En marzo pasado, con 14 votos a favor y siete abstenciones, la cúpula de la Corte acordó no ajustar los salarios de los casi 14.000 funcionarios judiciales a las nuevas reglas para el pago de anualidades e incentivos.

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Según informó el Ministerio de Hacienda este martes, el monto de ¢2.500 millones que le será recortado al Poder Judicial “se había incorporado al presupuesto, con mucho esfuerzo, para la creación del juzgado anticorrupción, en atención a una solicitud expresa de los señores magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos asignados”.

“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anticorrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, declaró la ministra Rocío Aguilar.

“Lo que no se nos informó fue que los recursos no les alcanzarían porque no aplicarían la Ley 9635 (reforma fiscal) y, por tanto, mantendrían el crecimiento de pluses, lo que es igual que el crecimiento en remuneraciones".

“A diferencia de los 127.000 funcionarios del Gobierno Central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales, para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14.000 trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones”, continuó la jerarca, quien criticó el acuerdo que permitió a los sindicatos de la CCSS seguir recibiendo incentivos porcentuales.

No obstante, Aguilar afirmó que reintegrará los ¢2.500 millones, mediante moción en el Congreso, en cuanto la Corte se ajuste a la ley.

Para este 2019, la Corte tuvo un presupuesto de ¢473.400 millones, de los cuales más de la tercera parte, ¢180.000 millones, se destina al pago de incentivos salariales.

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Presidente de la Corte: ‘Si eso no es coacción, no sé qué

podría ser”

El presidente de la Corte, Fernando Cruz, reaccionó con estas palabras: “Yo no conocía un precedente igual... Doña Rocío sabrá lo que hace, es una decisión que tengo que respetar. Me parece que es digno de analizar sobre la independencia de poderes. Es para reflexionar, solo para reflexionar, si es conveniente que un poder incida sobre el otro mediante medidas de represalias”.

El alto juez manifestó que “por dicha el Poder Judicial nunca puede hacer eso con otros poderes, sino que cada uno de los actos los hace conforme a la Ley”.

Insistió en que no quiere convertir este tema en una polémica, porque no está para “dimes y diretes”. Sin embargo, aseguró que, desde que la Corte tomó su decisión en marzo, la jerarca de Hacienda no le ha enviado una nota en la que manifieste su inconformidad con la interpretación que hizo el Poder Judicial de la reforma fiscal.

“Esto es como un homenaje al Estado de derecho, es un homenaje que ella (la ministra) hace (...). Es una buena muestra de cómo se respeta entre los poderes. Si usted no hace lo que yo digo, entonces tomo las represalias”, agregó.

"(La ministra) no toma en cuenta que hay una sentencia de la consulta judicial que hizo la Asamblea Legislativa sobre el plan fiscal. La Sala hizo una serie de consideraciones sobre el tema salarial del Poder Judicial, pero como doña Rocío no se ha leído esa sentencia, no tiene claro que la Sala nos deja abierta la puerta.

“No es una cosa unilateral, no fue que se nos ocurrió de un día para otro. Es que la interpretación la hicimos hace meses y nadie nos objetó eso. Ella (Rocío Aguilar) ahora toma la decisión de recortarnos como si nos hubiéramos basado en un capricho de la Corte que no tiene sustento, y sí lo tiene, lo tiene en esa consulta. Si eso no es coacción no sé qué podría ser”.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, afirmó en Casa Presidencial: “Creemos que el Poder Judicial debe ajustarse a las normas previstas en la Ley 9635 (...). Tenemos que proteger este instrumento jurídico”.

El meollo del asunto

La cúpula de la Corte decidió mantener el pago de las anualidades y otros incentivos como porcentajes del salario, en lugar de transformarlos a montos nominales.

Dicha decisión va en contra de la reforma fiscal, la cual ordenó convertir los incentivos en montos fijos para evitar el crecimiento exponencial del gasto público en remuneraciones pues, con el modelo porcentual, cada vez que los salarios base aumentan, también se incrementan los pluses.

