Política

Fideicomiso nació para impulsar candidatura de Rodrigo Chaves, relata exasistente del candidato

Sofía Agüero niega que la estructura haya operado como un ‘grupo de estudio y pensamiento’, como han alegado Chaves y el partido; afirma que la presidenta del PPSD tuvo oficina en casa financiada por el fideicomiso

Sofía Agüero Salazar, exasistente de Rodrigo Chaves Robles, declaró que el polémico fideicomiso Costa Rica Próspera fue fundado para impulsar la candidatura del político y que sí financió gastos partidarios, como agencias de publicidad, viáticos, gasolina y la celebración de asambleas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Negó, además, que Costa Rica Próspera haya funcionado como “un grupo de estudio, pensamiento y acción” de la realidad nacional, como han alegado Chaves y el partido. “Yo nunca supe de ningún estudio, siempre fue para promover a don Rodrigo como candidato presidencial”, dijo la exasistente, de 24 años, quien es hija del diputado electo por San José, Waldo Agüero.

Ella sostuvo que la presidenta del PPSD y diputada electa, Luz Mary Alpízar, estaba enterada de la situación. Tan es así que, desde junio del 2021, Alpízar dispuso de una oficina en la sede de campaña que Chaves abrió en barrio La California, en San José, la cual era pagada con dinero del fideicomiso sin que los fondos entraran a las cuentas del partido.

“El fideicomiso se fundó con la intención de promover a Rodrigo Chaves para que fuera candidato a la Presidencia”, dijo Agüero.

Esta estructura fue creada en febrero del 2021 por el hoy candidato y el empresario Jack Loeb Casanova, quien está dedicado a la banca, el turismo y el agro. La administración de los recursos estaba en manos de la firma ATA Trust Company, del abogado Arnoldo André Tinoco.

Los donantes y los gastos del fideicomiso permanecieron ocultos antes de la primera ronda porque Chaves se negó a revelarlos bajo el argumento de que se lo impedía una cláusula de confidencialidad que, según admitió el 22 de marzo, nunca existió.

La ley electoral prohíbe el financiamiento paralelo de las campañas políticas y lo castiga con penas hasta de seis años de cárcel pues todos los gastos electorales deben se tramitados mediante las cuentas partidarias. Eso significa que, aparte del tesorero de un partido o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido, indica el Código Electoral en los artículos 273, 274 y 275.

Durante parte del 2021, Sofía Agüero sirvió de enlace entre la campaña de Chaves y ATA Trust. Según explicó, a ella le correspondía enviar correos a los personeros de esta sociedad para que, con fondos del fideicomiso, pagaran a los proveedores autorizados por los jefes de campaña: primero José Coto Quesada, quien renunció a principios de setiembre, y luego David Segura.

La exasistente sostuvo que ella nunca tuvo poder de decisión sobre el uso de los fondos que estaban en el Banco Nacional. Con ello, contradice la versión de Arnoldo André Tinoco.

Este abogado primero dijo que Rodrigo Chaves era una de las personas que daban instrucciones. Luego, dijo que se equivocó si aseguró eso y señaló a Sofía Agüero como una de las personas que tomaban las decisiones.

“No tuve decisión. Siempre acaté órdenes del jefe de campaña”, afirmó Agüero, quien insistió en que ella nada más se limitaba a enviar a ATA Trust los nombres de los proveedores y los montos por pagar, luego de recibir las instrucciones de los jefes de campaña.

Agregó que, “la mayor parte del tiempo”, los correos con las instrucciones de pago fueron copiados a Chaves, a Loeb y a André. Posteriormente, en una fecha que no precisó, estos dejaron de ser copiados a Chaves.

Según relató, algunos pagos se hacían en automático, sin necesidad de correos, como el alquiler de la sede campaña y servicios básicos como Internet, electricidad y agua. Precisó, además, que las facturas salían a nombre de ATA Trust, a pesar de que eran gastos para el partido y la campaña de Chaves.

Agüero también admitió que, por sus cuentas, se manejó un segundo fondo paralelo de financiamiento de la campaña, sin que el dinero entrara a las cuentas del partido.

