Cuatro universidades estatales buscan cómo evadir el pago de pluses en montos fijos, tal y como lo ordena la ley de reforma fiscal, y, mientras tanto, continúan con las remuneraciones en forma porcentual al alegar que presentaron una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
Los rectores, con el argumento de que las universidades son autónomas, pidieron al juez suspender parte del reglamento de la ley, emitido por el Ministerio de Planificación (Mideplán), el cual les exige ajustar los sobresueldos a montos nominales (fijos) para evitar un crecimiento exponencial en el gasto público.
Pese a que el juzgado no ha resuelto sobre la medida cautelar planteada el 8 de mayo, los rectores consideran que la presentación de la demanda es suficiente para continuar con pluses en forma porcentual.
Los 17.700 empleados de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) reciben unos 30 pluses en los cuales se gastan ¢194.730 millones al año.
Entre estos incentivos, el más costoso es el de anualidad, que se da solo por cumplir un año más de trabajo con la universidad. El monto puede llegar hasta un aumento del 5% sobre el salario.
Para contener ese crecimiento en el gasto, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal, varió el pago de las anualidades de todo el sector público a montos fijos calculados a partir de una base de 1,94% para salarios profesionales y 2,54% para no profesionales.
A su vez, ordenó convertir a montos fijos cualquier otro incentivo o compensación salarial que estuviera vigente.
De hecho, desde julio, 127.000 funcionarios del Gobierno Central reciben los incentivos en montos fijos y no porcentuales.
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Los ministerios de Planificación y de Hacienda consideran que las universidades también deben ajustarse a esa ley, pero los rectores aseguran que están fuera de la reforma fiscal.
Solo la Universidad Técnica Nacional (UTN) confirmó que ha cumplido con las disposiciones de variar el pago de porcentual a nominal.
Este centro de estudios no se nutre del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el que operan las otras cuatro universidades, sino que recibe presupuesto mediante una partida especial.
El 18 de febrero, el Gobierno decretó el “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al empleo público”.
Precisamente, los rectores demandan al juez declarar la nulidad de dos artículos de ese reglamento que ordenan a las universidades ajustar los pluses.
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Amparados en la ‘autonomía’
Rodrigo Arias, rector de la UNED, aseguró que la ley no los incluye en el ámbito de aplicación.
“Claramente el título tercero (sobre salarios) de la ley citada (9635) no se aplica en la UNED ni en ninguna de las universidades estatales. La delimitación del ámbito de acción de esta ley, es una lista taxativa en la que no están consideradas las universidades”, defendió Arias.
Carlos Araya, vicerrector administrativo de la UCR, también se ampara en la autonomía universitaria para no acatar la reforma fiscal.
“El régimen de autonomía con el que gozan las instituciones de educación superior universitaria del Estado, según lo señalan los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República, comprende las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera, propias de la autonomía universitaria”, indicó Araya.
Agregó que “las materias que regula (el reglamento de empleo público) implicarían obligar a las autoridades universitarias a la aplicación de una norma de carácter general en detrimento de leyes y disposiciones especiales y constitucionales vigentes, las cuales, por el contrario, deben imperar sobre las generales”.
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Aunque ningún juez ha resuelto que las universidades pueden eximirse de las medidas fiscales, los representantes de la universidades se escudan en la demanda contra el Estado para no acatar sus disposiciones porque están a la espera de lo que se dicte sentencie, dijo el vicerrector de Administración del TEC, Humberto Villalta.
En el caso de la UNA, la vicerrectoría administrativa defendió lo dispuesto en su convención colectiva con respecto a los pluses, pero ese conflicto ha sido resuelto por la Procuraduría General de la República (PGR) que en varios dictámenes ha repetido que estos pactos no están por encima de la Ley.
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Pluses costosos
Estas cuatro universidades suman más de 30 pluses salariales que se calculan en términos porcentuales, por lo que su costo aumentará conforme crecen los salarios base de esos funcionarios.
Están, entre esos pluses, las anualidades que aumentan cada año para cada funcionario, las cuales son de hasta 5%, en el caso de la UNED y del TEC; o de 3,75% sobre el salario más pluses, como en la UCR.
En las universidades públicas
FUENTE: || c.f. / LA NACIÓN.
Otros pluses también tienen un impacto importante como el que otorga el TEC a los coordinadores o jefes que es de hasta 72,5%; en esa misma universidad también se reconocen los grados académicos con hasta 42% más sobre el salario.
En la UCR, los méritos académicos o la remuneración extraordinaria suman un complemento de 25%.
Por cargo de autoridad, los funcionarios de la UNED reciben 20% más de salario.
Mientras, en la UNA, un exbecado de la 'U' recibe un sobresueldo de 20%.
Estos diversos pluses y altos porcentajes hacen que en las universidades se pague más por incentivos que por salarios base. En promedio, por cada ¢1 de salarios base, las universidades gastan ¢1,5 en estos complementos.
No hay cambios, pero sí aumento
Aun sin estos cambios, las universidades recibirán en el 2020, un aumento de 2,3% más en la transferencia que les da el Ministerio de Hacienda en comparación con el 2019, a través del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES).
En total, se repartirán ¢513.000 millones, de los cuales ¢433.000 puede ser usados para gasto corriente, incluidos salarios.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, intentó que los rectores se comprometieran a hacer los ajustes para el próximo año, pero no fue posible incluir ese compromiso en el acuerdo del FEES.
Aunque las universidades se financian con este fondo que se nutre del pago de impuestos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda no puede reducir esa transferencia en respeto a disposiciones constitucionales, según Aguilar, y es por eso que, a diferencia del Poder Judicial que sí recibió un recorte a modo de castigo, no se pueden hacer ajustes en estas instituciones.
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Además, el Ministerio de Hacienda no es el responsable de revisar los presupuestos de estos centros de estudios, sino que esa es labor de la Contraloría General de la República (CGR) que tiene potestades de improbar los planes de gastos si no se acogen al ordenamiento jurídico, tal como lo ha confirmado el mismo órgano contralor.
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Las actuaciones que realice la CGR se verán a final de este año cuando corresponda revisar los presupuestos de estas instituciones para el próximo año.