Fiscalía secuestra bitácoras en Presidencia por investigación contra Rodrigo Chaves

Así lo informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien precisó que el expediente de la pesquisa es el 23000056-0033.

Según había informado la Fiscalía General al periódico digital El Observador, ese expediente corresponde a la denuncia interpuesta contra Chaves por el empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT, por un presunto tráfico de influencias.

La Fiscalía General confirmó que ordenó el secuestro de documentos en Casa Presidencial y delegó la acción en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Precisó que el secuestro de documentos no es sinónimo de allanamiento, por lo que no fue necesaria la presencia del fiscal general, Carlo Díaz.

La diligencia tenía por objetivo obtener registros de una bitácora, en un período determinado, agregó el Ministerio Público.

Pese a que de acuerdo con la Fiscalía hubo secuestro de documentos, a las 8:58 p. m. la Casa Presidencial informó que el director operativo de la Guardia Presidencial “entregó, en el edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José, las bitácoras de ingreso a Casa Presidencial del 1.° de julio del 2022 al 1.° de agosto del 2023″.

Baruch presentó la denuncia a raíz de que Gloriana López Fuscaldo, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), reveló que, el 22 de marzo, el asesor presidencial, Gabriel Aguilar, la llamó con instrucciones “del jefe” para pedirle que procediera con cuidado ante una solicitud de custodia relacionada con los hijos del empresario.

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La exjerarca agregó que Aguilar le dio el número de teléfono de Yafit Ohana Beladel, esposa de Baruch y le pidió que la llamara. La pareja está separada desde hace más de cinco años y en proceso de divorcio.

Posteriormente, trascendió que Ohana tuvo al menos seis reuniones en Casa Presidencial en el 2022, incluso con el presidente Chaves. Ella, quien es ingeniera eléctrica, alegó que consiguió las citas para hablar de temas como la recaudación de impuestos y el marco legal sobre las personas con VIH.

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La denuncia de Baruch

Ante la Fiscalía, Baruch argumentó que Chaves ejerció una presión indebida sobre López Fuscaldo para que actuara en favor de Ohana, en un caso “que afecta y sigue afectando” a sus hijos.

El empresario agregó que el mandatario habría incurrido en un segundo tráfico de influencias al ejercer otra presión indebida sobre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca, para que esa institución coadyuvara en favor de Ohana en un caso de violencia doméstica, el cual Baruch calificó como falso.

Expuso que el Inamu también habría coadyuvado en favor de Ohana en la demanda de divorcio planteada por él hace más de cinco años.

Investigación de Asamblea sobre caso PANI-Baruch

En el plano político, estos hechos los investigó la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, por mandato del plenario del Congreso.

El 7 de setiembre, un informe de mayoría firmado por cinco diputados de dicho foro concluyó que podrían constituir el delito de tráfico de influencia los hechos probados en torno a la llamada realizada por el asesor presidencial y actual jefe de despacho de Chaves, Gabriel Aguilar.

Según el documento, la llamada en torno a los hijos de Baruch quedó demostrada por las declaraciones iniciales de López Fuscaldo, del 20 de junio, y por “confesión” de Aguilar en la audiencia del 31 de julio.

El texto recoge el hecho de que el asesor presidencial, bajo juramento, declaró que hizo la llamada “por iniciativa propia”, aunque la exjerarca del PANI aseguró que Aguilar le dijo que hablaba con instrucciones del “jefe”, en alusión al presidente Chaves.

Ante los diputados, el funcionario indicó que no podía decir que López Fuscaldo hubiese mentido.

La investigación legislativa apunta que, previamente, el asesor se había reunido en al menos dos ocasiones con Yafit Ohana en Casa Presidencial, según los registros oficiales.

El informe de mayoría recomienda al plenario enviar lo recabado al Ministerio Público.

Baruch también denunció, ante la Fiscalía, una presunta colaboración entre su esposa y la Presidencia de la República para elaborar el video de TikTok que sirvió como base del supuesto “megacaso” de evasión fiscal que el Ministerio de Hacienda denunció en su contra.

Además de Chaves y Aguilar, la denuncia del empresario incluye a Ohana y a su abogado, Ricardo González Mora, así como a Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta del Inamu; y a Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación.