos del sector privado ya no estarían enganchados con los del sector público.
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Solano aseguró que si se les quiere pagar más a los médicos, sería excelente, pero “menos de lo que dice la ley, jamás”.
Diputado del PAC lo piensa
El presidente de la Comisión Especial de Reforma Fiscal, el oficialista Welmer Ramos, reconoció que está analizando los impactos “económicos y políticos” que pueda conllevar para la discusión del plan tributario el mantener el desenganche que él mismo contribuyó a aprobar.
"Necesito todavía hacer algunas consultas para ver cuánto es el impacto. Hay dudas de que sea conexo, y meterle ruido por conexidad al proyecto fiscal, no lo haría yo", comentó el legislador.
No obstante, alegó que esas valoraciones sobre conexidad, impacto económico y el "ruido que ese desenganche doble pueda traer" las tiene que hacer en conjunto con el bloque de diputados que votaron a favor.
Se trata de los tres liberacionistas y el socialcristiano que propuso el desenganche.
“Hay consideraciones políticas y económicas que deben hacerse”, comentó.