En el caso de anualidades, el Poder Judicial decidió que seguirá pagando a los funcionarios antiguos, e incluso a los nuevos, entre un 1,94% y un 2,55% del salario base por cada año laborado.

La reforma, en cambio, ordenó pagar un monto nominal fijo e invariable, el cual se calcularía de la siguiente forma: el equivalente a un 1,94% del salario base de enero del 2018 para profesionales y el 2,54% para no profesionales

En cuanto a los demás pluses, el artículo 54 de la nueva ley estableció que “cualquier otro incentivo o compensación existente que esté expresado en términos porcentuales” será transformado en un “monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018″.

Al respecto, los magistrados decidieron que el pago de los incentivos creados por reglamento o por acuerdo de la Corte se mantendrá “en su conceptualización y forma de cálculo” para quienes ingresaron antes de la reforma fiscal, y se convertirá en un monto nominal fijo solo para los nuevos empleados.

El Poder Judicial paga a sus funcionarios mediante 21 pluses propios.

La entidad desembolsa, por ejemplo, entre un 11% y un 22,37% del salario base por un plus llamado Índice de Competitividad Salarial. Los porcentajes más altos los reciben los jueces (hasta un 22,37%), los magistrados (22,75%) y los miembros del Consejo Superior (22,37%).

Además, paga entre un 10% y un 30% adicional a los funcionarios solo por el hecho de ser empleados judiciales. A ese incentivo se le denomina Reconocimiento por el Ejercicio de la Función Judicial.

Los jueces y defensores públicos que tienen puestos de coordinación también reciben entre un 5%, un 7,5% y un 10% extra.

El Poder Judicial argumentó que el gobierno, al reglamentar la reforma fiscal, omitió decir que la nueva ley no derogó la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial ni el Estatuto de Servicio Judicial.

Para ello, hizo referencia a la resolución 19511-2018 del 23 de noviembre del 2018, en la que la Sala IV evacuó la consulta de constitucionalidad sobre la reforma fiscal.

Por tanto, decidió seguir pagando las anualidades conforme lo establece el Estatuto de Servicio Judicial.

Por otro lado, para oponerse a la transformación de incentivos porcentuales en nominales, el Poder Judicial argumentó que se trata de derechos adquiridos.

Reacciones en Congreso

Pedro Muñoz, subjefe de fracción del PUSC: “Creo que esa propuesta de Hacienda tendrá el apoyo de los compañeros en la comisión de hacendarios, me atrevo a augurarlo. Tendrá el apoyo de la jefatura de fracción. Eso va acorde con las acciones que hemos venido tomando. Aplaudo de pie a la ministra de Hacienda, en una medida que demuestra que el Poder Ejecutivo no estaba muerto. Tenemos que seguir tallando tuercas, es un excelente paso, me alegro de ver que el Ejecutivo no estaba muerto y que tiene pulso”.

Silvia Hernández, jefa de fracción del PLN: “Recibo con muy buenos ojos esta señal que anuncia el Ministerio de Hacienda porque es en la dirección correcta de lo que uno puede esperar como legislador para el próximo periodo presupuestario. Es un indicio de que el Ejecutivo podría cumplir con medidas de contención y de regla fiscal”.

Jonathan Prendas, de Nueva República: “La reducción de los fondos para la creación de un tribunal por parte del Ministerio de Hacienda no podemos verla con buenos ojos, porque en principio cercena un plan que ya estaba en ejecución; además, suena a represalia”.

"Lo conducente debería ser que el Ministerio de Hacienda, con las instituciones del Estado, tomaran la decisión de cumplir la regla fiscal, especialmente si sabemos que el 64% de la regla fiscal viene de los ahorros que se van a hacer en los diferentes entes gubernamentales.

“Rebajarle a un programa específico no va a solucionar el problema, se debería realizar más bien una reducción cierta de gastos y demostrarle tanto al Poder Judicial como a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que los fondos de ahorro ayudarían a la reactivación de la economía”.