El empresario Leonel Baruch Goldberg denunció penalmente este martes al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por intervenir en el proceso de custodia de sus hijos. Le achaca dos presuntos delitos de tráfico de influencias.
Ante la Fiscalía General de la República, el accionista del medio de comunicación CRHoy argumentó que Chaves ejerció una presión indebida sobre la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, para que actuara en favor de su esposa, Yafit Ohana, en un caso “que afecta y sigue afectando” a sus hijos.
Baruch y Ohana están separados desde hace más de cinco años y están en un proceso de divorcio, indicó el empresario en un comunicado.
El también accionista del Banco BCT alegó que el mandatario habría incurrido en un segundo tráfico de influencias al ejercer otra presión indebida sobre la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca, para que esa institución coadyuvara en favor de Ohana en un caso de violencia doméstica, el cual Baruch calificó como falso.
Añadió que el Inamu también habría coadyuvado en favor de Ohana en la demanda de divorcio planteada por Leonel Baruch hace más de cinco años.
Según indicó Baruch a la Fiscalía, hubo una presunta colaboración entre su esposa y la Presidencia de la República para elaborar el video de TikTok que sirvió como base del supuesto “megacaso” de evasión fiscal que el Ministerio de Hacienda denunció en su contra.
El empresario comentó que “en aparente ‘pago’ por los servicios brindados por la señora Ohana a la Presidencia, el mandatario Chaves incurrió en actos propios de tráfico de influencias”.
En la gestión planteada por Baruch también figuran como denunciados su esposa y el abogado de ella, Ricardo González Mora, así como Gabriel Aguilar Vargas, jefe de despacho del presidente, quien llamó a la exjerarca del PANI el pasado 22 de marzo para pedirle que procediera con “cuidado” en el caso de la custodia de los hijos de Baruch.
Según López Fuscaldo, el asesor le manifestó que era un encargo del “jefe”, en referencia al mandatario.
Baruch también denunció a Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta del Inamu; y a Jorge Rodríguez Vives, ministro de Comunicación.
La denuncia detalla que la presunta colaboración entre Ohana y Chaves coincide en tiempo con las acciones solicitadas al PANI, y con las visitas de la mujer a Casa Presidencial, donde se reunió en dos ocasiones con el mandatario, otras dos veces con el asesor Gabriel Aguilar y una con el ministro Jorge Rodríguez.
La esposa del empresario se reunió con el gobernante los días 20 de julio y 6 de octubre del 2022 en Casa Presidencial. La segunda visita se produjo cuatro días antes de que Tributación enviara al Ministerio Público la denuncia del supuesto megacaso.
Baruch explicó en un comunicado de prensa que, con el propósito de proteger a sus hijos menores de edad, mantuvo en reserva sus sospechas sobre la colaboración entre Rodrigo Chaves y Yafit Ohana.
Sin embargo, indicó haber cambiado su postura luego de que López Fuscaldo relató bajo juramento ante los diputados la llamada del asesor presidencial.
“Dado que los desafortunados hechos han resultado públicos, y han dejado de ser una presunción para quedar demostrados como ciertos, no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas contra el presidente de la República y demás participantes en semejantes acciones, guardando la confianza y respeto en la institucionalidad judicial del país”, declaró Baruch Goldberg en su comunicado.
La denuncia contra Rodrigo Chaves y el resto de imputados fue presentada por el abogado Cristian Arguedas, representante de Baruch que en enero fue propuesto por el gobernante para ocupar el cargo de procurador general. Arguedas renunció a la postulación.
El delito de tráfico de influencias, establecido en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, es sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión. El límite de la pena se eleva en un tercio cuando la influencia indebida provenga de altos jerarcas.
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La Nación llamó al despacho del abogado de la esposa de Baruch en busca de una reacción. Se le dejó el mensaje.
Por su parte, Casa Presidencial informó de que no ha recibido notificación alguna de una denuncia penal de Baruch y agregó que, en lo que corresponde, colaborará con el Poder Judicial.
