Hechos probados en caso PANI-Baruch podrían constituir tráfico de influencias, concluyen diputados

Un informe de mayoría firmado por cinco diputados de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos concluye que podrían constituir el delito de tráfico de influencia los hechos probados en torno a la llamada realizada el 22 de marzo por el asesor presidencial, Gabriel Aguilar Vargas, a la entonces presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo.

El informe de la investigación legislativa da por demostrado que Aguilar, actual jefe de despacho del presidente de la República, Rodrigo Chaves, llamó a López para pedirle “cuidado con el caso de la custodia de los hijos” del empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy y del Banco BCT.

El documento añade que, acto seguido, el asesor le dio a la entonces jerarca del PANI el teléfono de Yafit Ohana Baladel, esposa de Baruch (la pareja está en proceso de divorcio), y le pidió que la llamara.

Según el informe, el hecho quedó demostrado por la declaraciones iniciales de López Fuscaldo del 20 de junio y por “confesión del señor Gabriel Vargas” en la audiencia del 31 de julio.

El texto recoge el hecho de que el asesor presidencial, bajo juramento, declaró que hizo la llamada “por iniciativa propia”, aunque la exjerarca del PANI aseguró que Aguilar le dijo que hablaba con instrucciones del “jefe”, en alusión al presidente Chaves.

Ante los diputados, el funcionario dijo que no podía decir que López Fuscaldo hubiese mentido.

La investigación también cita que, previamente, el asesor se reunió en al menos dos ocasiones con Yafit Ohana en Casa Presidencial, según los registros oficiales.

El documento recomienda enviar al resultado de la investigación legislativa al Ministerio Público, para que este evalúe la eventual apertura de un expediente judicial.

Añade que Ohana obtuvo seis reuniones en Casa Presidencial y que el registro de la primera indica que se trató de un encuentro con el entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en julio del 2022.

Sin embargo, Rodríguez negó haberse reunido con ella.

“Se tiene por demostrada una de dos posibilidades: que el ministro Rodríguez Vives faltó a la verdad bajo juramento el 29 de agosto del 2023 o que, las bitácoras de control de entradas y salidas de visitantes a la Presidencia de la República, a cargo del Departamento de Guardia Presidencial, están falseadas y no contienen información fidedigna, aspecto que debe ser analizado desde las ópticas de amenaza a la seguridad nacional”, argumenta el informe.

El documento de mayoría lo firman Montserrat Ruiz y Sonia Rojas, del Liberación Nacional (PLN); Melina Ajoy, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), y Jorge Dengo, del Liberal Progresista (PLP).

Presentaron otros dos informes por separado los diputados Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); y Rosalía Brown, de Nueva República (PNR).

Caso de vicepresidenta Munive

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Los legisladores del informe de mayoría también criticaron el actuar de la vicepresidenta Mary Munive, por aparentemente incurrir en una serie de actuaciones irregulares relacionadas con la renuncia de Gloriana López al PANI.

Al respecto, el informe concluye que, dentro de las razones por las cuales la vicepresidenta se apersonó al Patronato para solicitar la dimisión a la expresidenta ejecutiva, estaba impedir que Gloriana López Fuscaldo compareciera ante la Asamblea Legislativa por diferentes aspectos de su gestión.

Según dijo López a los diputados, Munive le comentó que no le podía ocurrir lo mismo que a Joselyn Chacón, exministra de Salud, cuando compareció ante el Congreso.

“Esta actuación de la vicepresidenta constituye un intento de obstruir el ejercicio de control político por parte de la Asamblea Legislativa, que tiene la potestad constitucional de hacer comparecer a cualquier persona ante las comisiones legislativas, que a su vez pueden investigar todo tipo de asuntos que revistan de interés público”, señala el documento.

Cuando dimitió, López Fuscaldo dijo que la renuncia obedecía a temas personales, pero luego reiteró en diversas ocasiones, ante los diputados, que no tenía la intención de renunciar y que lo hizo por la presión de Munive y porque el presidente le dijo que entonces él tendría que “contar...”. Posteriormente, la vicepresidenta asumió como vocera del PANI.

“Queda claro que la vicepresidenta de la República no tenía las competencias para asumir la vocería del Patronato”, asevera el texto votado por los congresistas, pues la encargada de Comunicación del PANI, Fanny Cordero, señaló que, de acuerdo con su experiencia, esto no había sucedido con anterioridad.

La vicepresidenta Munive dijo que enviaría una declaración con respecto al informe.

Munive rechaza el informe

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La vicepresidenta Munive dijo que no comparte las conclusiones en lo que atañen a su persona.

“Estuve en toda la anuencia de aclarar cualquier duda. Por esa razón, me parece increíble que la persona que puso denuncias, sin aportar ninguna prueba, tenga más respaldo que alguien que sí presentó pruebas, alguien cuyas declaraciones, incluso, fueron respaldadas por otras personas que estuvieron presentes y dieron fe de lo que ocurrió.

“Me siento en la necesidad de mencionar que no se vale utilizar ese tipo de plataformas para generar afirmaciones que no tienen el mínimo sustento probatorio y no se vale generar un informe que valida las afirmaciones de la señora López Fuscaldo, pese a reconocer que ella ni siquiera se dignó a aportar prueba alguna.

“No puedo pasar por alto que se lancen afirmaciones de ese tipo. El país tiene suficientes retos, la gente necesita que trabajemos más y no creo que la mejor manera de atender esos desafíos sea transformar un mecanismo de control político en un espectáculo, en una puesta en escena”, declaró la vicepresidenta.

En tanto, este medio también solicitó una reacción al asesor Aguilar.

Supuesta irregularidad en relación con Sinart

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Durante las audiencias de la Comisión de Derechos Humanos, la expresidenta del PANI declaró a diputados que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pedía reiteradamente a los ministros, durante sesiones del Consejo de Gobierno, acercarse al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

López Fuscaldo indicó que, en una ocasión, recibió una llamada del presidente Rodrigo Chaves, en la que él supuestamente le solicitó contratar el Sinart.

Ante esta situación, los legisladores llamaron a comparecer a distintos funcionarios del PANI, quienes confirmaron que se les solicitó trabajar en una posible contratación directa entre entes públicos, entre el PANI y Sinart, para el manejo de publicidad estatal.

“Esta comisión señala que las solicitudes a la señora Gloriana López Fuscaldo, por parte del Sinart, para obtener pauta institucional del Patronato Nacional de la Infancia, por ¢100 millones, resultaron un hecho irregular”, dice el informe.

El Sinart obtuvo diversos contratos públicos para manejo de publicidad estatal, cuyo monto acumulado asciende a la suma de ¢7.925 millones. Esas contrataciones se hicieron con 14 instituciones gubernamentales; en algunos casos no se recurrió a concursos para seleccionar la mejor oferta de servicios.