En sus cuentas en el Banco Nacional, entre octubre y febrero pasado, recibió al menos $195.000 del empresario Jack Loeb que fueron destinados a financiar gastos, principalmente, para la campaña de candidatos a diputado por San José del Progreso Social Democrático.

Así nació la estructura

Sofía Agüero estuvo desde el inicio en el movimiento de Chaves. Explicó que, en febrero del 2021, el que había sido ministro de Hacienda (noviembre 2019-mayo 2020) buscaba “una trinchera, una plataforma” para llegar a Casa Presidencial.

A Chaves, de 60 años, lo conoció en una charla en la que estaban Arnoldo André, Jack Loeb y Roberto Batalla.

Luego, el político los invitó a una cena en su casa a la que también llegaron Adrián Torrealba, Luis Diego Soto, Bernal Jiménez Chavarría y la ahora diputada electa María Marta Padilla, entre otras personas.

De allí se formó el “grupo base” en el que participaron todos los que aportaron dinero para el fideicomiso, excepto el alemán Friedrich Hey, quien se unió después.

“Me invitan por ser la única joven. Había una reunión por semana. Participaban empresarios, abogados y se habló de la necesidad de tener un presupuesto para una oficina”, recordó.

Así, nació la idea de poner recursos en un fideicomiso. En el primer semestre del 2021, primero se evaluó la posibilidad de crear una coalición entre el PPSD y los partidos Republicano Social Cristiano (PPSD) e Integración Nacional (PIN).

“Me pidieron que les ayudara con una coalición”, recordó. Sin embargo, luego la idea fue desechada y Chaves dijo que ya había hablado con Luz Mary Alpízar para continuar solo con el PPSD.

“En junio se instala la sede. Luz Mary Alpízar tenía oficina allí desde junio”, dijo Agüero. El jefe de campaña era José Coto.

La versión de Sofía Agüero coincide con la que dio a este diario la diputada electa, Pilar Cisneros, quién también indicó que Alpízar tenía un despacho en la casa de La California desde que ella se unió a la campaña, a finales de agosto del 2021. El costo del alquiler de la propiedad era de $5.000 por mes, gasto que cubrió el fideicomiso de julio a setiembre.

“Al inicio iba poco a la casa de campaña. Luz Mary usaba una oficina y don Rodrigo otra, pero ella no siempre estaba allí. Yo, cuando iba, compartía un pequeño espacio al lado de la recepción con el periodista Esteban Vargas”, manifestó Cisneros.

Gastos pagados

Agüero recordó que, con el fideicomiso, primero pagaron servicios a la agencia de publicidad La Tres para mejorar los logos de Chaves y del PPSD. Luego, se incorporó Pilar Cisneros y ella recomendó a la agencia de publicidad Madison Revolution y a la agencia de comunicación Nexo.

Actualmente, Madison le cobra una deuda de $113.495 (¢74,5 millones) a Chaves y al partido por productos aprovechados, como anuncios para televisión y fotografías, pero que no fueron pagados. Estos servicios fueron facturados a nombre del fideicomiso o de Jack Loeb.

Agüero asistió a la asamblea virtual del PPSD en la que Chaves fue presentado como candidato, el 4 de julio del 2021, así como al lanzamiento de su candidatura, en el miércoles 7 de julio en el Hotel Crown Plaza Corobicí.

Llevó la agenda del aspirante presidencial y también ayudó a coordinar reuniones de Arnoldo André y de Bernal Jiménez, ambos contribuyentes del fideicomiso.

El polémico fideicomiso Costa Rica Próspera canceló facturas por poco más de ¢95 millones y se nutrió con aportes por ¢110 millones, de 11 personas físicas (una de nacionalidad alemana) y tres jurídicas, de acuerdo con los estados financieros de ATA Trust. El Código Electoral prohíbe y sanciona con prisión las contribuciones de extranjeros (artículo 274) y empresas privadas.

La forma cómo se financió y se gastó ese dinero está bajo investigación en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pues la legislación prohíbe la recolección de fondos en cuentas bancarias ajenas a las de la agrupación. La ley, además, impide sufragar gastos al margen de los controles partidarios, pues de lo contrario, se estaría constituyendo una estructura paralela de financiamiento, lo cual está penado con hasta seis años de prisión.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de la Unidad de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Recibió el premio de La Nación como “Redactora del año” en el 2016.

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