Rebeca Madrigal Q., Aarón Sequeira. 23 agosto
Las cooperativas que administran Ebáis temen cerrar por la obligación de pagar incentivos médicos. Fotografia: José Cordero
Las cooperativas que administran Ebáis temen cerrar por la obligación de pagar incentivos médicos. Fotografia: José Cordero

Los diputados de la Comisión Especial de Reforma Fiscal, aprobaron una moción para eximir al sector privado de pagar incentivos a los profesionales de la salud y, por ende, también a los servicios tercerizados que brindan la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El pago de estos incentivos amenaza la continuidad los Ebáis privados que administran los servicios de la CCSS en varias partes del país, según los representantes de los prestadores del servicio, entre los que están cooperativas, la Universidad de Iberoamérica (Unibe) y la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (Asemeco). En conjunto administran 177 de 1.037 Ebáis.

La moción que se aprobó este jueves la presentó el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, para que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente N.° 20.580, reforme el artículo 23 de la Ley de Incentivos Médicos, que en el 2004 incluyó al sector privado en el pago de los pluses que las instituciones públicas otorgan desde 1982 a su personal médico.

La norma, que los diputados reformarían si el paquete de impuestos se aprobara en el plenario, reconoce beneficios como anualidades, carrera administrativa, carrera hospitalaria y el incentivo de consulta externa. En total, los pluses suman al salario base al menos un 71,5% adicional.

Además, no solo aplica para médicos, sino también para enfermeros, microbiólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y odontólogos.

Hoy las empresas privadas que administran los Ebáis enfrentan varias demandas por parte del personal médico que a la fecha no ha recibido el pago de los pluses, pese a ser una obligación desde el 2004.

Los administradores alegan que reconocer los incentivos encarecería los servicios y, por lo tanto, ya no podrían ofrecer un precio atractivo para que la CCSS los contrate porque tendrían que trasladar el costo a la oferta que hacen a la institución.

Precisamente, en reclamo de ese reconocimiento, la Unibe interpuso un proceso contencioso administrativo contra la CCSS.

Pese a lo alegatos del sector privado, la Sala Constitucional no ha considerado inconstitucional la ley de incentivos médicos en varios fallos que ha resuelto tras los reclamos de los patronos.

Los diputados de la comisión que dictamina el plan fiscal aprovecharon el capítulo de empleo público del proyecto para realizar este cambio.

Con la reforma que impulsó el PUSC, el artículo 23 del proyecto fiscal se leería: “Los profesionales de ciencias médicas contratados en las instituciones públicas se regirán en cuanto a contratación a las condiciones estipuladas por la siguiente ley. En el caso de la contratación de profesionales de ciencias médicas en el sector privado, se regirán por acuerdo de las partes”.

El cambio no afecta a los médicos que trabajan en el sector público, para quienes se mantiene la obligación del Estado de reconocer esos pluses. Esa reforma también está planteada en un proyecto de ley desde 2016, sin embargo no había tenido avance.