Zapote dijo que demostrará que el gobierno ha actuado apegado a la ley, por lo que interpreta la denuncia de Baruch “como un ejemplo más de judicializar el quehacer político y una medida desesperada de mantener sus ataques contra el Gobierno”.
Adilia Caravaca habló de coadyuvancia en acta del Inamu
Baruch señaló que las acciones tomadas por el Inamu se evidencian en las actas de la institución. No obstante, criticó que, en dichos documentos, nunca se detallan la razones por las cuales el Instituto de las Mujeres emprendió acciones legales contra él, salvo una supuesta beligerancia de CRHoy con la institución y el Gobierno.
En el acta de la sesión del 19 de abril de 2023, Adilia Caravaca aseguró que CRHoy estaba “envenenado” contra el Inamu.
“No es casual, dicho sea de paso y aprovecho para decirles, uno de los accionistas más grandes de CRHoy tiene una demanda por violencia doméstica y el Inamu está coadyuvando con la esposa.
“Entonces, es muy esperable que cada vez vayan a ver titulares más venenosos contra la institución porque hay ese trasfondo”, argumentó Caravaca en la página 7 del acta.
La Nación solicitó al Inamu una declaración al respecto. La institución aseguró que no ha ingresado ninguna demanda o denuncia contra Caravaca interpuesta por Baruch.
Denuncia ‘manipulación’ del sistema judicial
Baruch agregó que su esposa “ha manipulado” el sistema judicial con la “evidente complicidad del presidente de la República y sus subalternos”.
El comunicado argumenta que, el 29 de setiembre del 2022, Ohana denunció falsamente a Baruch, ante el Juzgado de Violencia Doméstica de Escazú, por actos en los que ni siquiera estuvo presente.
Según dijo, le achacó una “supuesta perturbación de empleados de una sociedad de la que Leonel Baruch es beneficiario final, pretendiendo la señora Ohana apropiarse, sin derecho alguno, de inmuebles colindantes con la residencia temporal actual” de ella.
Argumentó que esos inmuebles no son parte de ninguna disputa judicial y ni siquiera ganancial del proceso de divorcio, pues pertenecen a la sociedad desde antes de que Ohana entrara a la escuela primaria.
“Debe llamar la atención que esta denuncia se hace 10 días después de la quinta visita de la señora Ohana a la Presidencia y seis días antes de la sexta visita.
“Esa solicitud fue totalmente rechazada por dicho juzgado de Escazú, porque no existía mérito alguno”, continúa el comunicado.
Baruch agregó que, el mismo 29 de setiembre, cerca de la medianoche, la mujer planteó la misma petición ante el Juzgado de Turno Extraordinario de Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de Goicoechea y este, sin tener conocimiento sobre lo resuelto por el Juzgado de Escazú, “le acogió parcialmente la medida cautelar”.
“La denuncia nunca fue por actos de supuesta violencia de Leonel Baruch, que ni siquiera estuvo presente cuando se dieron los hechos denunciados. Esto fue finalmente resuelto por el Tribunal de Familia en Asuntos de Violencia Doméstica de San José, cuando resolvió la apelación de la señora Ohana en el voto número 222-2023, del 14 de julio de 2023, en que rechazó todas sus pretensiones”, expuso el comunicado del empresario.
Bajo el argumento de que hubo abuso de las instancias judiciales y litigio de mala fe, Baruch denunció a su esposa y al abogado de esta por el presunto delito de estafa procesal.
Es en dicho proceso, en el que la presidenta del Inamu se apersonó, según Baruch, a “apoyar las improcedentes pretensiones de la señora Ohana, con propósitos aparentemente extorsivos, para lucrar con ello y obtener beneficios que no le corresponden ni legal, ni moralmente”.
“Sería maravilloso que Caravaca se apersone a coadyuvar en los procesos de verdadera violencia doméstica de mujeres en estado de indefensión, pero no lo hace. Parece que solo lo hace cuando hay un interés especial del presidente de la República de ejercer el poder en claro tráfico de influencias”, agregó el empresario.