Esteban Oviedo. 14 septiembre, 2015
Ñkdhj lxkgjhfgh | XREBECA ARIAS
Ñkdhj lxkgjhfgh | XREBECA ARIAS

En el 2008, el Gobierno intentó cerrar la brecha entre los salarios de los ministerios y los del resto del sector público. Sin embargo, algunas instituciones se colgaron de esa medida e incrementaron de nuevo la desigualdad, incidiendo a su vez en las finanzas públicas.

En el 2006, el Servicio Civil diagnosticó que los salarios de los profesionales del Gobierno Central estaban muy por debajo de los pagados por las demás entidades estatales. Estaban en el percentil 25.

Eso significa que un 75% de las instituciones ofrecía sueldos de contratación superiores a los de los ministerios.

“Los ministros hablaban de fuga de profesionales. Los salarios no atraían ni retenían. Los funcionarios se iban a empresas privadas o a otras instituciones, como la Contraloría (General de la República) o el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad)”, relató Francisco Chang, director de Salarios e Incentivos del Servicio Civil.

El Ministerio de Obras Públicas decía que las constructoras se llevaban a sus ingenieros.

Por ello, el Gobierno Central decidió aplicar aumentos escalonados sobre los sueldos base, entre el 2008 y el 2010, para llevar sus salarios al percentil 50.

Sin embargo, dijo Chang, el problema se suscitó cuando “múltiples instituciones” decidieron imitar la medida.

“No debió haber sucedido”, dijo el funcionario, quien lamentó que “no había quién les dijera a las demás las instituciones que no hicieran lo mismo.

”No hay alguien que se encargue de la rectoría de los salarios. Cada institución rige los suyos”, declaró Chang.

El funcionario recordó que instituciones y sindicatos enviaban a personal a retirar copia de las resoluciones de ajuste del Servicio Civil, cada vez que se tenían que aprobar. Era una “desbandada”, dijo.

Uno de los casos de mayor impacto fue el de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues se alegó que, según la ley, el salario total promedio de los profesionales en Ciencias Médicas no puede ser, por ningún motivo, inferior al salario total de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas.

Bajo la presidencia de Eduardo Doryan, la CCSS aprobó una política de aumento salarial similar, lo que condujo, en buena parte, a que su gasto en salarios creciera un 88% del 2005 al 2010, afectando así sus finanzas.